Juristas por Palestina denuncia: España sigue financiando la maquinaria israelí 

La plataforma legal exige al Gobierno español coherencia y el fin de los contratos armamentísticos con Israel

La organización Juristas por Palestina, conocida por su labor en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos, ha alzado su voz a través de un comunicado contra el reciente contrato firmado por el Ministerio de Defensa español con la empresa israelí Elbit Systems, vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu. Este contrato, cerrado el pasado 4 de diciembre, contempla el mantenimiento y la adquisición de armamento utilizado por las Fuerzas Armadas españolas, a pesar de las declaraciones previas de la ministra Margarita Robles, quien aseguró que España había roto todos los acuerdos militares con empresas israelíes tras las masacres en Gaza.

Juristas por Palestina no solo rechaza este contrato por su contenido, sino también por lo que representa: la complicidad activa de España con un régimen señalado por crímenes de guerra y políticas de apartheid. En su comunicado del 27 de diciembre, la plataforma recuerda que la ministra calificó los ataques en Gaza como un “auténtico genocidio” y exige coherencia entre sus declaraciones y las acciones de su cartera.

Para Juristas por Palestina, la firma de este acuerdo demuestra que el discurso oficial del Gobierno español sobre los derechos humanos queda reducido a mera retórica cuando se enfrenta a los intereses económicos y estratégicos de la industria armamentística.

CONTRATOS QUE PERPETÚAN LA VIOLENCIA EN PALESTINA

Elbit Systems, el nuevo socio armamentístico de España, es una de las principales empresas del complejo militar-industrial israelí, un sector que se beneficia directamente de la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados. Juristas por Palestina destaca que estas empresas no solo desarrollan tecnología bélica, sino que la prueban sobre la población palestina, convirtiendo los Territorios en un laboratorio de guerra. Cada contrato, como el suscrito el 4 de diciembre, financia indirectamente estas prácticas y refuerza un sistema que ha provocado ya más de 46,000 muertes civiles desde el inicio de los ataques en Gaza, incluidas 17,000 niñas y niños.

El comunicado de Juristas por Palestina subraya que mantener relaciones comerciales con empresas como Elbit Systems no solo es inmoral, sino también ilegal desde la perspectiva del derecho internacional. Las resoluciones de Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra son claras: los Estados no pueden colaborar con actores que perpetúan violaciones graves de derechos humanos. Este contrato, en opinión de la plataforma, coloca a España en una posición de complicidad activa con las políticas de apartheid y genocidio ejecutadas por el gobierno israelí.

Juristas por Palestina, integrada por expertas y expertos en derecho internacional, recalca que el cumplimiento de los compromisos internacionales no es opcional. Cada día que el Gobierno español ignora estas normas, pierde legitimidad ante la comunidad internacional y, sobre todo, ante la ciudadanía que exige transparencia y justicia.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

La denuncia de Juristas por Palestina no es solo una acusación, sino también una advertencia. En su comunicado, la plataforma insta al Ejecutivo español a romper inmediatamente todos los acuerdos militares con empresas israelíes y a cumplir con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. La continuación de estos contratos no solo perpetúa la ocupación y la represión en Palestina, sino que también sitúa a España como un actor que prioriza el negocio armamentístico sobre la dignidad y la vida de miles de personas.

Juristas por Palestina concluye con un mensaje claro: “Esperamos que el Gobierno rectifique y actúe conforme al derecho internacional”. Pero más allá de las palabras, la plataforma exige hechos. Cada euro destinado al complejo militar israelí es un paso más en la consumación del genocidio que el propio Gobierno español dice condenar.