Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Incluso en ausencia de vínculos políticos explícitos, los perfiles seleccionados responden a un ideario de derechas que refuerza el statu quo.
La renovación de la presidencia de la Audiencia Nacional confirma una preocupante realidad: el control de este tribunal estratégico por parte de la derecha política y judicial. De los ocho candidatos actuales, seis tienen vínculos directos con el Partido Popular, desde haber ocupado cargos políticos bajo sus gobiernos hasta haber sido designados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de este partido. La ausencia de candidatos progresistas no solo es una anomalía democrática, sino un síntoma del progresivo vaciamiento de pluralismo en las instituciones judiciales.
Entre los postulantes destaca Enrique López, exconsejero de Justicia del PP y figura central de su sector judicial. Su historial, que incluye haber sido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP y consejero de Pablo Casado, no está exento de polémicas. López dimitió de su cargo en el Constitucional tras ser detenido por conducir en estado de embriaguez. A pesar de ello, su trayectoria ha continuado intacta en los espacios de poder judicial más relevantes. ¿Es esta la independencia judicial que necesita un tribunal encargado de casos de terrorismo y macrocorrupción?
Otros nombres refuerzan la misma narrativa. María Tardón, única candidata mujer, también cuenta con un historial político relevante como concejala del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Álvarez del Manzano. Eloy Velasco, otro aspirante, ha combinado su rol de magistrado con cargos políticos bajo el paraguas del PP, incluidos años como director general de Justicia en la Generalitat Valenciana. La conexión sistemática entre altos cargos judiciales y los intereses del PP es una amenaza directa al principio de imparcialidad.
La ausencia de candidaturas progresistas refleja una desmotivación profundamente arraigada. La percepción de un sistema judicial secuestrado por las asociaciones conservadoras ha erosionado la confianza de las y los jueces progresistas para postularse a cargos clave.
CONSECUENCIAS DE UNA JUSTICIA SESGADA
Las implicaciones de esta hegemonía conservadora no son menores. La Audiencia Nacional no es un tribunal cualquiera: instruye macrocausas de corrupción, lidera investigaciones sobre narcotráfico y aborda delitos de terrorismo. La falta de pluralismo en su liderazgo compromete seriamente la confianza pública en la administración de justicia.
Recientes elecciones a las salas de gobierno en el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia han consolidado este sesgo. De los 107 puestos en disputa, 104 fueron para asociaciones conservadoras como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria. La única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, obtuvo apenas tres plazas. Este desequilibrio perpetúa una justicia corporativa, poco representativa de una sociedad plural y democrática.
Las voces progresistas dentro del sistema advierten de las consecuencias. “El Poder Judicial está diseñado para que los conservadores sigan controlando las cúpulas. Si no hay pluralismo en la Audiencia Nacional, tampoco lo habrá en el resto de las instituciones judiciales”, afirma una fuente interna. La concentración de poder en manos de un sector ideológico limita la capacidad del sistema judicial para responder de manera equilibrada a los retos de un Estado democrático.
El caso del magistrado Jesús Ricardo Gutiérrez, uno de los pocos aspirantes sin vínculos directos con el PP, subraya el problema estructural. Durante su comparecencia, destacó como mérito haber cuestionado la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una postura alineada con intereses conservadores. Incluso en ausencia de vínculos políticos explícitos, los perfiles seleccionados responden a un ideario de derechas que refuerza el statu quo.
La renovación de la presidencia de la Audiencia Nacional no solo perpetúa esta tendencia, sino que agrava la falta de confianza en la independencia del Poder Judicial. La justicia no debe ser un instrumento al servicio de las élites políticas; debe ser un pilar independiente de la democracia.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.