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Una de cada cinco niñas en el mundo se casa o vive en una unión libre antes de cumplir 18 años.
Una niña de 14 años, identificada como Anayeli, fue encarcelada durante varias horas por la policía tras intentar huir para evitar casarse por dinero con un chico menor de edad, un acuerdo de matrimonio forzado que habían negociado sus familiares en el estado mexicano de Guerrero.
La familia de la menor, que vive en la comunidad indígena de Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, recibiría a cambio unos 200.000 pesos, casi 10.000 dólares, después de que un primo suyo negociara su casamiento forzado.
Anayeli fue capturada en la noche del lunes por policías comunitarios de Joya Real y estuvo más de un día privada de su libertad sin agua ni comida hasta que, gracias a la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue rescatada y puesta a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en la ciudad de Tlapa, según informó la organización en un comunicado de prensa publicado el miércoles.
La menor pidió auxilio a su comunidad y terminó por refugiarse en casa de un vecino. La Policía Comunitaria de Joya Real fue a buscarla, pero en lugar de rescatarla Anayeli fue encarcelada por las autoridades además del vecino que le dio refugio, el primo que negoció su venta y un tío de la niña que le habría avisado sobre el eventual acuerdo de matrimonio forzado.
A pesar de que el matrimonio entre menores de edad en México fue prohibido por ley en 2019, en comunidades indígenas de México que se rigen por usos y costumbres siguen teniendo lugar estas uniones a cambio de un pago, que lo mismo puede ser con dinero que con animales y hasta bebidas alcohólicas.
El Centro Tlachinollan tuvo conocimiento de que el miércoles 24 de noviembre se realizarían varias fiestas en Joya Real por el casamiento forzado de otras cuatro menores de edad.
Desde el Centro lamentan la «gran desatención» de las autoridades en los casos de matrimonios forzados. «Prevalece una visión machista en varios funcionarios municipales que llegan a justificar estas acciones ilegales», denunció la organización.
Otro caso es el de una niña de 15 años que el pasado 9 de octubre fue detenida por huir después de que su suegro intentase violarla. En este caso la menor fue obligada a contraer matrimonio con un hombre que vive en Estados Unidos a cambio de unos 6.000 dólares.
Repercusiones
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a nivel mundial, una de cada cinco niñas se casa o vive en una unión libre antes de cumplir 18 años. Estas niñas víctimas del casamiento forzado «tienden a recibir un menor nivel de educación», ya que son obligadas a abandonar la escuela para hacerse cargo de las labores del hogar.
UNFPA advierte que es frecuente que a estos casamientos le siga un embarazo, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Además, en muchas ocasiones, las niñas y menores de edad se ven expuestas a infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH.
Según cifras oficiales, unas 3.000 niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años dieron a luz en Guerrero en 2020, algunas de ellas dentro de estos matrimonios arreglados.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
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No es turismo. Es extracción.