Glifosato, urnas y cinismo: el trumpismo sacrifica la salud por la industria química 

La orden ejecutiva de Trump para blindar la producción de glifosato dinamita su propia coalición “Make America Healthy Again” a meses de las elecciones de mitad de mandato de 2026

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha salido a justificar lo injustificable. Defendió públicamente la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que impulsa la producción nacional de glifosato, el herbicida más utilizado en Estados Unidos y principio activo del Roundup, hoy en manos de Bayer tras la compra de Monsanto.

Trump invocó la Ley de Producción para la Defensa con el argumento de la “seguridad nacional”, obligando a reforzar la fabricación doméstica de fósforo elemental y herbicidas a base de glifosato. Según la Casa Blanca, la escasez de estos insumos pondría en riesgo tanto la seguridad alimentaria como la capacidad militar del país. La salud pública queda subordinada a la geopolítica y al agronegocio.

Kennedy, que construyó parte de su carrera denunciando los riesgos de ciertos químicos, afirmó que la orden “pone a América primero” y protege la preparación defensiva y el suministro de alimentos. El mismo Kennedy que, como abogado ambiental, ganó un caso de 290 millones de dólares contra Monsanto por un demandante que atribuía su cáncer al Roundup. El mismo Kennedy que ahora respalda una medida que fortalece la cadena de producción del compuesto que su base política detesta.

La decisión se produjo apenas un día después de que Bayer propusiera pagar 7.250 millones de dólares para cerrar litigios que sostienen que el glifosato provoca cáncer. La cifra no es menor. Tampoco lo es el mensaje: mientras las multinacionales negocian miles de millones para silenciar demandas, el Gobierno acelera la producción del químico cuestionado.

LA FRACTURA DE MAHA ANTE LAS ELECCIONES DE 2026

El movimiento “Make America Healthy Again” fue clave en la victoria electoral de Trump en 2024. Su narrativa mezclaba desconfianza hacia las farmacéuticas, crítica a los aditivos alimentarios y rechazo frontal a pesticidas como el glifosato. Hoy, esa coalición se resquebraja.

Activistas como Kelly Ryerson, conocida como “The Glyphosate Girl”, denunciaron en redes que el presidente está ampliando la producción del “mismo pesticida carcinógeno que más preocupa a MAHA” justo cuando la base comienza a decidir qué hacer en las elecciones legislativas de 2026. Ken Cook, presidente de Environmental Working Group, fue más lejos al afirmar que la medida es “un gesto obsceno hacia cada madre MAHA”.

No es una disputa menor. En noviembre de 2026 se celebran las elecciones de mitad de mandato que podrían erosionar el control republicano del Congreso. El trumpismo necesita cohesión, pero ofrece contradicción.

La propia Marjorie Taylor Greene criticó la orden ejecutiva por proteger un químico que, en sus palabras, causa cáncer en los alimentos. El enfrentamiento ya no es entre demócratas y republicanos. Es interno. Es ideológico. Es electoral.

AGRONEGOCIO, DEFENSA Y LA NORMALIZACIÓN DEL RIESGO

El glifosato es fundamental para cultivos como el maíz y la soja en Estados Unidos. Las y los representantes del sector agrícola lo defienden como insumo crítico. El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara, G.T. Thompson, agradeció públicamente a Trump el reconocimiento de la importancia de los herbicidas a base de glifosato.

El argumento oficial es claro: sin producción interna de fósforo elemental y glifosato, la cadena alimentaria y ciertos materiales militares quedarían expuestos a “actores hostiles”. La lógica es militarizar la agricultura y blindar la industria química bajo el paraguas de la seguridad nacional.

Mientras tanto, el Congreso debate una ley agrícola que incluiría disposiciones para impedir que los estados y municipios adopten regulaciones más estrictas sobre pesticidas que las federales. Es decir, centralizar la permisividad. Uniformar por abajo.

La cuestión científica sigue siendo objeto de controversia. Organismos reguladores estadounidenses han defendido que el glifosato es seguro cuando se usa según las indicaciones, mientras que miles de demandas civiles sostienen lo contrario. El debate técnico se convierte en arma política. Y la salud de agricultoras y agricultores, de consumidoras y consumidores, queda atrapada entre informes contradictorios y presiones corporativas.

Aquí no hay romanticismo rural. Hay balances trimestrales. Hay mercados de futuros. Hay exportaciones. Y hay un Gobierno que invoca la defensa nacional para reforzar la producción de un compuesto cuya reputación está erosionada por años de litigios.

La pregunta no es solo si el glifosato es seguro. La pregunta es por qué, ante la duda, se elige siempre el lado de la industria y nunca el de la precaución.

El trumpismo prometió limpiar el sistema alimentario. Hoy prioriza la autosuficiencia estratégica en herbicidas. La coalición que gritaba contra los químicos observa cómo su propio líder firma órdenes que consolidan su producción. Y Kennedy, el antiguo azote de Monsanto, avala la jugada.

En Washington se habla de seguridad nacional. En los campos se habla de rendimiento. En los tribunales se habla de cáncer. En las urnas de 2026 se hablará de coherencia. Porque cuando la retórica sanitaria se dobla ante el complejo agroindustrial, lo que queda no es patriotismo. Es poder sin pudor.