La connivencia de varias diócesis con un grupo que compara la homosexualidad con el alcoholismo desvela el lado más oscuro de la institución eclesiástica.
EL RETORNO DE LA INQUISICIÓN PSICOLÓGICA
El obispo de Cuenca, José María Yanguas, no parece temer la polémica. En una carta fechada el 8 de enero, convoca a los sacerdotes de su diócesis para conocer Courage International, un grupo que considera la homosexualidad una enfermedad que debe ser “tratada” con terapias psicológicas. El evento está programado para el 21 de enero en la parroquia de San Fernando, en Cuenca, y pretende consolidar la presencia de este movimiento en España, a pesar de su historial de denuncias y la condena de buena parte de la comunidad científica.
Desde 1978, Courage International ha promovido prácticas que califican la orientación sexual diversa como una adicción o desorden, comparándola con el alcoholismo. Esta visión, avalada en su momento por sectores ultraconservadores del Vaticano, sigue ganando terreno en países como Brasil, México y ahora España. En Toledo, Getafe, Alcalá y Canarias, la organización ya opera con el respaldo de las respectivas diócesis. Ahora, Cuenca parece sumarse a esta lista, ignorando tanto las advertencias científicas como el impacto devastador que estas prácticas tienen en las personas LGTBI.
El Ministerio de Igualdad ha abierto una investigación contra siete diócesis españolas que presuntamente han acogido estas terapias de conversión. Mientras tanto, obispos como José Ignacio Munilla, conocido por su retórica ultraconservadora, califican las denuncias como un “constructo ideológico marxista” que busca limitar la acción pastoral de la Iglesia. Este discurso no solo perpetúa el estigma, sino que blanquea una práctica que Naciones Unidas ha catalogado como una violación de los derechos humanos.
UN AVAL QUE FOMENTA LA DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA
Resulta indignante que, en pleno 2025, sectores de la Iglesia católica sigan utilizando su influencia para promover discursos patologizantes y opresivos. Distintos expertos en psicología y psiquiatría han alertado desde hace años de los daños que estas terapias infligen: depresión, ansiedad, e incluso un aumento del riesgo de suicidio. A pesar de esto, Courage International se presenta como un movimiento de “acompañamiento pastoral”, disfrazando de ayuda lo que en realidad es coerción.
El aval explícito de obispos como Yanguas pone de manifiesto una fractura en la Iglesia española. Mientras las diócesis de Madrid y Barcelona han rechazado tajantemente estas prácticas, otras se erigen en bastiones del ultraconservadurismo. No estamos hablando de diferencias teológicas, sino de una connivencia con iniciativas que perpetúan el odio y el sufrimiento.
La carta enviada por Yanguas a su clero es un ejemplo claro de cómo se normaliza esta violencia simbólica. En ella, el obispo describe las actividades de Courage como una “iniciativa pastoral de indudable y creciente interés”, sin mencionar ni una sola vez el rechazo que suscitan estas prácticas en la comunidad científica y los colectivos LGTBI. La estrategia es clara: presentar la discriminación como un acto de caridad cristiana. Esto no es más que un intento de mantener el control sobre los cuerpos y las mentes, adaptado al siglo XXI.
Mientras tanto, los responsables de Courage continúan expandiéndose, aprovechando los resquicios legales y la complicidad de una parte de la jerarquía eclesiástica. En España, ya han logrado infiltrarse en Toledo desde 2020, y su discurso parece calar cada vez más en diócesis como las de Alcalá o Getafe, ambas con un historial conocido de ataques a los derechos de las personas LGTBI.
La justificación de estas prácticas bajo el paraguas de la “virtud de la castidad” no es más que un eufemismo. No se trata de promover una vida religiosa, sino de imponer un modelo único de sexualidad que excluye, patologiza y reprime. Esto, además, entra en contradicción directa con los avances legislativos y sociales que España ha logrado en los últimos años para proteger a las personas LGTBI de la discriminación.
La promoción de terapias de conversión por parte de Courage International y su aceptación por algunas diócesis evidencia que la lucha contra el odio no está ganada. Cuando instituciones con poder social avalan prácticas que violan derechos humanos básicos, el mensaje es claro: el cambio no es una opción, es una obligación.
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