Guatemala: ¿tensiones sociales con horizonte de cambio?

La pandemia del Covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota no detuvieron a la población de Guatemala en las denuncias y movilizaciones contra el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso.

Esta demanda, además, se aglutina con la exigencia de renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la salida del Pacto de Corruptos del Congreso, un ordenamiento político instaurado por el expresidente Jimmy Morales tras la posterior a la renuncia de Otto Pérez Molina en 2015.

El clamor contra la corrupción, el despojo y la desatención a las complejas situaciones socioeconómicas que enfrenta la población cotidianamente recuerdan las imágenes del 2015. Pero, ¿será esta una crisis de legitimidad o podrá incidir en la destitución de Giammattei y otros funcionarios? Y, en un escenario de las destituciones ¿cambiará algo en Guatemala? El presente artículo versa sobre las tensiones políticas recientes en Guatemala.

El conflicto: el fallido Presupuesto 2021

El despojo estructural que ha enfrentado la población resulta tierra fértil para el descontento frente al presupuesto aprobado por el Congreso para el 2021. En 2019, la vulnerabilidad de la población en Guatemala era ya desgarradora: la pobreza llegaba al 48,6% y el 65,3% de la población pertenecía al sector informal de la economía.

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), la canasta básica en el mes de febrero ascendía a la friolera de Q3543 ($460) superior al salario mínimo que en las actividades no agrícolas es de $400, en las agrícolas es de $390 y en las exportadoras y maquilas de $370. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, Guatemala tiene la sexta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta en América Latina[i].

Todas estas condiciones se agravaron con el brote pandémico del Covid-19; se estima que en el 2020 la pobreza llegue al 50,9%. Al 27 de noviembre, Guatemala tenía 121.132 casos confirmados acumulados de Covid-19 y 4.141 personas fallecidas registradas, con una tasa de mortalidad del 24,6. La gestión de la pandemia ha venido acompañada de denuncias de corrupción, malversación de fondos y, sobre todo, improvisación por parte del Gobierno.[ii] Además, el paso de Eta y Lota dejaron 350.000 personas afectadas.[iii]

El neoliberalismo imperante que arroja a la población que habita en Guatemala a la migración forzada o a la supervivencia -sumadas a la alta inseguridad- resulta tierra fértil para el descontento provocado por un presupuesto claramente antipopular que fue aprobado por el Congreso. En la madrugada del 18 de noviembre, 115 de 160 legisladores (as) aprobaron el presupuesto que regirá el próximo año.

Algunas de las estipulaciones que caldearon el descontento fueron: 1) importante asignación al servicio de la deuda;[iv] 2) los Consejos Departamentales de Desarrollo, por primera vez, manejarán un presupuesto que duplicará al de los años anteriores;[v] 3) ausencia de mecanismos de control de la asignación discrecional de los recursos destinados desde el Estado a organizaciones sin fines de lucro[vi]; 4) nula transparencia en la asignación y distribución de los fondos de rescate Covid-19 aprobado por el Congreso;[vii] 5) desfinanciamiento de programas sociales: lucha contra la desnutrición infantil, salud, educación, etc; 6) incrementa presupuesto al Parlamento Centroamericano y; 7) incremento del presupuesto de Congreso.

Ante el descontento social, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió a Giammattei vetar el presupuesto y a renunciar junto a todos aquellos funcionarios que faltaren a sus tareas. La distancia entre Castillo y Giammattei ha estado presente desde las elecciones en 2019; en el Gobierno, Castillo ha estado en desacuerdo con las tensiones generadas con el Poder Judicial y el manejo de la pandemia.

A pesar de esas críticas, el vicepresidente Castillo no está fuera de las élites gobernantes de Guatemala. Él forma parte de uno de los sectores empresariales del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). En ese sentido, las fracturas internas del Gobierno se podrían extender al sector empresarial y corresponderían a conflictos intraderecha.

Como medida de presión, el 21 de noviembre se convocaron movilizaciones en distintos sectores del país. En la capital, Ciudad de Guatemala, se dieron enfrentamientos con la Policía tras la supuesta quema del Congreso: se encontró material inflamable dentro del edificio justo en los lugares que fueron quemados, lo cual genera sospechas respecto de los verdaderos responsables del acto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la represión, y el vicepresidente Castillo pidió investigar las responsabilidades del Gobierno en la misma: 37 personas resultaron presas, entre ellas documentalistas y periodistas. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, también se sumó a las denuncias y exigió la destitución del ministro de Gobernación, Gendry Reyes.[viii]

Por su parte, Giammattei convocó la Carta Democrática de la OEA y anunció el inicio de un proceso de diálogo con el beneplácito de Almagro. En la noche del 25 de noviembre, tras una sesión de mucha tensión y con 121 votos a favor, 24 en contra y 15 ausentes, el Congreso aprobó archivar el Presupuesto 2021 y los préstamos con el Fondo Monetario Internacional que los financiaba ($594 millones). El Ejecutivo debe formular una nueva propuesta que deberá ser aprobada antes del 30 noviembre, de lo contrario regirá el presupuesto del 2020, que aumentó por la pandemia.

A pesar del retiro del presupuesto, las movilizaciones continúan. Las demandas sobre la renuncia de Giammattei siguen en pie y sectores movilizados más radicales demandan un proceso constituyente que emane desde la pluriculturalidad que habita en Guatemala. Mientras tanto, Giammattei se refugia en la represión y el Pacto de Corruptos.

Concentración, despojo, el Pacto de Corruptos y el hartazgo: los antecedentes del conflicto

Las movilizaciones sociales han sido la expresión de tensiones y conflictos en una Guatemala cooptada por amplias redes de poder y mafias conocidas popularmente como el Pacto de Corruptos. El Pacto corresponde al ordenamiento político generado a través de la figura del expresidente, Jimmy Morales, un outsider que logró llegar al Ejecutivo tras la renuncia del binomio presidencial: Pérez Molina-Baldetti, en 2015.[ix]

La renuncia de Pérez Molina y Baldetti se produjo gracias a importantes movilizaciones sociales que así lo demandaron tras conocer las redes de poder y los altos niveles de corrupción que gobernaban el país. Todo ese entramado salió a la luz gracias a las investigaciones judiciales a cargo de la Fiscalía General encabezada por Thelma Aldana y el aporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En ese sentido, el Pacto de Corruptos se convertiría en una estrategia de blindaje frente al Poder Judicial y la CICIG, que resultó muy beneficiosa para el Gobierno y las mafias. En consecuencia, Morales persiguió políticamente a la CICIG hasta lograr su expulsión antes de que culminara su mandato. Y todo ello con el beneplácito del Ejército guatemalteco.

También fue perseguida la Fiscal General, que llegó al punto de dejarla fuera de las elecciones de 2019 y encaminarla al exilio.[x] Y Jimmy Morales, reconocido como uno de los presidentes más impopulares, está aún impune: desde enero ocupa un escaño en el Parlamento Centroamericano.

En ese mismo mes, Alejandro Giammattei, del Partido Vamos, asumió la Presidencia de Guatemala. En la segunda ronda electoral obtuvo el apoyo del 57,95%, frente a un 61,41% de abstención. El abstencionismo fue el claro ganador de esa contienda y el más alto en la historia del país.[xi

Ya en el Gobierno, Giammatteil negoció con las bancadas del Pacto y logró posicionar a Allan Rodríguez, del partido oficialista, en la Presidencia del Congreso por dos años consecutivos.[xii] Aún así, tienen pendiente cooptar por completo el Poder Judicial, confrontación que ha estado en la palestra del Gobierno de Giammattei: el Congreso viene entorpeciendo las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones y otros Tribunales de misma categoría desde 2019. El mes de octubre el retraso cumplió un año.

De todas las demoras, la que ha cobrado especial atención y disputa es la de la Corte de Constitucionalidad (CC). A la CC se le venció el período en 2019 y en 2020 afrontó el faltante de tres magistrados: Consuelo Porras fue nombrada Fiscal por Jimmy Morales, el magistrado Bonerge Mejía falleció, y Neftaly Aldana cayó enfermo. Ante la supuesta preocupación de que la CC no pudiese sesionar, Alejandro Giammattei, la Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara del Agro, y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presionaron a la CSJ por el nombramiento de los magistrados (as) faltantes.

Tras la presión, la CSJ nombró a Roberto Molina Barreto como magistrado y a Jorge Rosales como suplente de la CC. Molina Barreto fue magistrado de la CC en dos ocasiones anteriores, fue quien falló a favor del dictador Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio y fue candidato a vicepresidencia junto a Zury Ríos -hija del dictador- en 2019. Tal candidatura fue detenida, en tanto personas ligadas al pasado dictatorial son ilegales en Guatemala. Por su largo historial, distintas organizaciones presentaron recursos de amparo para revertir la elección de Molina Barreto. Las resoluciones aún no han sido resueltas.

Paralelamente a la elección de Molina Barreto, el Congreso pretendió que Gloria Porras (presidenta de la CC) y el magistrado Francisco de Mata Vela fueran presentados a antejuicio por otorgar un amparo para detener un antejuicio anterior. Este proceso fue interrumpido por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien tramitó un recurso de amparo.[xiii] Ambas instancias han presentado un quiebre, no muy profundo, a la cooptación estatal del Pacto de Corruptos.

Los escenarios para un cambio real en Guatemala son complejos, casi imposibles al considerar la instalación del Pacto de Corruptos en el Estado. Este abarca el plano legislativo, ejecutivo, militar y, en menor medida, el judicial. La oposición es minoritaria y aún no hay un liderazgo claro que concentre el profundo descontento frente a la gestión de Giammattei, cuya Administración llega muy desgastada a su primer año de Gobierno.

El alcance del descontento está aún por verse y las movilizaciones no acaban; sin embargo, aún no es claro si las movilizaciones lograrán alcanzar un contexto similar al del 2015. La pregunta sobre si esta crisis política corresponde a una crisis de legitimidad o de hegemonía sigue abierta.

[i] https://www.bancomundial.org/es/country/guatemala/overview#1

[ii] https://www.celag.org/giammattei-y-una-guatemala-que-no-cambia/

[iii] https://tablerocovid.mspas.gob.gt/

[iv] [iv]https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypre21/DOCUENTOS/Traslado%206%20a%20Administrativo/01-09-2020%20-%20Separata%20de%20Reactivaci%C3%B3n%20Econ%C3%B3mica.pdf

[v] Medida controversial en tanto estas instancias han servido de portillo para acuerdos entre los Consejos y Diputados.

[vi] https://www.ine.gob.gt/ine/

[vii] https://www.plazapublica.com.gt/content/el-gobierno-de-guatemala-oculta-datos-de-los-beneficiarios-de-los-fondos-de-rescate

[viii] https://www.soy502.com/articulo/pdh-exige-destitucion-ministro-gobernacion-100931

[ix] https://www.celag.org/jimmy-morales-outsider-poder-guatemalteco/

[x] https://www.celag.org/tensiones-previas-a-la-segunda-vuelta-en-guatemala/

[xi] https://www.celag.org/guatemala-victoria-del-abstencionismo-y-la-continuidad/

[xii] https://www.celag.org/guatemala-cambio-de-gobierno-para-que-nada-cambie/