La clase trabajadora para el mundo: CGT convoca huelga general estatal contra el genocidio en Palestina 

El sindicato exige que el dinero público destinado a armamento israelí se invierta en vivienda, pensiones y servicios sociales.

INVERTIR EN VIDA, NO EN ARMAS

El 15 de octubre el Estado español vivirá una huelga general que no nace de una negociación salarial, sino de una conciencia política y ética. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha legalizado una jornada de paro general con un lema que condensa la denuncia: “Invirtamos en vida y no en armas”. Es una frase sencilla, pero detrás late una acusación profunda: el dinero que mantiene la maquinaria de guerra israelí sale de los bolsillos de la clase trabajadora.

CGT amplía así la convocatoria que ya habían lanzado LAB, ESK, Steilas, Etxalde y Hiru en Euskadi, donde los sindicatos mayoritarios llevan semanas organizando asambleas y concentraciones. En todo el territorio español, el sindicato rojo y negro se coloca en solitario a la cabeza de un movimiento que busca romper la complicidad económica del Estado con el genocidio.

Silvia Arribas, del Gabinete Jurídico de CGT, lo explica sin rodeos: “Las partidas de defensa han crecido mucho más que las de pensiones, subsidios sociales o vivienda. Lo que falta para las políticas públicas está saliendo de los contratos con empresas israelíes de tecnología y armamento”.

No se trata solo de un debate moral, sino de un diagnóstico económico. Según datos del propio Ministerio de Defensa, España duplicó en 2024 los contratos con empresas vinculadas al complejo militar israelí, y las importaciones de armamento de ese país aumentaron un 43 %. En paralelo, los alquileres marcaron récord, los precios de los alimentos subieron un 12 % y los fondos buitre siguieron engordando beneficios. Para CGT, la ecuación es clara: cada euro gastado en armas es un euro robado a la vida.

DE LA CALLE A LOS PRESUPUESTOS: UNA HUELGA POLÍTICA

La convocatoria se enmarca en un contexto de creciente movilización social por Palestina, con manifestaciones masivas en Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao, donde la ciudadanía exige el fin de las relaciones comerciales y militares con Israel. Pero CGT va más allá: quiere poner el conflicto en la agenda laboral, donde duele al poder.

No es la primera vez que el sindicato convoca una huelga de este tipo. En 2024 ya paralizó sectores estratégicos con una protesta similar, en pleno primer aniversario del genocidio israelí. Ahora, el contexto es más amplio: una ofensiva militar israelí que ha destruido hospitales, escuelas y campos de refugiados, y que ha provocado más de 100.000 muertes palestinas según estimaciones de la OMS y la ONU, con miles de desaparecidos bajo los escombros.

CGT denuncia además la inacción del Gobierno español, que en palabras del sindicato “ha preferido mirar hacia otro lado mientras firmaba contratos con empresas israelíes y mantenía ejercicios militares conjuntos”. Desde octubre de 2023, aseguran haber solicitado reuniones tanto con el Ministerio de Trabajo como con el de la Presidencia “para exigir la redistribución del gasto público y el embargo total de armas”, sin recibir respuesta.

Euskadi ha sido un punto de inflexión. Allí, los trabajadores y trabajadoras de CAF —empresa vasca implicada en la construcción del tranvía de Jerusalén en territorio ocupado— han realizado paros en protesta por su vinculación con Israel, denunciando que el proyecto viola el derecho internacional al consolidar la anexión de Jerusalén Este. Ese gesto obrero se ha convertido en símbolo: la lucha por Palestina también es una lucha por el sentido del trabajo, por no ser engranajes de la opresión.

EL TRABAJO COMO RESISTENCIA

El 15 de octubre no será una fecha cualquiera. CGT no busca negociar migajas, sino cuestionar el destino del dinero público y el papel del Estado español en la arquitectura de la guerra. Su argumentario insiste en que la huelga es legítima, porque “las consecuencias del genocidio y de la desestabilización regional ya se sienten en la clase trabajadora”, desde el encarecimiento del transporte hasta la subida del gas y el petróleo.

En paralelo, CCOO y UGT han anunciado paros de dos horas ese mismo día, intentando dar “una dimensión laboral” a la denuncia. Sin embargo, CGT sostiene que solo una huelga general total puede frenar la normalización de la barbarie. El sindicato recuerda que el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ratificado por España— obliga a los Estados a “garantizar que el gasto público promueva la dignidad humana”.

La huelga del 15 de octubre se plantea también como una respuesta a la indiferencia institucional. Mientras el Congreso retrasa la convalidación del decreto sobre el embargo de armas, la maquinaria diplomática sigue funcionando a favor de los intereses militares y energéticos. El lema “invirtamos en vida” no es solo un eslogan: es una demanda de cambio estructural frente a un modelo económico que se alimenta de la guerra y del saqueo global.

El movimiento sindical ha llamado a todas las organizaciones, asociaciones y colectivos sociales a sumarse, con especial atención a los sectores precarizados, feministas, migrantes y juveniles. En muchas ciudades ya se preparan piquetes simbólicos frente a sedes de empresas vinculadas al comercio de armas, como Airbus, Indra o Navantia.

Desde la CGT subrayan que la huelga no es un gesto simbólico, sino un intento real de detener el flujo económico hacia el genocidio. “La solidaridad no puede quedarse en la pancarta”, repiten. “El mundo no puede seguir funcionando como si no se estuviera cometiendo un crimen colectivo en directo”.

El 15 de octubre no solo se parará la producción. Se detendrá el tiempo para recordar que ninguna economía vale más que una vida.