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El órgano fiscalizador advierte de que aún está trabajando en un informe que «podría ser objeto de modificaciones».
La contundencia con la que tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, han asegurado en varias ocasiones que el contrato a Priviet Sportive S.L. vinculado al hermano de Ayuso ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas y es legal ha resultado ser precipitada.
Sin embargo, el citado órgano ha reconocido en las últimas horas que el informe sobre la fiscalización de los contratos de emergencia tramitados por el Gobierno madrileño durante la pandemia sigue todavía «en trámite interno de elaboración» por lo que este organismo aún no ha fijado un «criterio definitivo» sobre los mismos.
El presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado Pérez, señala en una carta en respuesta a una pregunta previa del PSOE que «el informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara ni, por lo tanto, publicado en la web de la Institución».
«Lo que significa que las informaciones divulgadas en los medios de comunicación hacen referencia a un documento que no expresa el criterio definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la materia analizada. Dicho criterio no quedará fijado hasta tanto el informe sea aprobado por el Consejo», recalca.
Una versión que choca con la de Lasquetty quien, en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, aseguró en tres ocasiones que la Cámara de Cuentas recalcó en su informe que «no hay tachas ni reparos de ninguna clase».
«Lo único que la Cámara de Cuentas tiene el deber de divulgar para conocimiento de los ciudadanos (…) es el informe definitivo», asegura la misiva, lo que destierra la posibilidad de «cualquier divulgación de los trabajos en curso» como se ha deslizado desde el Gobierno regional.
PP y Vox tumbaron de nuevo la investigación en la Asamblea de Madrid sobre posible caso de corrupción de Ayuso
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado este pasado lunes la tramitación de una Comisión de Investigación parlamentaria para analizar los contratos sospechosos realizados por los procedimientos de emergencia durante la pandemia.
La petición había sido registrada, por segunda vez, por los grupos políticos de la oposición de izquierdas, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Esta ha sido la segunda vez que se rechaza después de que la semana pasada fuera tumbada por el PP y la abstención de VOX.
En esta de nuevo, PP votó en contra y VOX se abstuvo, según han relatado fuentes parlamentarias.
Cabe recordar que esta semana pasada la Fiscalía Anticorrupción abría un estudio sobre los escritos presentados por Más País, PSOE y Unidas Podemos, por tal de valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación.
Fuentes de Anticorrupción, consultadas por Europa Press, indicaban que sin esa incoación no se puede practicar ninguna actuación, ni diligencia, ni requerimiento alguno.»Feijóo es más de derechas que Casado”Vídeo | Ayuso: ganar una guerra comprando a los mediosLeer más
En su escrito, Unidas Podemos consideraba que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una «comisión» por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos» y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».
Los grupos de Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE en la Asamblea de Madrid además añadían nuevos datos sobre contratos entre la Comunidad de Madrid y empresas vinculadas al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como los del hospital Zendal o los contratos fraccionados a Artesolar.
Así lo ha trasladado, por ejemplo, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha apuntado que «en los próximos días» harán esta ampliación de la denuncia que presentaron el pasado viernes.
En el caso del contrato de Priviet Sportive la resolución está «sin registro de entrada y con la firma de la viceconsejera, Ana Dávila, tachada con típex», afirmaba la dirigente de Unidas Podemos.
Por ello, también han recogido en el escrito la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto el artículo 120, en el que se regula la contratación de emergencia y obliga a la Administración a colgar los contratos, los albaranes y la recepción de la compra.
María Pastor, portavoz adjunta del grupo parlamentario de Más Madrid, señala que «al igual que hicieron con las residencias», en el PP «no quieren que se conozca la verdad» sobre el contrato del hermano. «Eso demuestra que tienen algo que esconder», añade Pastor. «Mientras el PP siga obstaculizando los trabajos de la posición seguirá sobrevolando la sospecha. Y cada día que conocemos más detalles es evidente que produjeron irregularidades», añade la diputada.
También, según han indicado fuentes parlamentarias a Público, se ha rechazado la comparecencia del hermano de la presidenta y de Ángel Carromero, ex coordinador general de la Alcaldía de Madrid y señalado como uno de los responsables del supuesto espionaje a la presidenta madrileña.
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