Investigado por desórdenes públicos y financiación ilegal de su candidatura
Luis Pérez, más conocido como ‘Alvise’, vuelve a ocupar titulares por razones que nada tienen que ver con su labor en el Parlamento Europeo. El Supremo recibe ahora una causa contra el polémico líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ por desórdenes públicos, una investigación que parece apenas el comienzo de una larga lista de acusaciones. Desde las manifestaciones frente a la sede del PSOE hasta presuntas amenazas y difamación, la carrera política de Alvise está salpicada por su constante enfrentamiento con la legalidad y por una peligrosa instrumentalización de las masas.
EL SUPREMO RECIBE UNA CAUSA POR DESÓRDENES PÚBLICOS
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene ahora sobre la mesa las diligencias que un juzgado de Madrid ha abierto contra Alvise por liderar, instigar y manipular movilizaciones frente a la sede central del PSOE en Ferraz. Se trata de un caso por desórdenes públicos en el que la figura de Pérez emerge como la de un cabecilla enardecido, utilizando la plataforma digital para incitar a la confrontación y mover a miles de personas hacia un escenario de caos calculado.
En noviembre de 2023, Alvise convirtió su canal de Telegram en el epicentro de la convocatoria de estas manifestaciones, llevando el discurso de odio y provocación hasta un punto de no retorno. No solo instó a la gente a congregarse en la emblemática calle Ferraz, sino que encabezó personalmente una de las manifestaciones hasta las puertas del Congreso de los Diputados. En una maniobra teatral, pidió a la multitud que se sentara de espaldas al Congreso antes de anunciar que abandonaba el lugar para irse a cenar, dejando a sus seguidores y seguidoras expuestos a las cargas policiales. Este despliegue no solo demuestra su capacidad de manipulación, sino también una falta absoluta de responsabilidad hacia quienes lo siguen ciegamente.
Pero los disturbios en Ferraz no son el único capítulo de esta historia. Pérez, un ex-youtuber con delirios de líder político, ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales. Acusaciones de amenazas y difamación, calumnias hacia figuras políticas y sociales, y hasta el presunto acoso a una de las hijas del presidente Pedro Sánchez figuran en el negro historial del eurodiputado. Su figura se muestra como un arquetipo de líder de masas desestabilizador y provocador, un personaje que bordea los límites de la ley para mantener a sus seguidores y seguidoras inmersos en una constante narrativa de conflicto y desinformación.
FINANCIACIÓN ILEGAL Y CRIPTOMONEDAS: LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA
Más allá de su papel en las manifestaciones, la Audiencia Nacional también ha abierto una investigación en torno a una posible financiación ilegal de su candidatura a las elecciones europeas. Según ha revelado elDiario.es, Alvise recibió 100,000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, líder del fracasado Madeira Invest Club. Este vínculo económico cuestiona la ética y legalidad de su carrera hacia el Parlamento Europeo, pues los fondos de procedencia dudosa siempre dejan una sombra que mancha cualquier intento de legitimidad.
Este episodio desenmascara una práctica cada vez más extendida en la política de la ultraderecha: la captación de fondos opacos provenientes de sectores vinculados con actividades especulativas y de alto riesgo, como es el caso de las criptomonedas. Romillo, también conocido como ‘CryptoSpain’, habría ofrecido a Pérez una inyección económica en un momento crucial para su campaña, un hecho que vincula de forma peligrosa a estos actores financieros con la política. La trama de financiación de Pérez se suma a una lista de casos recientes que ilustran el auge de un sistema político paralelo, basado en redes sociales, plataformas de inversión y, en definitiva, una agenda que va mucho más allá de los canales de financiamiento legítimos y transparentes.
Pero la sombra del dinero sucio parece no importarle a Alvise, quien ha llegado a justificar públicamente la recepción de este efectivo, sin explicar su destino ni su propósito real. La política convertida en un negocio personal, en una inversión que, como las criptomonedas, no se mide por su valor social sino por su rendimiento en redes y en la conquista de nichos radicales. La falta de escrúpulos en la gestión de estos fondos plantea un problema grave para la democracia, cuestionando cómo figuras como Alvise logran acceder a posiciones de poder mientras, en el proceso, desprecian las reglas básicas del juego político.
La Sala de lo Penal del Supremo, hasta ahora, no ha abierto diligencias formales, pero la acumulación de causas es innegable. Desde el presunto acoso a la familia del presidente hasta la fabricación de pruebas falsas en plena pandemia, como la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, Alvise acumula un expediente que refleja su rol como un operador al margen de la legalidad, amparado en su capacidad de agitar y polarizar la opinión pública.
Frente a esta realidad, el caso de Alvise no es único, sino que encarna un fenómeno preocupante: el ascenso de figuras populistas y antisistema que suben escalones de poder aprovechándose de las mismas normas que desprestigian y desobedecen. Es la democracia en su versión más cínica, utilizada como un trampolín por quienes no buscan representar ni construir, sino controlar y destruir.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…