Mohammad Hassan Rezaiee fue condenado a muerte por un tribunal de lo penal en la provincia de Guilán, en Irán, el 21 de octubre de 2008.
Su sentencia condenatoria se basó en “confesiones” que —según afirmaron en el juicio él y el abogado asignado por el tribunal para su defensa— hizo bajo tortura cuando estaba detenido por la Unidad de Investigación de la Policía de Irán (Agahi) en Bandar-e Anzali, provincia de Guilán El Tribunal Supremo de Irán confirmó posteriormente la sentencia y la pena de muerte.
Desde entonces, Mohammad Hassan Rezaiee y su familia no han contado con los medios económicos necesarios para contratar a un abogado que solicite formalmente un nuevo juicio, como prevé el artículo 91 del Código Penal, que permite un castigo alternativo a la pena capital en casos de menores si un tribunal determina que la persona acusada no entendía la naturaleza o las consecuencias del delito, o su “desarrollo mental y su madurez” en el momento del delito eran dudosas.
Amnistía Internacional tiene entendido que el padre de Mohammad Hassan Rezaiee escribió a las autoridades iraníes en agosto de 2019 solicitando un nuevo juicio. A comienzos de 2020, se comunicó a los familiares que el caso había sido remitido a la Sala 27 del Tribunal Supremo para su estudio, pero desde entonces no han recibido más noticias sobre la situación de su petición.
Irán es uno de los últimos países del mundo que sigue utilizando la pena de muerte para delitos perpetrados por personas menores de 18 años, incumpliendo con ello las obligaciones contraídas por el país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En abril de 2020, las autoridades iraníes ejecutaron a otros dos jóvenes que habían sido detenidos cuando eran menores de edad, Shayan Saeedpour y Majid Esmailzadeh, y en 2019 habían ejecutado, como mínimo, a seis personas que eran menores de 18 años en el momento del delito: Amin Sedaghat, Mehdi Sohrabifar, Amir Ali Shadabi, Alireza Khodaiee, Mehdi Chananiand y Touraj Aziz (Azizdeh) Ghassemi. La organización teme que haya al menos 90 personas condenadas a muerte en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades iraníes que modifiquen el artículo 91 del Código Penal Islámico de 2013 para abolir la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para ejecutarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
En respuesta a los planes de las autoridades iraníes, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha señalado que “tras más de 12 años en espera de ejecución, Mohammad Hassan Rezaiee fue puesto el jueves en régimen de aislamiento en la prisión de Lakan, en Rasht, y a sus familiares se les dijo que sería ejecutado ‘en una semana’. Una vez más, las autoridades iraníes están perpetrando un atroz ataque contra los derechos de la infancia y convirtiendo la justicia de menores en una auténtica burla.
“En 2007, cuando Mohammad Hassan Rezaiee tenía 16 años, fue arrestado en relación con la muerte de un hombre por arma blanca en una pelea grupal. Su juicio fue manifiestamente injusto. A pesar de su corta edad, las autoridades lo mantuvieron en régimen de aislamiento, sin acceso a sus familiares ni a su abogado. Además, lo torturaron reiteradamente para que ‘confesara’, golpeándolo con palos, propinándole patadas y puñetazos y azotándolo con mangueras. En 2008, el tribunal se basó en su ‘confesión’ forzada para declararlo culpable y condenarlo a muerte, aunque el joven se retractó de ella en el juicio y dijo que la había hecho bajo tortura.
“Imponer la pena de muerte a una persona que era menor en el momento del delito es una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe terminantemente la imposición de la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de edad. Esta injusticia se agrava aún más por la determinación de las autoridades iraníes de seguir adelante con la ejecución, a pesar del juicio manifiestamente injusto de Mohammad Hassan Rezaiee y en ausencia de cualquier investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.
“Pedimos a las autoridades iraníes que detengan de inmediato la ejecución de Mohammad Hassan Rezaiee, anulen su sentencia condenatoria y la pena impuesta y le concedan un nuevo juicio con garantías, con total cumplimiento de las normas de justicia de menores y sin recurrir a la pena de muerte.”
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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