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La combinación de desinformación, difamación y financiación oscura ha definido el proyecto político de Alvise Pérez.
Luis ‘Alvise’ Pérez Fernández, agitador de extrema derecha y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, ha construido su carrera política sobre una estrategia de confrontación, desinformación y escándalo. Las múltiples condenas y denuncias acumuladas en los últimos años no solo reflejan su comportamiento en el ámbito político, sino también una peligrosa normalización de la mentira y la manipulación en la esfera pública. Desde difamaciones personales hasta casos de financiación irregular, Alvise se ha convertido en un símbolo de la deriva ultra y de la impunidad con la que determinados sectores de la política operan en España.
DIFAMACIÓN Y ATAQUES PERSONALES: UN MÉTODO DESTRUCTIVO
El historial de Alvise Pérez está marcado por una serie de acusaciones falsas y ataques personales que han terminado en los tribunales en múltiples ocasiones. Uno de los primeros casos mediáticos tuvo lugar en marzo de 2020, cuando acusó falsamente a Manuela Carmena de recibir un respirador privado para evitar acudir a un hospital público durante la pandemia de COVID-19. Carmena negó las acusaciones y presentó una demanda. En 2023, Alvise fue condenado a borrar el tuit y a pagar una indemnización de 5.000 euros, condena que fue confirmada por la Justicia en enero de 2025. Difamar y mentir son parte del manual político de Alvise, pero esta vez le salió caro.
En abril de 2020, el blanco fue Ana Pastor y la plataforma Newtral. Alvise acusó falsamente a Pastor de tener vínculos con el PSOE, lo que llevó a una demanda por intromisión en el derecho al honor. Aunque en primera instancia fue desestimada, el Tribunal Supremo finalmente condenó a Alvise en junio de 2024 a pagar 7.000 euros a Pastor por vulnerar su imagen al publicar dos fotos sin interés informativo. La estrategia es clara: sembrar dudas, atacar la credibilidad y buscar el linchamiento público.
Óscar Puente, entonces alcalde de Valladolid, también fue objeto de una campaña de desprestigio en octubre de 2020. Alvise publicó fotos y acusaciones sobre supuestos contratos irregulares y vehículos de lujo. La Audiencia Provincial terminó desestimando la querella, pero el daño público ya estaba hecho.
El ataque personal más grave hasta la fecha fue contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Alvise publicó fotos íntimas de Ábalos en su casa, insinuando que tenía problemas de salud mental. La Justicia ha sido contundente: en marzo de 2025, una jueza de Madrid condenó a Alvise a indemnizar con 60.000 euros a Ábalos por vulneración del derecho al honor y a la intimidad. La jueza fue clara: «No tiene patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político.» Una condena que refuerza el patrón de actuación de Alvise: explotar la vida privada de sus oponentes para deslegitimarles públicamente.
Incluso la familia de Pedro Sánchez ha sido blanco de sus ataques. En noviembre de 2023, Alvise difundió información privada sobre la hija de Sánchez, acusando al presidente de hipocresía. La afectada presentó una demanda por vulneración de la privacidad. Lo mismo ocurrió con la hija de Óscar Puente, cuya foto fue publicada por Alvise cuando era menor de edad. La Agencia Española de Protección de Datos le impuso una multa de 5.000 euros por esta violación.
FINANCIACIÓN IRREGULAR Y CORRUPCIÓN: EL LADO OSCURO DEL POPULISMO
El escándalo más reciente que rodea a Alvise Pérez es el cobro de 100.000 euros en efectivo y sin factura de Madeira Invest Club, una empresa vinculada al sector de las criptomonedas. El propio Alvise reconoció públicamente el cobro en septiembre de 2024, justificándolo como un pago por «servicios prestados» sin especificar en qué consistían esos servicios. La Fiscalía investiga este caso por posible financiación ilegal, ya que el pago se produjo justo antes de que Alvise iniciara una gira de mítines por España.
El trasfondo de este caso es aún más turbio. Alvise supuestamente prometió legislar a favor de los intereses del empresario Álvaro Romillo, especializado en criptomonedas, a cambio de ese pago. El caso ha llegado al Tribunal Supremo, ya que Alvise, al ser eurodiputado, está aforado.
Pero este caso de financiación irregular no es un hecho aislado. En 2021, Facua denunció a Alvise por su campaña «Gobierno Dimisión», donde vendió banderas y carteles con la imagen de Pedro Sánchez, exponiendo datos privados de clientes y usando sin permiso una obra de Carlos Spottorno. Fue sancionado por violar la protección de datos.
La combinación de desinformación, difamación y financiación oscura ha definido el proyecto político de Alvise Pérez. Su capacidad para crear narrativas falsas y movilizar a través de las redes sociales ha sido efectiva en términos electorales, pero ha dejado un reguero de condenas y problemas judiciales. La pregunta ahora es si esta estrategia de confrontación y manipulación encontrará finalmente un límite legal o si la impunidad seguirá siendo la norma para este agitador de extrema derecha.
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