La patronal quiere cárcel para quienes luchan: criminalizar la huelga es su única negociación 

Enrique Conde, presidente de la CEOE cántabra, exige mano dura contra trabajadores en huelga mientras blanquea el abuso patronal y el saqueo empresarial.

Javier F. Ferrero

LA CLASE OBRERA NO ES DELINCUENTE, SE DEFIENDE

Cuando un empresario abre la boca para hablar de huelgas, conviene no quitarle ojo a su billetera. Enrique Conde, presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, ha dado una clase magistral de autoritarismo patronal en plena democracia: ha tachado de “delincuentes” a las y los trabajadores del metal que se han atrevido a parar la producción. Literalmente ha pedido cárcel. Cárcel para quienes luchan por un convenio justo. Cárcel para quienes no aceptan condiciones de miseria. Cárcel para quienes no se resignan al chantaje de la precariedad.

“Hay que llevarlos a la cárcel”. Así, sin matices. La frase no ha salido de un general golpista, sino del presidente de la patronal cántabra, que participa —sin que nadie se sonroje— en un foro sobre absentismo laboral. La paradoja es brutal: quienes destruyen empleo se preocupan por que la clase obrera falte al trabajo. Quienes deslocalizan, recortan plantillas, presionan para bajar sueldos o externalizan servicios con condiciones infames, ahora se escandalizan porque los trabajadores queman un contenedor. Les resulta intolerable un piquete, pero no una nómina congelada desde hace años.

Lo que Conde llama «delincuencia», la historia lo llama dignidad. Cuando hay que elegir entre comer o callar, el conflicto es un derecho. Cuando se agotan todas las vías, el paro colectivo se convierte en herramienta de autodefensa. Pero la patronal —que no sufre, que no pasa hambre, que no pisa una fundición ni una línea de ensamblaje— se permite señalar con el dedo a quienes sostienen su riqueza a base de salud, esfuerzo y silencio forzado.

EL ODIO DE CLASE NO VIENE DE ABAJO

Las palabras de Enrique Conde no son un exabrupto. Son un programa político. Un intento explícito de criminalizar la protesta laboral, de asociar huelga con violencia, y de exigir al Estado que funcione como gendarme del capital. Pide más policía. Pide represión. Pide dureza contra quienes no aceptan el chantaje salarial. Pero no se le ha escuchado pedir cárcel para los empresarios que vulneran convenios, ni para quienes despiden ilegalmente, ni para los que han usado la reforma laboral para despedir barato y rápido.

¿Dónde estaba la contundencia cuando explotó la precariedad del metal en 2022, con 21 días de huelga y ninguna escucha? ¿Dónde estaba la empatía cuando se vaciaron talleres a golpe de ERE y subcontrata? ¿Dónde están las lágrimas por las muertes en el tajo, por los cánceres sin indemnización, por los turnos de 12 horas a 8 euros la hora? Eso no es delincuencia, eso es productividad.

Las palabras de Conde encierran una advertencia que va más allá de Cantabria. Quieren una clase trabajadora dócil, barata y aterrorizada. Por eso desprecian el sindicalismo, por eso manipulan la opinión pública y por eso repiten el mantra de la «ideología y los egos personales». Les molesta que la gente piense, que se organice, que se rebele. Les molesta que no aceptemos lo que ellos llaman “orden”.

No hay peor delito para un patrón que el de una clase obrera consciente de su poder.

Conde lamenta que “esta huelga no tendría que haber llegado a ser huelga”. Tiene razón, pero no por lo que cree. Esta huelga no debería existir porque ya debería haberse firmado un convenio justo. Porque los salarios tendrían que subir con el coste de la vida. Porque el beneficio empresarial no puede seguir creciendo a costa del sudor y la ansiedad de las y los trabajadores.

Aquí no hay delincuencia, hay resistencia. Y si quieren represión, encontrarán respuesta. Porque la memoria obrera no se borra: ni con gas, ni con porras, ni con titulares criminalizantes.

El metal quema porque ustedes se empeñan en apagarlo con gasolina.