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La extrema derecha se devora a sí misma mientras vende orden y disciplina a su electorado
La implosión no ha llegado desde fuera. Ha sido interna. El 26 de febrero, a última hora, la cúpula de Vox en la Región de Murcia dimitía en bloque para forzar la caída de su presidente provincial, José Ángel Antelo. No se trata de una anécdota organizativa. Es una señal de fractura en una formación que ha construido su marca política sobre la idea de jerarquía, obediencia y mano dura.
El Comité Ejecutivo Provincial queda automáticamente disuelto. Eso obliga a la dirección nacional, encabezada por Santiago Abascal, a nombrar una gestora que tome el control. En otras palabras: Madrid interviene Murcia. La autonomía interna que predican para el Estado se evapora cuando el conflicto es doméstico.
El movimiento llega después de que la dirección nacional comunicara a Antelo, a través de la secretaria general adjunta Montserrat Lluís, su intención de retirarle el liderazgo provincial. La operación no era completa: se barajaba mantenerlo como portavoz en la Asamblea Regional y como candidato para las elecciones previstas en 2027. Pero ni siquiera ese apaño ha calmado las tensiones.
Los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial —Lourdes Méndez Monasterio, Carmen Menduiña, Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aida Peñalver— optaron por una salida drástica. Dimisión colectiva. Tierra quemada. Forzar a la dirección nacional a retratarse.
PURGAS, EXPULSIONES Y LEALTADES CRUZADAS
Lo que ocurre en Murcia no es un episodio aislado. Llega después de la expulsión del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, por negarse a ceder la portavocía municipal a Arantxa Cabello. Con él fueron expulsados también Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. El partido que denuncia la “dictadura progre” aplica su propia disciplina férrea sin contemplaciones.
Las fuentes internas apuntan a la cercanía entre Antelo y Ortega Smith como uno de los detonantes. También a las tensiones con Luis Gestoso, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y próximo a Abascal. La disputa no es ideológica. Es orgánica. Es de poder. Quién controla el aparato, quién controla las listas, quién controla los recursos.
Antelo preside el Consejo Ejecutivo Provincial desde 2020. En 2024, tras la Asamblea General, ingresó en la Ejecutiva nacional como vocal, junto al resto de vicepresidentes autonómicos que gobernaban en coalición con el Partido Popular. No era un outsider. Era parte del engranaje.
Pero Vox ya había demostrado en Murcia su inclinación a las purgas. En 2019, retiró la afiliación a tres de sus cuatro diputados regionales —Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera— después de que estos apartaran a dirigentes nacionales del control de las cuentas del grupo parlamentario. En 2022, una sentencia obligó al partido a readmitirlos y a devolver el control económico. La justicia tuvo que corregir lo que la dirección había decidido por la vía orgánica.
La formación que exige respeto institucional ha sido desautorizada en los tribunales por su propia gestión interna. Y aun así, el discurso hacia fuera sigue siendo el de la superioridad moral.
EL PODER COMO FIN, NO COMO MEDIO
La trayectoria de Antelo ilustra otra dimensión del conflicto. Antes de su salto a la política, fue protegido del fallecido presidente de la Fundación San Antonio, propietaria de la Universidad Católica de Murcia. En 2012 fichó por el CB Murcia, vinculado a la UCAM. Tras retirarse del baloncesto profesional en el verano de 2019 por lesión, fue recolocado en el departamento de Marketing Deportivo. En abril de ese mismo 2019, recibió la oferta para integrar las listas municipales de Vox en Murcia.
No es un itinerario excepcional en la política española. Pero desmiente la narrativa del outsider perseguido por el sistema. La extrema derecha también tiene padrinos, redes de influencia y financiación estructural.
Juan José Liarte lo resume con crudeza: “Antelo fue el peaje que hubo que pagar para tener el apoyo y la financiación de la UCAM”. La frase no es menor. Habla de equilibrios internos y de intereses cruzados. De cómo el poder no se construye solo con consignas, sino con respaldos económicos y orgánicos.
La pregunta que sobrevuela ahora no es únicamente si Antelo caerá. Es para quién se reserva el puesto. Porque cuando un partido sustituye a su dirección provincial no lo hace por higiene democrática. Lo hace para consolidar una línea, para cerrar filas en torno a un liderazgo nacional que no admite fisuras.
Vox se presenta como un bloque monolítico frente al “caos” del pluralismo, pero en Murcia exhibe una dinámica que conoce bien cualquier organización hiperliderada: cuando la autoridad se centraliza, las discrepancias se convierten en traición.
La disolución del Comité Ejecutivo Provincial deja a la militancia murciana en manos de una gestora designada desde Madrid. No hay primarias abiertas. No hay debate público. Hay nombramientos.
Mientras tanto, el partido mantiene su retórica contra la “casta”, contra los pactos, contra la corrupción moral del sistema. Pero los hechos muestran otra cosa: luchas intestinas, expulsiones, readmisiones judiciales y dimisiones estratégicas.
La extrema derecha no es ajena a las mismas lógicas de poder que dice combatir. Simplemente las practica con menos complejos y más disciplina vertical.
Murcia no es una anécdota regional. Es el espejo de una organización que convierte la política en un campo de batalla interno permanente, donde la lealtad pesa más que el programa y donde la estabilidad se sostiene a golpe de purga.
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