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Londres ha convertido la disidencia pacífica en un asunto de seguridad nacional.
Esto es lo que se juega hoy en la High Court: si un movimiento de acción directa no violenta contra el genocidio en Gaza puede ser etiquetado como “terrorista” en uno de los países que más armamento y cobertura diplomática ha prestado a Israel desde el 7-O.
En apenas cuatro meses, 2.400 personas han sido detenidas por sentarse en la calle con un cartel que dice I oppose genocide. I support Palestine Action. No llevaban explosivos, ni armas, ni siquiera pintura roja. Llevaban cartón. Y aun así fueron arrestadas bajo la Ley Antiterrorista del Reino Unido.
La democracia liberal siempre se reivindica más fuerte cuando mira hacia fuera. Basta con mirar hacia dentro para que empiece a temblar.
Del bloqueo no violento al delito de terrorismo
El caso que examina hoy la Justicia británica arranca el 19 de junio, cuando dos activistas de Palestine Action entraron en la base aérea de Brize Norton —plataforma clave de la RAF— y dañaron dos aviones Airbus A330 MRTT. La organización denunció que estas aeronaves se estaban utilizando para transportar material militar que acababa en manos del ejército israelí.
Fue un golpe simbólico, uno que reveló la vulnerabilidad de la mayor base aérea del país. Y un golpe político: exponía la complicidad directa del Gobierno de Reino Unido con la maquinaria de guerra israelí.
El 5 de julio llegó la respuesta. El Ministerio del Interior declaró “terrorista” a Palestine Action, con un apoyo parlamentario abrumador: 385 votos a favor y solo 26 en contra. A partir de ese momento, pertenecer al grupo, exhibir su logo o recaudar fondos podía costar hasta 14 años de prisión.
La misma categoría que Al-Qaeda, Daesh o el FPLP… para una organización cuya línea roja es explícita: acción directa no violenta.
Sí, el Reino Unido del siglo XXI equiparando daños materiales a terrorismo.
2.400 detenciones por llevar un cartel
La prohibición no frenó las movilizaciones: las multiplicó.
Desde julio, el colectivo Defend Our Juries (DoJ) ha organizado sentadas masivas en ciudades de todo el país. Entre 2.300 y 2.400 activistas detenidos, según cifras del propio movimiento. Su “delito”: portar un mensaje público de apoyo a Palestine Action.
Los arrestos utilizan el artículo 13.7 de la Ley Antiterrorista para castigar “objetos” o “mensajes” que generen “sospechas razonables” de simpatía hacia una organización proscrita. Es decir: tu opinión puede convertirte en sospechoso.
DoJ lo resume así:
“La prohibición nunca fue de interés público. Fue un acto de extralimitación autoritaria para proteger a Israel, a las empresas armamentísticas y a los ministros cómplices.”
La revisión judicial, entre detenciones y maniobras
La vista pública para analizar la legalidad de la proscripción empezó este miércoles en la High Court. Afuera, 25 manifestantes fueron detenidos. Dentro, un giro inquietante: el juez que iba a presidir la revisión —Chamberlain— fue sustituido a última hora.
Los dos jueces suplentes elevan las sospechas:
1. Victoria Sharp
- Vínculos familiares con Boris Johnson.
- Cercanía a Trevor Chinn, poderoso lobista proisraelí y donante clave del Partido Laborista.
- Relaciones con el think tank Quilliam, criticado por su islamofobia.
2. Jonathan Swift
- Ha declarado que sus “clientes favoritos” son agencias de seguridad e inteligencia.
- Ha representado repetidamente al Ministerio del Interior, la parte demandada en esta revisión judicial.
Para organizaciones de derechos humanos y para DoJ, el mensaje es claro:
“Elegir jueces con vínculos con las partes interesadas en una decisión así es un ataque a la independencia judicial.”
Una causa sin precedentes
Los abogados de Palestine Action argumentan que:
- La prohibición es desproporcionada.
- Vulneran los artículos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (pensamiento, expresión y reunión).
- No existe precedente en Reino Unido de ilegalizar un grupo de protesta nacional que no promueve violencia.
- El derecho penal vigente ya contempla los casos de daños materiales sin necesidad de crear delitos nuevos.
El abogado Raza Husain fue directo:
“Es la primera vez que Reino Unido prohíbe una organización de acción directa y desobediencia civil que no aboga por la violencia.”
Elbit Systems, el núcleo del conflicto
Desde su nacimiento en 2020, Palestine Action ha puesto el foco en Elbit Systems, gigante israelí del armamento y proveedor clave de drones Hermes 450 y 900, así como sensores, sistemas de vigilancia y munición.
En abril de 2024, el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Tomer Bar, anunció un escuadrón de drones Hermes 900 específicamente para operar en Gaza. “Alta precisión”, dijo.
Para los activistas, sabotear a Elbit es una forma legítima de frenar el suministro bélico que sostiene el genocidio.
Para el Gobierno británico, es terrorismo.
Huelgas de hambre y hospitales
Entre los detenidos bajo cargos de “pertenencia a organización terrorista” hay seis activistas en huelga de hambre desde noviembre. Este miércoles, uno de ellos —Kamram Ahmed— fue hospitalizado por su estado crítico.
Una decisión que marcará un precedente internacional
La vista termina hoy, viernes 28 de noviembre. El veredicto no llegará hasta finales de año. Y marcará la frontera entre protesta y terrorismo en la Europa post-7-O.
Si Reino Unido confirma la proscripción, el mensaje es devastador para los movimientos pacíficos:
- Defender derechos humanos puede ser delito.
- Oponerse a un genocidio puede llevarte a prisión.
- Criticar a un aliado militar te coloca en el mapa del terrorismo.
Mientras tanto, las protestas siguen. Las sentadas continúan. Y la solidaridad crece.
DoJ lo resume así:
“Sea cual sea el resultado, no van a detenernos.”
Porque lo que se criminaliza no es solo un movimiento.
Lo que se criminaliza es decir —alto y claro— que Gaza está siendo masacrada.
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