La trama de la FP cerca al núcleo duro de Ayuso 

Contratos fantasma, millones sin control y altos cargos señalados mientras la presidenta mira hacia otro lado

El escándalo de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid ya no es un problema administrativo ni un exceso puntual. Es un sistema. Un sistema que, entre 2021 y 2023, permitió levantar edificios públicos por millones de euros sin concurso, sin proyecto y sin rastro contable, mientras se troceaban facturas para esquivar la ley y se ordenaba guardar silencio. La investigación judicial ha empezado a subir por el organigrama y ya roza el corazón político del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Todo estalla cuando un constructor, Gabriel Navarro, reclama en 2023 1,6 millones de euros que la Consejería de Educación le debía por una obra ejecutada en 2021 en la Ciudad Escolar de Madrid. Un edificio sanitario presupuestado en 2,5 millones que nunca existió en los registros oficiales. No había licitación. No había contrato. Había obra. Y pagos dispersos desde las cuentas de varios institutos públicos hasta que el dinero dejó de fluir.

UN SISTEMA FUERA DE LA LEY

La inspección interna abierta por la Consejería en marzo de 2024 fue tan grave que acabó en la Fiscalía. El Ministerio Público habla de una omisión “grosera y palmaria” del procedimiento administrativo. La jueza del Juzgado de Instrucción n.º 39 de Madrid investiga prevaricación administrativa y ha dejado claro que el foco no puede quedarse en directores de instituto sin capacidad legal para decidir obras.

El mecanismo era simple y deliberado. Contratos menores por partes, pintura por un lado, tabiques por otro, para no superar el límite de 40.000 euros y poder adjudicar a dedo. Los pagos se canalizaban a través de distintos centros educativos, que actuaban como intermediarios contables. Una arquitectura diseñada para no dejar huella.

La Fiscalía sostiene que este sistema no pudo nacer en los institutos. Y los testimonios lo confirman. Correos internos de 2021 muestran que altos cargos fueron advertidos explícitamente de que construir sin licitar vulneraba la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Aun así, las obras siguieron.

LOS NOMBRES QUE ACERCAN EL CASO A AYUSO

La investigación ya tiene un imputado de alto nivel. José María Rodríguez, director general de Educación Secundaria hasta 2023, declarará como investigado el 11 de marzo de 2026. En su primera comparecencia como testigo negó responsabilidades. Pero su número dos aseguró ante la jueza que le avisó por escrito de la ilegalidad. El correo existe. Y está en la causa.

El cerco no acaba ahí. La jueza ha ampliado la investigación a siete centros más y ha citado a sus directores como testigos. Entre ellos, la Escuela de Arte de Alcalá, una obra de 1,2 millones de euros levantada sin licitación en 2022. En ese momento, el responsable del área era Jorge Elías de la Peña, hoy director general de Educación Concertada del Gobierno de Ayuso.

De la Peña no es un actor secundario. Visitó las obras, pidió modificaciones, intercambió correos con el constructor y defendió públicamente el proyecto mientras no existía expediente administrativo alguno. Como responsable territorial, tenía competencias directas sobre el estado de los centros y su presupuesto. Nada de esto era invisible.

En la cúspide de la Consejería estaba Enrique Ossorio, entonces consejero de Educación, vicepresidente regional y hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Y bajo él, Rocío Albert, viceconsejera en aquellos años y hoy consejera de Economía y Hacienda. Las y los firmantes de los gastos existen. Y las memorias de reparto también.

Uno de los investigados explicó ante la jueza que había que gastar 6 millones de euros “sí o sí” antes de cerrar el ejercicio. El reparto se hacía en una hoja. Un folio. Cantidades arbitrarias, centros “agraciados” y decisiones políticas disfrazadas de urgencia técnica. Todo terminaba con la firma del consejero y del interventor general.

La Formación Profesional creció un 25% en Madrid en cinco años, hasta superar los 150.000 estudiantes. Entre 2020 y 2023, la Comunidad recibió 525 millones de euros de financiación estatal y europea para FP. Más dinero, menos control. Esa es la ecuación que hoy investiga la justicia.

La Comunidad de Madrid dice colaborar y se presenta como perjudicada. Pero los hechos apuntan a un modelo sostenido desde arriba, no a un error aislado. Cuando una obra pública millonaria no existe en los papeles, alguien decidió que no existiera. Y ese alguien no era un director de instituto.