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El presidente convierte la justicia en un garrote personal y rompe los últimos diques de separación de poderes
LA ORDEN PÚBLICA Y EL ATAQUE A LA SEPARACIÓN DE PODERES
Donald Trump ha vuelto a demostrar que no gobierna, sino que manda. El 20 de septiembre de 2025 utilizó su propia red social, Truth, para ordenar a la fiscal general, Pam Bondi, que actúe “ya” contra los enemigos del presidente. Lo escribió en mayúsculas, como si su teclado fuera un cuartel, no la cuenta de un jefe de Estado.
Que un presidente dé instrucciones en público a su fiscal general tiene muy pocos precedentes. El más claro es Richard Nixon durante el Watergate. Pero incluso Nixon solía hacerlo en la penumbra, en grabaciones secretas. Trump lo hace a cielo abierto, a sabiendas de que la humillación pública es parte de su método.
El republicano no se conformó con ordenar, también descalificó. Señaló a Bondi por “pura palabrería” y la acusó de no cumplir con los objetivos que él le marca: procesar a James Comey, Adam Schiff y Letitia James. Ninguno de ellos ha cometido delito alguno. Su único crimen, a ojos de Trump, es oponerse a él.
Trump borra la línea entre justicia y venganza. Y lo hace mientras se acumulan sus propias causas: fue imputado en cuatro procesos penales, hallado culpable de 34 delitos graves y condenado en un caso civil a 454 millones de dólares. Un tribunal de apelaciones rebajó esa sanción en agosto, pero el daño a su imperio empresarial sigue pesando.
El gesto contra Bondi llegó en una semana en que Trump amenazó con quitar licencias televisivas a medios críticos, presumió de asesinatos extrajudiciales en el Caribe, demandó al principal periódico del país y prometió perseguir al antifascismo declarándolo “terrorismo”. Una ofensiva total contra la prensa, la disidencia y el propio Estado de derecho.
EL NUEVO ROSTRO DEL AUTORITARISMO ESTADOUNIDENSE
La secuencia terminó con la renuncia de Erik Siebert, fiscal federal de Virginia encargado de investigar a Letitia James y a James Comey. Trump lo acusó de ser un “republicano progresista” incapaz de hacer su trabajo. Siebert dimitió tras meses de no encontrar pruebas de fraude. Trump, en su estilo, lo despidió públicamente para marcar territorio.
En su lugar, el presidente designó a Lindsey Halligan, abogada sin experiencia en fiscalía, pero con una virtud incuestionable para el trumpismo: la lealtad. El criterio ya no es la capacidad jurídica, sino la obediencia al líder. La justicia se convierte en una oficina de cumplimiento político.
Trump no esconde su plan: dijo abiertamente que “sean o no culpables, tenemos que actuar con rapidez”. Es la confesión desnuda del autoritarismo: no importa la ley, importa el castigo.
La fiscal general, Pam Bondi, guarda silencio. Es parte de un Gobierno en el que la obediencia personal vale más que la Constitución. Y mientras tanto, el presidente vuelve a presentarse como víctima. Reitera que sufrió una “persecución política” en los años fuera de la Casa Blanca. Lo que llama persecución fue simplemente justicia ordinaria: por documentos robados, por presionar a Georgia para falsear elecciones, por comprar silencios con dinero opaco y por alentar el asalto al Capitolio en 2021.
La paradoja es que un condenado por fraude y delitos graves ordena a su fiscal general que persiga a jueces y fiscales que lo investigaron. El delincuente al mando de la cárcel.
La referencia inevitable es Nixon, pero con un matiz: Trump no tiene vergüenza, ni pretende ocultar lo que hace. Alardea. Lo transmite en directo. Lo convierte en espectáculo. Y en esa exhibición de poder desnudo, el Estado de derecho se convierte en atrezzo.
Estados Unidos se presenta como defensor de la democracia en el mundo mientras su presidente actúa como un caudillo digital que dicta órdenes desde su red social. La pregunta ya no es si Trump amenaza las instituciones, sino cuántas seguirán en pie cuando termine de devorarlas.
“Sean o no culpables, tenemos que actuar”: esa frase quedará como epitafio de la independencia judicial en la democracia estadounidense.
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