El arancel del 50% no es economía, es una declaración de guerra política contra Lula y contra la justicia brasileña.
UNA SANCIÓN HECHA A MEDIDA DE UN GOLPISTA
Donald Trump ha convertido la política comercial en un arma mafiosa. El presidente de Estados Unidos ha roto cualquier negociación con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha impuesto un arancel del 50% a Brasil, el más alto del mundo en este momento, para “proteger la seguridad nacional estadounidense”. La realidad es mucho más sucia: el castigo es un mensaje claro a la justicia brasileña, que tiene contra las cuerdas a Jair Bolsonaro, el expresidente ultraderechista procesado por liderar un intento de golpe de Estado en 2023.
El decreto firmado por Trump invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, diseñada para actuar frente a amenazas externas. ¿Cuál es la amenaza? Que un juez brasileño se atreva a procesar a un aliado del trumpismo internacional. Ni el comercio, ni la balanza económica –que beneficia a EE.UU.– justifican una medida así. El único objetivo es doblegar a un país soberano a base de chantaje económico para salvar a un presunto golpista que podría ser condenado hasta 43 años de prisión en septiembre.
Los detalles son reveladores. Embraer, empresa clave para aerolíneas estadounidenses, queda fuera del castigo. También ciertos minerales estratégicos. La “defensa nacional” no llega hasta donde afectaría a los negocios del propio Trump. El arancel no es una medida comercial: es un acto de guerra política con excepciones para los amigos del dinero.
ATAQUE A LA JUSTICIA Y AMENAZA A LA DEMOCRACIA
El blanco principal no es Lula, es la independencia judicial de Brasil. Alexandre de Moraes, juez del Supremo que investiga el golpe bolsonarista, ha sido sancionado por Estados Unidos. Se le han bloqueado bienes, revocado visados y prohibido operaciones financieras con empresas estadounidenses. La Casa Blanca lo acusa de “censura y violación de derechos humanos” por aplicar leyes brasileñas contra la desinformación y el discurso de odio en redes sociales, leyes que incluso obligaron a Elon Musk a acatar decisiones judiciales tras semanas de bloqueo de X en Brasil.
El mensaje es claro: si un juez se atreve a investigar a un ultra, será tratado como enemigo del imperio. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lleva meses instalado en Washington presionando por esta ofensiva. Ayer celebraba el tarifazo como un “hito histórico” y volvía a exigir amnistía para su padre y los demás golpistas. El trumpismo y el bolsonarismo actúan como un bloque único, coordinado, con un mismo objetivo: borrar las consecuencias del asalto a la democracia y castigar a quien no lo consienta.
Mientras tanto, Lula ve cómo un país de 215 millones de habitantes paga el precio de una política exterior convertida en vendetta personal. Trump convierte a Brasil en rehén económico para mandar un mensaje global: la extrema derecha no rinde cuentas ante la justicia. La democracia brasileña es la víctima colateral de un pacto internacional entre mafiosos políticos.
El arancel del 50% no es comercio, es un golpe sin tanques ni bayonetas. Es la advertencia de un imperio que se siente con derecho a dictar sentencias a miles de kilómetros, premiar a golpistas y castigar a los pueblos que intentan ponerles límites. Una señal de que, con el trumpismo al mando, la ley se dobla para los ultras y se aplasta para todos los demás.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…