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Una segunda mujer señala al duque caído y el Estado británico empieza, tarde y mal, a mirar hacia otro lado
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Una segunda mujer ha roto el silencio y ha vuelto a colocar el nombre de Andrew Mountbatten-Windsor en el centro del escándalo Epstein. Según su abogado, el financiero estadounidense Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con el entonces príncipe en 2010, cuando ella tenía veintitantos años. El escenario no es menor: Royal Lodge, residencia oficial, patrimonio de la Corona. Después, según el testimonio, hubo visita guiada al Palacio de Buckingham y té incluido. Normalidad institucional tras una noche que hoy vuelve a exigir explicaciones.
La revelación llega en un momento incómodo para el establishment británico. No es una acusación aislada ni un rumor tardío. Es la segunda mujer que afirma haber sido enviada por Epstein al Reino Unido para encuentros sexuales con Mountbatten-Windsor. Y, sin embargo, durante años, el sistema ha optado por el encogimiento de hombros, la duda meticulosa y el silencio administrativo. El poder no necesita negar cuando puede demorar.
El abogado Brad Edwards, que representa a decenas de supervivientes de la red Epstein en todo el mundo, ya ha adelantado que estudia una demanda civil contra el exduque. Edwards fue también el letrado de Virginia Giuffre, quien denunció haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor en 2001, cuando tenía 17 años, en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein en el Caribe. Giuffre se suicidó en abril de 2025. Su muerte no cerró el caso. Lo dejó en evidencia.
Andrew Mountbatten-Windsor niega todas las acusaciones. Negó a Giuffre. Niega ahora a esta segunda mujer. Niega cualquier conducta ilícita relacionada con Epstein, condenado por delitos sexuales y muerto en prisión en 2019, oficialmente por suicidio. La estrategia es conocida: negar, resistir, esperar a que el ruido baje. Durante años funcionó.
LA CORONA ANTE EL CONGRESO
La diferencia ahora es política. La publicación de una nueva tanda de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundidos el 31 de enero de 2026, ha reactivado la presión institucional. Mountbatten-Windsor aparece de forma reiterada en esos archivos. Tanto, que una comisión del Congreso estadounidense lleva desde 2025 reclamando su comparecencia como testigo en la investigación sobre las operaciones criminales de Epstein.
Por primera vez, la presión no viene solo de activistas o de la prensa internacional. El propio primer ministro británico, Keir Starmer, ha afirmado que Mountbatten-Windsor “debería estar preparado para dar explicaciones”. No es una condena. Tampoco una exigencia. Es la mínima formulación posible para no incomodar demasiado a la arquitectura institucional que durante décadas protegió al acusado.
Starmer habla de una investigación “centrada en las víctimas”. El problema es que no se puede invocar a las víctimas mientras se protege a los poderosos. En abril de 2020, el propio Departamento de Justicia de EE. UU. ya estaba dispuesto a interrogar a Andrew bajo una “proffer letter”, un mecanismo legal que no garantiza inmunidad pero sí limita el uso posterior de sus declaraciones. Mountbatten-Windsor nunca dio el paso.
Mientras tanto, en Reino Unido, el debate se mantiene en el terreno de lo hipotético. El ministro de Comunidades, Steve Reed, admite que Andrew “tiene información relevante”, pero evita pronunciarse sobre una eventual extradición. Todo es condicional, todo es prudente, todo es calculadamente lento. La justicia avanza con pies de plomo cuando camina por alfombras rojas.
UNA RED, NO UN ACCIDENTE
Las imágenes recientes de Mountbatten-Windsor, difundidas en el marco de los nuevos archivos, han vuelto a sacudir a la opinión pública. Fotografías “muy perturbadoras”, en palabras del propio Reed. No prueban delitos por sí mismas, pero sí confirman algo esencial: Epstein no operaba en los márgenes del poder, sino en su interior.
El caso no va solo de un exmiembro de la familia real. Va de una red de complicidades, silencios y privilegios. De cómo el dinero y los apellidos ilustres funcionan como amortiguadores morales. De cómo, mientras las víctimas cargan con el estigma y el trauma, los nombres ilustres negocian comunicados y tiempos judiciales.
En febrero de 2022, Andrew Mountbatten-Windsor cerró la demanda civil de Giuffre con un acuerdo extrajudicial de 12 millones de dólares (unos 8,7 millones de libras). Sin admisión de culpa. Sin juicio. Sin verdad pública. Pagó y se retiró. Perdió títulos, sí. Pero conservó algo más importante: el control del relato.
Hoy, con una segunda mujer señalando, con documentos oficiales sobre la mesa y con la presión internacional creciendo, la pregunta ya no es si Andrew debe declarar. La pregunta es cuántas veces más el sistema permitirá que los poderosos esquiven la rendición de cuentas mientras las víctimas siguen esperando justicia.
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Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
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