España exige a Israel la liberación inmediata del activista hispano-palestino Saif Abukeshek 

La detención del activista en aguas internacionales convierte la ayuda humanitaria a Gaza en un nuevo campo de abuso político, jurídico y diplomático.

Israel mantiene detenido al activista hispano-palestino Saif Abukeshek desde el pasado jueves, cuando fue interceptado en aguas internacionales mientras participaba en la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza. El caso ha abierto una crisis diplomática evidente. No menor. El Gobierno español ha exigido su “liberación inmediata” y ha calificado la detención como “ilegal”, mientras aumenta la presión consular y política para garantizar sus derechos.

La situación vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa: qué queda del derecho internacional cuando un Estado puede abordar embarcaciones civiles fuera de sus aguas, detener a activistas humanitarios y después construir acusaciones gravísimas sin presentar cargos formales claros.

UNA DETENCIÓN EN AGUAS INTERNACIONALES

Abukeshek fue detenido junto al activista brasileño Thiago de Ávila. Ambos participaban en una flotilla con destino a Gaza. No llevaban armas. No iban a invadir nada. Formaban parte de una acción humanitaria y política contra el bloqueo. Pero Israel ha decidido tratar esa protesta como una amenaza de seguridad. La vieja fórmula. Convertir la solidaridad en delito y la desobediencia civil en terrorismo.

La defensa legal, asumida por la ONG Adalah, sostiene que el procedimiento es “fundamentalmente defectuoso e ilegal”. Las abogadas Hadil Abu Salí y Lubna Tuma defendieron ante el tribunal que Israel no tiene base jurídica para aplicar cargos fuera de su territorio. Es decir, no basta con detener. Hay que poder justificarlo. Y ahí empieza a crujir todo.

Los fiscales israelíes han señalado a Abukeshek y De Ávila por supuestos delitos como “colaborar con el enemigo en tiempos de guerra”, “contactar con un agente extranjero” o “pertenencia a una organización terrorista”, en referencia a Hamás. La defensa denuncia que no se han presentado cargos formales hasta ahora. La gravedad de las acusaciones contrasta con la debilidad del procedimiento. Mucho ruido penal. Poca base jurídica.

Un tribunal de Ashkelon ha decidido extender la detención hasta el martes. La Fiscalía pedía más, pero la resolución mantiene a ambos activistas en una situación de enorme preocupación. Permanecen en la prisión de Shikma, bajo interrogatorio constante y en huelga de hambre. Es una escena demasiado conocida: activistas aislados, Estado armado, derecho internacional reducido a decoración diplomática.

ESPAÑA PRESIONA, ISRAEL RETIENE

El Gobierno español ha activado la vía consular desde el primer momento. El cónsul de España en Tel Aviv asistió a la vista judicial junto a Abukeshek y ha solicitado nuevas visitas para comprobar su estado. También ha trasladado su intención de verlo tantas veces como sea posible. No es un detalle menor. Cuando una persona ciudadana española queda bajo custodia de un Estado extranjero tras una detención cuestionada, la presencia consular no es cortesía. Es protección.

El Ejecutivo también mantiene contacto con la familia del activista. Esa presión diplomática es necesaria, aunque llega dentro de un tablero profundamente desigual. Israel sabe que durante años ha actuado con una impunidad política casi blindada. Sabe que demasiados gobiernos europeos protestan con una mano y firman acuerdos con la otra. Sabe que la palabra “seguridad” se ha usado para tapar demasiadas violaciones de derechos.

La denuncia de Adalah eleva todavía más la gravedad del caso. Según la organización, los propios detenidos relataron “graves abusos físicos que constituyen tortura”, incluyendo palizas, aislamiento y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante días en alta mar. Si estas denuncias se confirman, no estaríamos solo ante una detención ilegal. Estaríamos ante una maquinaria de castigo contra quienes intentan romper el cerco político y humanitario sobre Gaza.

La organización considera que el proceso funciona como una “medida de represalia contra líderes activistas humanitarios” y exige su liberación inmediata e incondicional. La frase importa. Represalia. No justicia. No seguridad. Represalia contra quienes incomodan, contra quienes documentan, contra quienes ponen el cuerpo donde los gobiernos ponen comunicados.

Este caso no va solo de Saif Abukeshek, aunque su vida y sus derechos estén ahora en el centro. Va de algo más amplio y más brutal. Va de si ayudar a Gaza puede convertirse en una excusa para detener personas en aguas internacionales. Va de si Israel puede seguir estirando la legalidad hasta romperla. Va de si Europa va a defender de verdad a sus ciudadanas y ciudadanos o va a seguir administrando su indignación con calculadora diplomática.

Porque cuando un Estado detiene a activistas humanitarios, los interroga, los mantiene bajo custodia y los acusa sin una base formal clara, el problema no es la flotilla. El problema es el poder que se cree dueño del mar, de la ley y del silencio.