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La administración Trump busca asfixiar a una relatora de la ONU por señalar el genocidio en Gaza
El castigo no es solo económico. Es político. Es ejemplarizante. Y ahora, por primera vez, se sienta ante un tribunal estadounidense. La familia de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, ha presentado el 26 de febrero una demanda civil contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios altos cargos de su Administración por las sanciones impuestas contra ella el 9 de julio de 2025.
La querella, registrada ante el United States District Court for the District of Columbia, apunta directamente al núcleo duro del poder estadounidense: el Secretario de Estado, Marco Rubio; el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; y la Fiscal General, Pam Bondi. No se trata de una disputa diplomática menor. Es un pulso entre el derecho internacional y el poder imperial.
Las sanciones contra Albanese no son simbólicas. Le prohíben realizar transacciones con ciudadanía y empresas estadounidenses. Le bloquean el acceso a sus tarjetas de crédito, a sus cuentas bancarias, a sus ingresos. Le impiden entrar en Estados Unidos. Incluso le han dificultado el acceso a su apartamento en Washington DC y la continuidad de sus vínculos académicos con universidades estadounidenses. La relatora de la ONU ha quedado reducida a operar en efectivo en un sistema financiero dominado por el dólar.
SANCIONAR A QUIEN INVESTIGA CRÍMENES
El motivo del castigo es claro: sus informes. Como relatora de Naciones Unidas, Albanese ha documentado violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno israelí, ha señalado responsabilidades políticas en el genocidio en Gaza y ha aportado información sobre el papel de otros Estados y de empresas internacionales. Ha hecho su trabajo.
Y por hacerlo, ha sido tratada como una delincuente financiera.
La demanda sostiene que la Administración Trump vulneró derechos protegidos por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución estadounidense, al incautar bienes “de manera irrazonable” y sin debido proceso. También denuncia que se han infringido las propias leyes sobre sanciones. No hay precedentes de una medida así contra una relatora de la ONU.
No está sola. Once jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional, así como varias ONG palestinas, también han sido objeto de sanciones similares. Organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido del daño que estas medidas causan al funcionamiento del derecho internacional y a la labor del Tribunal de La Haya. Sancionar a quienes investigan crímenes es una forma de blindar la impunidad.
La querella ha sido presentada por su marido, Massimiliano Cali, y por su hija, menor de edad y ciudadana estadounidense. Las consecuencias no son abstractas. El marido no puede entrar en Estados Unidos, donde se encuentra la sede principal del Banco Mundial, institución en la que trabaja. La hija no puede regresar a su país de nacimiento ni acceder al piso familiar en Washington. La sanción se extiende a la familia como mecanismo de presión.
EL DÓLAR COMO ARMA POLÍTICA
El sistema financiero global está atravesado por la hegemonía del dólar. Eso significa que una sanción estadounidense no es solo una medida nacional. Es una asfixia transnacional. La demanda detalla cómo Albanese no puede acceder a sus cuentas en bancos europeos, ni disponer libremente de sus ingresos. El bloqueo financiero funciona como una forma de expulsión del circuito económico global.
En una entrevista reciente, la propia relatora preguntaba: “¿Por qué tengo que ser tratada como una terrorista, como una narcotraficante, siendo además una persona de la ONU?”. Y añadía que basta con que un Estado asuma la responsabilidad de garantizar sus derechos frente a los bancos para frenar estos abusos. Está pidiendo que algún gobierno se atreva a defender el derecho internacional frente a la intimidación.
Lo que está en juego no es solo la situación personal de Albanese. Es la capacidad de Naciones Unidas para investigar y denunciar crímenes cuando afectan a aliados estratégicos de Washington. Es la credibilidad de un sistema internacional que proclama normas mientras tolera castigos selectivos. Es la pregunta incómoda sobre quién puede señalar un genocidio sin pagar un precio.
El 9 de julio de 2025 marcó un precedente peligroso. El 26 de febrero de 2026 abre un frente judicial dentro del propio Estados Unidos. La demanda no solo busca reparar un daño individual. Pide que las sanciones sean declaradas inconstitucionales.
Cuando el poder sanciona a quien investiga crímenes de guerra, no está defendiendo la legalidad. Está declarando que la ley solo vale para quienes no molestan.
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