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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reaccionado este viernes a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 15 euros que el Gobierno ha pactado con los sindicatos.
Tras el pacto acordado entre el Gobierno y los sindicatos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 15 euros para la recta final del año, Garamendi, presidente de la CEOE ha dicho que «con la que está cayendo, la pandemia, es un momento muy delicado».
El «jefe de la patronal» ha apuntado que sí estará dispuesta a negociar un incremento en tres meses, para el inicio de 2022, pero sostiene que el incremento del SMI «aumentará la economía sumergida», por lo que da por hecho que habrá más fraude en la contratación por parte de los empleadores.
El empresario vasco, en una entrevista en Onda Cero, ha reiterado los argumentos que han llevado a la CEOE a rechazar «en estos momentos» un alza del SMI y ha advertido de las consecuencias que podría tener su subida, como el aumento de la economía sumergida y la destrucción de puestos de trabajo.
«Creo que no hay que hablar tanto de la cantidad, si son 15 euros, como de las consecuencias finales. Al final va a haber más economía sumergida, porque va a haber más economía sumergida. Eso va a significar menos impuestos», ha dicho Antonio Garamendi, que también ha considerado que aunque se crearán algunos empleos, otros «van a desaparecer».
Los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida señalan que el año en que se subió el SMI un 22,3% se redujo la desigualdad y disminuyó el riesgo de pobreza laboral, ha apuntado elDiario.es.
Estas palabras de Garamendi han conllevado un rechazo generalizado hacia la patronal en redes sociales.
Según datos oficiales Inspección de Trabajo está detectando cada día en España alrededor de 1.000 casos de fraude en los contratos o de explotación laboral. Los problemas más recurrentes son la duración de las jornadas laborales por encima de lo que marca la ley y la remuneración por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los inspectores de Trabajo obligaron a regularizar 110.000 contratos en el primer trimestre de 2021.
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