Gravar la automatización o aceptar el saqueo: la fiscalidad rendida ante la burbuja de la IA 

La automatización se presenta como progreso mientras vacía el empleo, concentra beneficios y deja a los Estados mirando cómo se les escapa la recaudación.

Es un hecho: las grandes tecnológicas están ganando más dinero con menos personas, y el sistema fiscal sigue comportándose como si nada hubiera cambiado. En plena fiebre de la inteligencia artificial, con inversiones disparadas y retornos aún difusos, la automatización se ha convertido en una coartada perfecta para precarizar, despedir y no contribuir.

La IA no llega a una economía en equilibrio. Llega a un mercado laboral tensionado, a unos Estados debilitados fiscalmente y a una desigualdad estructural que ya no necesita disimulo. La promesa de eficiencia encubre una realidad mucho más prosaica: el capital automatizado sustituye trabajo humano y se apropia del valor sin redistribuirlo. Y Hacienda llega tarde, otra vez.

CUANDO EL CAPITAL NO NECESITA TRABAJADORES

España no es un infierno fiscal, por mucho que insistan los mismos que esquivan impuestos. Recauda menos que las grandes economías europeas, incluso tras el aumento de ingresos de los últimos años. El problema no es cuánto se grava a quien vive de su salario, sino a quién no se está gravando en absoluto.

Las grandes empresas tecnológicas operan en el Estado español, venden aquí, extraen datos aquí y automatizan procesos aquí, pero declaran beneficios en otros países. El derecho tributario internacional sigue exigiendo “presencia permanente”, una categoría pensada para fábricas, no para plataformas. El resultado es conocido: empresas omnipresentes fiscalmente invisibles.

Los intentos de corregir esta anomalía tuvieron nombre y calendario. Los acuerdos de la OCDE para establecer un impuesto mínimo global a las multinacionales y para gravar los beneficios allí donde se genera el valor estuvieron cerca de prosperar. Pero el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 dinamitó el consenso. Estados Unidos se retiró de ambos pilares y la fiscalidad global volvió a quedar rehén de los intereses corporativos.

Mientras tanto, la brecha se agranda. Las grandes tecnológicas obtienen beneficios similares a los de las grandes industrias tradicionales con una fracción de la plantilla. El salario deja de ser el principal mecanismo de redistribución. Si se gana mucho con muy poca gente, el sistema fiscal se queda sin anclaje social.

Las soluciones están sobre la mesa desde hace tiempo. Reformar el Impuesto de Sociedades para que no dependa de beneficios contables fácilmente desplazables, sino de ingresos reales. Eliminar incentivos al capital hiperautomatizado. Introducir recargos en función de la sustitución neta de empleo humano. Gravar las rentas extraordinarias generadas por algoritmos. Y actuar sobre las grandes fortunas, principales beneficiarias de esta transición tecnológica, mediante instrumentos como la tasa Zucman.

No es radicalismo. Es cerrar agujeros deliberadamente abiertos.

IMPUESTOS PARA DECIDIR QUÉ TECNOLOGÍA QUEREMOS

El problema no es solo fiscal. Es político. Lo que no se mide no se gobierna, y hoy no existen indicadores suficientes para captar el impacto real de la automatización sobre salarios, despidos colectivos o condiciones laborales. La propia Agencia Tributaria admite límites técnicos. La opacidad tecnológica funciona como escudo fiscal.

Pero incluso con datos, queda la pregunta clave: para qué sirve un impuesto. Si solo recauda o si también orienta comportamientos. La fiscalidad nunca ha sido neutral. Premia y castiga. Incentiva y frena. La cuestión es a quién está protegiendo ahora.

Hablar de “impuestos a los robots” es una trampa semántica. No tributan las máquinas, tributa quien se beneficia de ellas. Las propietarias y propietarios del capital automatizado, las plataformas que ahorran costes laborales y concentran valor, las empresas que sustituyen empleo sin compensar a la sociedad.

El precedente es claro. En 2023, la huelga de guionistas de Hollywood no fue un rechazo a la tecnología, sino a su uso para sustituir trabajo creativo sin control ni redistribución. La respuesta no puede limitarse a códigos éticos o autorregulación. La fiscalidad también es una herramienta de intervención.

Existen opciones concretas. Licencias obligatorias para sistemas de IA que realicen tareas creativas. Cánones por entrenar modelos con obras protegidas. Tasas específicas a plataformas que automatizan la producción cultural, informativa y artística. Impuestos diseñados para incomodar, no para tranquilizar a los mercados.

Por eso las grandes tecnológicas reaccionan con tanta agresividad ante cualquier intento regulador. No defienden la innovación, defienden su impunidad fiscal. La burbuja de la IA crece con inversiones récord en 2024 y 2025, sin retornos claros y con una narrativa de progreso que no se traduce en bienestar colectivo.

Cuando estalle, porque todas las burbujas estallan, las pérdidas se socializarán y los beneficios ya estarán a salvo. No gravar la automatización no es prudencia económica: es una renuncia política consciente.