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El negocio sanitario privado se dispara en la Comunitat Valenciana a costa de un sistema público que cada vez externaliza más operaciones, pruebas y tratamientos.
La sanidad pública valenciana derivó entre 2024 y 2025 más de 270 millones de euros a hospitales y clínicas privadas a través de planes de choque y actividades no concertadas. Una cifra enorme. Difícil de digerir para cualquier persona que haya esperado meses para una operación o una prueba diagnóstica mientras escuchaba discursos sobre la defensa del sistema público.
Los datos, publicados tras una respuesta parlamentaria del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, muestran cómo un pequeño grupo de grandes empresas sanitarias concentra buena parte de ese dinero público. El reparto deja poco espacio para dudas: la privatización ya no es una excepción del sistema, es una de sus dinámicas centrales.
El grupo más beneficiado fue Vithas, que ingresó 46,2 millones de euros gracias a derivaciones quirúrgicas y actividades no concertadas. Después aparece Hospital Clínica Benidorm, hoy integrado en Ribera Salud, con 25,3 millones. Le siguen Diaverum Servicios Renales con 23,7 millones, Quirón Salud con 22,6 millones, Neural con 21 millones, ITA Salud Mental con 19,7 millones, Grupo Imed con 18,2 millones y Baxter con 15,8 millones. También aparecen el Instituto Valenciano de Oncología y Ribera Salud, ambos superando los 10 millones.
No hablamos de pequeñas clínicas de apoyo puntual. Hablamos de corporaciones gigantescas. Algunas de ellas llevan años creciendo gracias a contratos públicos, conciertos sanitarios y externalizaciones permanentes. El dinero sale de la sanidad pública. El beneficio acaba en balances privados.
EL PLAN DE CHOQUE COMO MODELO DE NEGOCIO
La Generalitat justifica estas derivaciones apelando al aumento de población y a las listas de espera. Según la Conselleria, los departamentos de salud de gestión directa han asumido 600.000 personas más tras la reversión de Dénia y Manises al sistema público. También argumentan que las derivaciones están respaldadas por decretos aprobados en 1997 y 2021.
Pero aquí aparece una pregunta incómoda. Si cada vez se derivan más operaciones y pruebas a empresas privadas, ¿por qué el sistema público sigue saturado año tras año? Porque el problema ya no parece coyuntural. Se está consolidando otra lógica. Una lógica donde el colapso sirve también como justificación permanente para transferir recursos públicos al sector privado.
El llamado “plan de choque” suena temporal. Casi urgente. Como si fuera una medida excepcional. Pero cuando se repite durante años y moviliza decenas y decenas de millones, deja de ser un parche y se convierte en estructura.
Vithas, por ejemplo, recibió 26,2 millones por el plan de choque y casi 20 millones por actividades no concertadas a través de hospitales como el 9 d’Octubre, El Consuelo o el Hospital Rey Don Jaime de Castelló.
Quirón Salud ingresó otros 10 millones por listas de espera y 12,6 millones por actividad no concertada. Imed obtuvo 11,7 millones por el plan de choque y 6,5 millones adicionales en diagnósticos y pruebas. Asisa superó los 8,8 millones, prácticamente todos vinculados a operaciones para reducir demoras quirúrgicas.
Mientras tanto, el discurso político sigue presentando la colaboración público-privada como una especie de alianza neutral. Técnica. Casi inevitable. Pero el dinero no es neutral. Nunca lo es. Y cuando cientos de millones acaban reforzando grupos privados, el modelo sanitario cambia aunque nadie lo admita abiertamente.
EL CONFLICTO DE INTERESES QUE NADIE QUIERE EXPLICAR
La situación se vuelve todavía más delicada cuando aparece el Hospital Clínica Benidorm. La empresa, dirigida por el hermano del conseller Marciano Gómez, recibió más de 25 millones de euros en menos de dos años antes de ser absorbida por Ribera Salud a finales de 2025.
Es difícil no detenerse ahí.
Porque Ribera Salud, además de adquirir el grupo, recibió por separado otros 10,4 millones en derivaciones sanitarias, mientras mantiene la gestión del área sanitaria del Vinalopó, por la que ya ingresa cerca de 190 millones de euros anuales.
Todo esto ocurre mientras la sanidad pública valenciana continúa denunciando falta de personal, saturación en atención primaria y demoras crónicas en especialidades. La sensación es extraña. El sistema público parece quedarse con la presión y el desgaste. El privado, con buena parte del negocio más rentable.
También hay otra derivada poco comentada. Muchas de estas empresas ya reciben enormes ingresos gracias a convenios como Muface para funcionarios y funcionarias públicas. Es decir, participan simultáneamente en distintos circuitos de financiación pública.
Y luego están las actividades no concertadas: diálisis, salud mental, radioterapia, cirugía maxilofacial, odontología. Sectores donde las derivaciones se han convertido en una vía constante de transferencia de dinero público. Según los datos ofrecidos por la Conselleria, de los 270 millones totales, 194 millones corresponden precisamente a actividades no concertadas frente a 76,8 millones del plan de choque.
La cifra retrata algo más profundo que una simple colaboración sanitaria. Retrata un cambio de modelo. Poco a poco. Sin grandes titulares. Sin necesidad de privatizar hospitales enteros de golpe. Basta con abrir la puerta a derivaciones constantes, normalizar conciertos y asumir que el sector privado será quien absorba aquello que el sistema público ya no puede sostener porque lleva años infrafinanciado.
Y así, casi sin ruido, la sanidad pública termina pagando su propio desmontaje.
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