El Tribunal de Cuentas ha expedientado al partido ultra Vox por financiación irregular, lo que pone de manifiesto serias preocupaciones sobre las prácticas financieras de la formación. Según las fuentes del Tribunal, Vox ha cometido dos infracciones continuadas muy graves al aceptar «miles de donaciones finalistas» que están prohibidas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 2007. Estas donaciones finalistas, que se utilizaron para pagar la fianza de la querella contra Quim Torra y para apoyar a un joven condenado en un caso de homicidio, podrían resultar en multas por un total de más de 233.000 euros.
Esta situación plantea cuestionamientos serios sobre las prácticas de financiamiento de Vox y la manera en que la formación política ha gestionado estas donaciones. A pesar de que en su página web Vox obliga a los donantes a reconocer que las donaciones deben ser «no finalistas» y tener «carácter irrevocable» de acuerdo con la ley, el Tribunal de Cuentas argumenta que estas donaciones eran manifiestamente irregulares y no cumplían con los requisitos legales.
Vox ha argumentado que la ley no prohíbe todas las donaciones finalistas, sino solo aquellas en las que la finalidad viene fijada por el donante, y que cuando es el partido el que establece la finalidad de las donaciones, estas no están condicionadas por los donantes. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas contradice esta interpretación y afirma que la ley prohíbe las donaciones finalistas en varios de sus apartados, no solo para evitar que el donante imponga obligaciones a los partidos políticos, sino también porque las donaciones finalistas deben ser devueltas si no se logra su objetivo.
El expediente sancionador abierto por el Tribunal de Cuentas contra Vox plantea serias preguntas sobre la conducta financiera del partido, lo que podría llevar a multas significativas. Esta situación se suma a las preocupaciones previas sobre la orientación política de Vox, que algunos críticos califican como extrema derecha o ultraderecha.
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