El gobierno de Irán ha ejecutado este sábado a dos jóvenes, Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini.
Tras ser condenados por su participación en las protestas, que han sacudido el país desde mediados de septiembre por la muerte de Mahsa Amini a mano de la policía iraní por llevar mal colocado el velo, el gobierno de Irán ha ejecutado este sábado a dos jóvenes, Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini.
Karami, de 22 años, era el campeón de karate iraní-kurdo y había representado a Irán en competiciones internacionales. Hosseini, de 20 años, era huérfano y trabajaba como voluntario entrenando a niños.
Ambos fueron acusados de matar a un miembro de la fuerza paramilitar Basij durante los disturbios que tuvieron lugar en la localidad de Karaj, cerca de Teherán, en noviembre, según ha informado la agencia iraní ‘Mizan’.
Presuntamente los dos jóvenes participaron en los disturbios que se produjeron en la localidad de Karaj, cerca de Teherán, donde intentaron cortar la autopista Karaj-Qazvin.
Durante este hecho, la agencia explica, que «mataron a cuchilladas al basiji Ruhollah Ajamian, delito por el que fueron acusadas un total de 16 personas, de las que cuatro fueron condenadas a muerte».
La condena a muerte de los jóvenes, no obstante, ha sido criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, por las violaciones a las garantías legales.
Esta ejecución se suma a las de otros cuatro jóvenes condenados a muerte por su participación en las protestas en diciembre y las 26 personas más que han sido condenadas a muerte. Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, más de 450 personas han muerto en las protestas reprimidas con contundencia por la policía iraní.
Desde Europa también se han hecho latentes los posicionamientos críticos. El ministro holandés se ha mostrado «consternado». «Las acciones de hoy de Irán subrayan la necesidad de una respuesta aún más contundente de la UE», hacía saber este pasado sábado.
La Unión Europea, por su parte, también se ha declarado «horrorizada» y ha reiterado «su oposición firme y de principios al uso de la pena capital en todo momento y en todas las circunstancias; un castigo cruel e inhumano, que no actúa como elemento disuasorio del delito y representa una negación inaceptable de la dignidad y la integridad humanas».
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