Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Mientras Brasil intenta juzgar un intento de golpe, Washington sopla en la nuca de sus jueces. No por justicia, sino por estrategia.
EL JUICIO QUE PONE A PRUEBA A UNA DEMOCRACIA VIGILADA
La escena parece escrita por un guionista mediocre, pero es real: un expresidente acusado de liderar un intento de golpe, militares titubeando entre la obediencia constitucional y la complicidad, y un juez amenazado desde el extranjero por hacer su trabajo. Brasil no está sólo juzgando a Jair Bolsonaro: está intentando demostrar que aún tiene un Estado de Derecho.
Desde la sala del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ha convertido el estrado en una trinchera. Cinco testigos desfilaron en las últimas semanas con más contradicciones que certezas. Dos excomandantes —uno del Ejército, otro de la Fuerza Aérea— confirmaron reuniones sospechosas con el bolsonarismo. Uno habló de “estudios constitucionales”, el otro de “una trama golpista”. Lo que para uno eran papeles legales, para otro eran borradores de un autogolpe.
Y mientras los generales se enredan entre tecnicismos y eufemismos, Moraes lanza una frase demoledora a uno de ellos: “O mintió ante la Policía Federal o miente ahora”. No es sólo una frase: es el síntoma de un país fracturado, donde ni los responsables de proteger la democracia saben si lo hicieron.
Aldo Rebelo, exministro de Lula y testigo de la defensa, se negó a contestar con un “sí” o un “no”. Se enzarzó en un duelo dialéctico con el juez, reivindicó su libertad de expresión y se llevó una amenaza de detención. Brasil se debate entre el garantismo y la necesidad de cerrar el paso a los golpistas con firmeza.
Y, mientras tanto, Bolsonaro se burla: “Una estafa de Disney con Goofy, Minnie y el Pato Donald”. Palabras de un hombre que, sabiendo que no puede volver a ser candidato hasta 2030, busca blindarse en la burla y en el caos. En Estados Unidos ya se mueve su hijo Eduardo, renunciando a su escaño y ofreciendo su exilio dorado como base de operaciones para la presión internacional.
EL FANTASMA DE TRUMP, LA AMNISTÍA Y LA PENA DE MUERTE FINANCIERA
La palabra que puede volar en pedazos el juicio no es “golpe”, sino “sanción”. Trump, reconvertido en una suerte de padrino judicial desde Washington, amenaza con activar la Ley Magnitsky contra el juez Moraes. Lo haría no por una cuestión de justicia, sino para proteger a su socio ideológico. Se sanciona al que juzga, no al que golpea.
Marco Rubio, portavoz de esta operación, ya dejó claro que “hay una gran posibilidad” de aplicar sanciones que equivaldrían a una “pena de muerte financiera”: exclusión del sistema bancario internacional, aislamiento económico y señalamiento diplomático. Una forma elegante de sabotear una democracia desde el extranjero, con leyes que nacieron para castigar a dictadores, no a magistrados.
Pero Trump no está solo. El Partido Liberal de Bolsonaro prepara una ley de amnistía, supuestamente para quienes “participaron directamente” en los actos del 8 de enero de 2023. Una redacción ambigua que, según penalistas brasileños, abre la puerta a exonerar también a quienes financiaron, instigaron o planificaron los ataques, incluyendo al propio Bolsonaro.
La jugada está clara: presión desde fuera, maniobras dentro. Por un lado, la sombra de Trump golpeando a la Justicia brasileña con sanciones. Por otro, el Partido Liberal blindando al exmandatario desde el Congreso. Es la geometría perfecta del golpismo diferido. No hace falta tanques si tienes legisladores, medios y cuentas en el extranjero.
Michelle Bolsonaro aparece ya como carta electoral para 2026, una operación de rebranding que mezcla populismo, victimismo y religión. Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, es la otra opción, pero la familia Bolsonaro no perdona la falta de servilismo total. Ni olvida ni perdona, como buen clan político.
Y mientras tanto, la diplomacia brasileña camina sobre vidrios. Lula no quiere un choque directo con Estados Unidos, pero tampoco puede quedarse de brazos cruzados. El fiscal general Jorge Messias lo dijo sin rodeos: “Un poder judicial independiente es esencial para la democracia”. Pero es una advertencia que parece gritar al vacío.
Cuando sancionar a un juez por perseguir golpistas se convierte en posibilidad real, ya no hablamos de política. Hablamos de mafia.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.