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Hospital Universitario de La Paz, Madrid. Shutterstock / vali.lung
Se ha extendido la opinión de que los gobiernos son culpables de la crisis sanitaria que tanto preocupa en España. Por un lado están los ciudadanos que sufren demoras intolerables y por otro los partidos que tiemblan ante las próximas elecciones donde la sanidad puede hacerles mucho daño. En medio se encuentran los profesionales en estado de shock, mientras reciben estocadas de todas partes. Voy a defender una tesis poco popular: esta crisis es cosa de todos.
Origen y filosofía del Sistema Nacional de Salud
Una pincelada de memoria: el Sistema Nacional de Salud (SNS) español nace en 1986 con la Ley General de Sanidad elaborada en el Gobierno de Felipe González por el recordado ministro de sanidad Ernest Lluch, que fue asesinado por la organización terrorista ETA el 21 de noviembre de 2000, después de su jubilación.
El SNS español se inspiró en el National Health Service (NHS) del Reino Unido, nacido en 1948, después de la II Guerra Mundial. Ambos modelos tienen su fundamento ético en la equidad, aspirando a prestar atención sanitaria universal y gratuita a los ciudadanos, con independencia de sus recursos, y reciben la financiación de los impuestos y los presupuestos del Estado.
Esto se traduce en que actualmente en España el 96,5 % de la población (46 815 994) es atendida por el SNS y un 3,5 % (602 138) por entidades privadas, concertadas por las mutualidades de funcionarios.
Raíces de una crisis profunda
Las protestas y huelgas de los profesionales de la sanidad que se van encadenando en todas las comunidades autónomas de España son el destilado de una crisis profunda que se viene gestando desde hace años.
Son evidentes las deficiencias que sufre la población con extraordinaria resignación, especialmente en atención primaria: demoras, falta de continuidad en la asistencia, deterioro de la relación clínica, etc. Pero no son tan claras las causas que desencadenan esta crisis. En opinión de muchos expertos, explicar “toda” la crisis sólo por el déficit presupuestario o por la escasez de profesionales es errar el tiro.
La complejidad del problema ha sido objeto de muchos informes elaborados por expertos a lo largo la última década y hunde sus raíces en una constelación de factores. Entre ellos destaca el fracaso del modelo de gestión, cuyo abordaje en las próximas campañas electorales habrá que observar con atención.
Algunos puntos clave
En 2016 se hizo pública en Zaragoza una declaración firmada por la Red de Comités de Bioética de las Comunidades Autónomas de España titulada Ética y responsabilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Pasó inadvertida, como suele ocurrir con estos informes que acaban en el ostracismo después de una rueda de prensa.
En este breve documento de siete páginas y fácil lectura se hacía una reflexión sobre la corresponsabilidad de los agentes implicados. Además de los políticos y los profesionales sanitarios, se incluía a ciudadanos, proveedores (industria), medios de comunicación y publicidad. Este análisis señala puntos clave muy concretos, de los que mencionaré tan solo una muestra, animando a su lectura completa:
Se debe avanzar más decididamente en la profesionalización de la gestión de los centros sanitarios, con rendición de cuentas y mayor transparencia social en los presupuestos y resultados, como se exige en cualquier empresa. Con este fin sería muy aconsejable la constitución de órganos de gobierno colegiados en los centros sanitarios, con mayor participación social.
Conviene promover la formación de ciudadanos y pacientes en el uso adecuado de unos recursos que, aun en tiempos de bonanza económica, siempre serán limitados. Las autoridades sanitarias deberían impulsar actuaciones educativas mediante alianzas con las organizaciones de ciudadanos (consejos de salud, asociaciones de pacientes y usuarios, etc.) para desarrollar programas dirigidos a optimizar el uso de la atención sanitaria del SNS; especialmente donde existe un libre acceso, como los servicios de urgencias o las consultas de atención primaria.
Sería deseable que los proveedores (fármacos e industria sanitaria) fuesen partícipes de un pacto por la sostenibilidad del SNS, extremando la transparencia en la gestión comercial, orientando la investigación y las novedades farmacéuticas hacia las necesidades reales de salud de los ciudadanos y evitando promover la medicalización. Son necesarias las agencias de evaluación de la tecnología sanitaria, que las autoridades deben crear con garantías de independencia.
La salud se ha convertido en un bien de consumo, y la publicidad en este campo no siempre es veraz. Los intereses comerciales en ocasiones tergiversan la información, lanzando mensajes engañosos en cuestiones muy sensibles que pueden llevar a sectores de la población a adoptar decisiones poco fundamentadas sobre su salud. Se debe responder con firmeza y rigor científico ante los abusos de la publicidad.
Hay que resolver las desigualdades injustificadas en prestaciones sanitarias entre comunidades autónomas. La arquitectura estatal del SNS es frágil, y se necesita reformar un Consejo Interterritorial donde más que coordinar se escenifican contiendas entre responsables autonómicos y nacionales en función del signo político.
Menos paternalismo y más responsabilidad del usuario
Transparencia, rendición de cuentas y participación responsable de los usuarios deberían ser en mi opinión la “clave de bóveda” de los modernos servicios públicos. Sin embargo, estos mantienen un modus operandi paternalista, tratando a los ciudadanos como menores de edad. Se dirigen a ellos con un discurso que abusa de una demagógica concesión de derechos, sin mencionar los deberes y la responsabilidad del usuario, no sea que peligre su voto.
De este modo, al final los más fuertes adquieren ventajas sobre los más frágiles, que lo tienen cada vez más difícil en un sistema sanitario en decadencia.
Ciertamente, estamos huérfanos de liderazgos que emprendan reformas a medio y largo plazo para reconstruir nuestro sistema sanitario, donde se deberían sembrar y cultivar ideas de responsabilidad compartida.
Rogelio Altisent Trota es Presidente del Comité de Bioética de Aragón
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