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El futuro nuclear de España se negocia en cartas privadas mientras los consumidores siguen pagando la factura del poder corporativo.
EL CHANTAJE ENERGÉTICO VUELVE A GANAR
El calendario de cierre nuclear acordado en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas parecía una línea roja. Siete centrales atómicas debían apagarse entre 2027 y 2035 para dar paso a un modelo más seguro y renovable. Hoy ese acuerdo se tambalea. Iberdrola y Endesa han enviado cartas al Ejecutivo presionando para prolongar la vida de las centrales bajo el argumento de que un cierre ordenado “encarecería la luz”. El chantaje es tan viejo como el propio oligopolio eléctrico: o aceptáis sus condiciones o amenazan con tarifas aún más abusivas.
Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, ha respondido abriendo la puerta a la prórroga, siempre que no suba la factura y haya garantías de seguridad y suministro. En la práctica, el Ejecutivo cede al terreno marcado por las empresas: los que se enriquecen con la luz dictan la política energética, mientras la ciudadanía queda relegada a mero espectador.
En paralelo, PwC ha elaborado un informe a medida para justificar la posición de las eléctricas. Hablan de pérdidas millonarias para las arcas públicas, pero omiten las cifras récord de beneficios que estas mismas compañías han acumulado en los últimos años, incluso en plena crisis energética de 2022, cuando millones de hogares en España no pudieron encender la calefacción. La narrativa es clara: los intereses de los accionistas pesan más que la transición energética y la salud pública.
UN GOBIERNO ATADO DE MANOS POR EL LOBBY ELÉCTRICO
La negociación se desarrolla en la sombra. Cartas privadas, reuniones discretas, sin debate público ni control parlamentario. La política energética de un país entero se cocina al gusto de tres consejos de administración. Iberdrola, Endesa y Naturgy manejan el calendario nuclear mientras pleitean contra el Estado para arrancar compensaciones por valor de 778 millones de euros. La partida es amplia y el mensaje brutal: si el Gobierno no les da lo que piden en materia fiscal, retrasarán inversiones, cerrarán plantas o dispararán litigios.
La presión es tan grande que gobiernos autonómicos empiezan a plegarse. Carlos Mazón (PP) eliminó en València la ecotasa nuclear para beneficiar a Cofrentes, con el apoyo de Vox. En Extremadura, María Guardiola recibe presiones para perdonar impuestos a Almaraz. Las comunidades compiten en dumping fiscal para favorecer a las eléctricas mientras la ciudadanía paga los costes medioambientales, sanitarios y sociales de mantener viva una tecnología sucia y peligrosa.
El Consejo de Seguridad Nuclear apenas asoma en este pulso. Los riesgos de ampliar la vida útil de centrales envejecidas se subordinan a la lógica del beneficio rápido. Las inversiones en renovables se frenan porque las nucleares, apuntaladas por privilegios fiscales, ocupan espacio en la red eléctrica. España pierde años vitales para una transición justa y democrática mientras los grandes del sector compran tiempo y poder.
Cada carta intercambiada es un recordatorio de que la supuesta liberalización del mercado eléctrico es una farsa. Tres empresas deciden el precio de la luz, las reglas fiscales y ahora la estrategia energética nacional. El Gobierno, lejos de romper esa captura corporativa, busca fórmulas para contentarlas.
El país que presumía de “liderar la transición verde” termina negociando a puerta cerrada cuánto más se prolongará la era nuclear, cuánto pagarán en impuestos las multinacionales y cuánto tendrán que aguantar las y los ciudadanos una factura eléctrica que ya se traga buena parte de sus sueldos.
El poder corporativo no se combate con cartas amistosas ni cesiones fiscales. Se enfrenta con control público, expropiaciones y una transición energética que deje de ser rehén del lobby eléctrico. Hasta entonces, la luz seguirá siendo su negocio y nuestra condena.
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