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El peligro que corre Daniel no es solo culpa de un hombre, es responsabilidad de todos aquellos que, con su inacción, lo permiten.
El caso de Juana Rivas, que saltó a la luz pública en 2017, sigue revelando las fallas estructurales de los sistemas judiciales en la protección de las víctimas. Ahora es su hijo mayor, Gabriel Arcuri Rivas, quien eleva la voz desde España para pedir justicia y seguridad para su hermano menor, Daniel, todavía bajo la custodia de un padre acusado de violencia. La Fiscalía de Cagliari ha solicitado 7 años de prisión para Francesco Arcuri, pero este sigue ejerciendo la patria potestad sobre uno de los niños.
La situación no deja de indignar. Juana Rivas huyó en 2017 porque temía por la vida de sus hijos y la suya propia. El sistema, lejos de ofrecerle protección, la castigó con penas de cárcel y la obligó a entregar a sus hijos al hombre que, según múltiples denuncias, les infligía daño físico y emocional. Ahora, años después, el hijo mayor describe en una carta desgarradora cómo su padre sometió a los niños a un «infierno cotidiano» de agresiones físicas y verbales.
El relato de Gabriel es estremecedor: noches de llanto, golpes y encierros para un niño de apenas tres años, mientras su madre era alejada de él por decisiones judiciales profundamente cuestionables. Hoy, Gabriel se ve obligado a convertirse en el portavoz de su hermano menor, denunciando una vez más la inacción de las autoridades. «Mi hermano está en gran peligro,» escribe, poniendo en evidencia que las decisiones judiciales priorizan normas frías sobre la protección efectiva de los menores.
LOS JUECES Y LA IMPUNIDAD
El papel del poder judicial en esta tragedia no es menos cuestionable. El juez español que llevó el caso en su momento fue sancionado por filtrar datos de los menores a la prensa. ¿Cómo puede garantizarse imparcialidad o justicia cuando quienes deben proteger los derechos de la infancia traicionan su misión con actos de esta naturaleza? Este episodio es solo un ejemplo más de cómo el sistema perpetúa dinámicas de abuso al ignorar las señales de peligro y permitir que quienes cometen actos de violencia mantengan el control sobre sus víctimas.
En Italia, la repetición del juicio que negó la custodia de Daniel a Juana Rivas pone de manifiesto las grietas de un sistema incapaz de actuar con celeridad. Mientras tanto, cada día que Daniel permanece bajo el cuidado de su padre es un día más de sufrimiento y riesgo. Los letrados de Rivas recuerdan que los hechos están probados: Arcuri ha maltratado a sus hijos. Aun así, la custodia del menor sigue en sus manos.
El sistema parece diseñar una narrativa donde el daño es irrelevante y el poder se perpetúa. Juana Rivas ha pagado un precio altísimo por desafiar un sistema que normaliza el abuso bajo el manto de la legalidad. Mientras tanto, los jueces que fallaron en proteger a estos niños y garantizarles un entorno seguro permanecen en sus cargos, sin asumir las consecuencias de sus decisiones.
UNA INFANCIA ROBADA
Más de un lustro después, el caso de Juana Rivas sigue siendo una muestra brutal de cómo las instituciones fallan a quienes deberían proteger. Los menores de este caso, Daniel y Gabriel, han pagado el precio más alto. Gabriel relata cómo sus años en Italia lo llevaron a una adicción a la marihuana y a una sensación de abandono insuperable. Habla desde el dolor de quien ha visto su infancia arrebatada y ahora lucha para que su hermano no siga el mismo destino.
El testimonio de Gabriel es un grito de auxilio para quienes todavía tienen la capacidad de actuar. Su carta a la Fiscalía de Cagliari no es solo una solicitud, es una denuncia: «Soy la voz que mi hermano ha perdido,» escribe, haciendo visible el silencio al que se condena a los menores que viven bajo el yugo de la violencia.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Cuántos casos más se necesitan para que las instituciones reaccionen? ¿Cuántas vidas deben ser truncadas antes de que la justicia haga honor a su nombre? En este caso, como en tantos otros, los derechos de la infancia son un concepto vacío, una promesa incumplida.
Juana Rivas no es solo una madre luchando por sus hijos. Es el rostro de una resistencia que cuestiona un sistema que abandona a las víctimas y perpetúa el poder de los agresores. Su caso no es una excepción, es un síntoma de una enfermedad que afecta a las instituciones que deberían protegernos. El peligro que corre Daniel no es solo culpa de un hombre, es responsabilidad de todos aquellos que, con su inacción, lo permiten.
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