“La subí la faldita y le baje la braguita”. Piden al PP la dimisión del alcalde de Vita (Ávila) por cantar una canción que hace apología de la pederastia 

Los responsables públicos que no estén a la altura de sus responsabilidades deben ser apartados, sin excepciones ni excusas.

En una sociedad que lucha cada día por erradicar la violencia de género y la pederastia, el comportamiento del alcalde de Vita, Antonio Martín Hernández, resulta una bofetada en el rostro de todas y todos. No se puede pasar por alto, minimizar o justificar lo que ocurrió el 25 de agosto en esta pequeña localidad de Ávila, cuando su máximo representante decidió subirse al escenario y cantar una canción que no solo es de mal gusto, sino que encarna la apología de la violación y el abuso infantil.

No se trata de humor, ni de tradición, ni de ninguna otra excusa que se pueda presentar. Cuando una figura pública, que debe ser ejemplo de conducta, se regodea en letras que describen actos repugnantes, se convierte en un peligro para la sociedad que dice representar. Lo que es aún más inquietante es la respuesta del público, que, tras un inicial rechazo, acabó siguiendo al alcalde en su vergonzoso acto. Este comportamiento colectivo no solo refleja la normalización de la violencia sexual, sino que también expone las profundas raíces del machismo en nuestra cultura.

LA NORMALIZACIÓN DEL MACHISMO EN LAS INSTITUCIONES

El problema aquí no se limita a una canción vulgar cantada en un evento local. Es un síntoma de una enfermedad mucho más grave: la normalización del machismo en las instituciones públicas. Cuando el alcalde de Vita, miembro del Partido Popular, canta una canción que describe explícitamente actos de abuso sexual infantil, no solo muestra su propio desprecio por la dignidad humana, sino que también pone en evidencia la falta de mecanismos efectivos para impedir que personas con estas actitudes lleguen a puestos de poder.

Este incidente no es un caso aislado. Las instituciones políticas en España, como en muchas otras partes del mundo, están plagadas de individuos que ven la violencia de género como un tema menor o, peor aún, como material para el entretenimiento. La falta de respuesta inmediata y contundente por parte de su partido no solo es decepcionante, sino que también es reveladora. Es una prueba más de cómo el machismo está enquistado en la estructura de poder, permitiendo que quienes deberían ser defensores del bienestar público se conviertan en promotores del odio y la violencia.

LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA Y LA URGENCIA DE UN CAMBIO

Pero no basta con señalar al alcalde de Vita y exigir su destitución, aunque eso sea lo mínimo que se espera en este caso. La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de no permitir que estos comportamientos queden impunes, de no reír las “bromas” que perpetúan la violencia, de no ser cómplice del machismo que, disfrazado de humor o tradición, sigue alimentando la cultura de la violación.

Las y los representantes públicos tienen un papel crucial en esta lucha. Cada comentario, cada acción, cada decisión que toman tiene un impacto directo en la vida de las personas a quienes representan. No pueden, bajo ninguna circunstancia, utilizar su posición para difundir mensajes que trivializan o promueven la violencia sexual. Y si lo hacen, como es el caso del alcalde de Vita, deben enfrentar las consecuencias, no solo por el daño directo que causan, sino por el mensaje de impunidad que envían a la sociedad.

Las asociaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil han sido claras en su demanda: “Saquen a los machistas de las instituciones.” Esta petición no debería ser vista como un eslogan radical, sino como una exigencia básica en una sociedad que se dice democrática y respetuosa de los derechos humanos. No podemos permitir que quienes deberían protegernos y velar por nuestra seguridad sean los mismos que se burlan de nuestro dolor y perpetúan el ciclo de violencia.

El caso de Vita no es solo una vergüenza local; es un reflejo de la urgencia de un cambio profundo en nuestras instituciones. Las y los responsables públicos que no estén a la altura de sus responsabilidades deben ser apartados, sin excepciones ni excusas. La lucha contra la violencia de género no admite tibiezas, y mucho menos cuando se trata de quienes tienen el deber de protegernos. No se trata de un simple error de juicio; es una muestra del desprecio por la vida y la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres y niñas, que no puede ser tolerada en una sociedad civilizada.

No hay espacio para el machismo en las instituciones públicas. Punto.