La causa contra Alvise por desórdenes públicos en las manifestaciones de Ferraz, camino al Supremo 

Investigado por desórdenes públicos y financiación ilegal de su candidatura

Luis Pérez, más conocido como ‘Alvise’, vuelve a ocupar titulares por razones que nada tienen que ver con su labor en el Parlamento Europeo. El Supremo recibe ahora una causa contra el polémico líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ por desórdenes públicos, una investigación que parece apenas el comienzo de una larga lista de acusaciones. Desde las manifestaciones frente a la sede del PSOE hasta presuntas amenazas y difamación, la carrera política de Alvise está salpicada por su constante enfrentamiento con la legalidad y por una peligrosa instrumentalización de las masas.

EL SUPREMO RECIBE UNA CAUSA POR DESÓRDENES PÚBLICOS

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene ahora sobre la mesa las diligencias que un juzgado de Madrid ha abierto contra Alvise por liderar, instigar y manipular movilizaciones frente a la sede central del PSOE en Ferraz. Se trata de un caso por desórdenes públicos en el que la figura de Pérez emerge como la de un cabecilla enardecido, utilizando la plataforma digital para incitar a la confrontación y mover a miles de personas hacia un escenario de caos calculado.

En noviembre de 2023, Alvise convirtió su canal de Telegram en el epicentro de la convocatoria de estas manifestaciones, llevando el discurso de odio y provocación hasta un punto de no retorno. No solo instó a la gente a congregarse en la emblemática calle Ferraz, sino que encabezó personalmente una de las manifestaciones hasta las puertas del Congreso de los Diputados. En una maniobra teatral, pidió a la multitud que se sentara de espaldas al Congreso antes de anunciar que abandonaba el lugar para irse a cenar, dejando a sus seguidores y seguidoras expuestos a las cargas policiales. Este despliegue no solo demuestra su capacidad de manipulación, sino también una falta absoluta de responsabilidad hacia quienes lo siguen ciegamente.

Pero los disturbios en Ferraz no son el único capítulo de esta historia. Pérez, un ex-youtuber con delirios de líder político, ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales. Acusaciones de amenazas y difamación, calumnias hacia figuras políticas y sociales, y hasta el presunto acoso a una de las hijas del presidente Pedro Sánchez figuran en el negro historial del eurodiputado. Su figura se muestra como un arquetipo de líder de masas desestabilizador y provocador, un personaje que bordea los límites de la ley para mantener a sus seguidores y seguidoras inmersos en una constante narrativa de conflicto y desinformación.

FINANCIACIÓN ILEGAL Y CRIPTOMONEDAS: LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA

Más allá de su papel en las manifestaciones, la Audiencia Nacional también ha abierto una investigación en torno a una posible financiación ilegal de su candidatura a las elecciones europeas. Según ha revelado elDiario.es, Alvise recibió 100,000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, líder del fracasado Madeira Invest Club. Este vínculo económico cuestiona la ética y legalidad de su carrera hacia el Parlamento Europeo, pues los fondos de procedencia dudosa siempre dejan una sombra que mancha cualquier intento de legitimidad.

Este episodio desenmascara una práctica cada vez más extendida en la política de la ultraderecha: la captación de fondos opacos provenientes de sectores vinculados con actividades especulativas y de alto riesgo, como es el caso de las criptomonedas. Romillo, también conocido como ‘CryptoSpain’, habría ofrecido a Pérez una inyección económica en un momento crucial para su campaña, un hecho que vincula de forma peligrosa a estos actores financieros con la política. La trama de financiación de Pérez se suma a una lista de casos recientes que ilustran el auge de un sistema político paralelo, basado en redes sociales, plataformas de inversión y, en definitiva, una agenda que va mucho más allá de los canales de financiamiento legítimos y transparentes.

Pero la sombra del dinero sucio parece no importarle a Alvise, quien ha llegado a justificar públicamente la recepción de este efectivo, sin explicar su destino ni su propósito real. La política convertida en un negocio personal, en una inversión que, como las criptomonedas, no se mide por su valor social sino por su rendimiento en redes y en la conquista de nichos radicales. La falta de escrúpulos en la gestión de estos fondos plantea un problema grave para la democracia, cuestionando cómo figuras como Alvise logran acceder a posiciones de poder mientras, en el proceso, desprecian las reglas básicas del juego político.

La Sala de lo Penal del Supremo, hasta ahora, no ha abierto diligencias formales, pero la acumulación de causas es innegable. Desde el presunto acoso a la familia del presidente hasta la fabricación de pruebas falsas en plena pandemia, como la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, Alvise acumula un expediente que refleja su rol como un operador al margen de la legalidad, amparado en su capacidad de agitar y polarizar la opinión pública.

Frente a esta realidad, el caso de Alvise no es único, sino que encarna un fenómeno preocupante: el ascenso de figuras populistas y antisistema que suben escalones de poder aprovechándose de las mismas normas que desprestigian y desobedecen. Es la democracia en su versión más cínica, utilizada como un trampolín por quienes no buscan representar ni construir, sino controlar y destruir.