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Rita Barberá ya había declarado ante el Tribunal Supremo por el presunto ‘pitufeo’ en el grupo municipal de PP que ella dirigía.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado auto de procesamiento contra 49 investigados en el conocido como ‘caso Taula’, entre los que se encuentran concejales, asesores y miembros del Grupo Municipal Popular en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de la ciudad, por un delito de blanqueo de capitales en las elecciones locales de 2015. El magistrado también acuerda procesar al Partido Popular como persona jurídica.
El caso Taula saltó a la luz a principios de 2016 cuando la Unidad Central operativa de la Guardia Civil irrumpió en el Consistorio para recabar documentación por un supuesto caso de blanqueo perpetrado por medio centenar de concejales y asesores poco antes de las elecciones municipales de 2015.
Los encausados recibieron supuestamente dinero negro por parte de algunos responsables del partido, hasta 1.000 euros cada uno de ellos, y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015. Esta es una maniobra ilícita conocida como ‘pitufeo’.
La investigación revela de un «modo diáfano» que entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad de Valencia «ingresó y destino a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente y muy especialmente en la campaña del 2007».
49 excargos
Por lo tanto, son 49 los excargos que se quedan al borde del banquillo acusados de blanqueo de capitales, además del propio partido como persona jurídica y el que fuera mano derecha de Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau.
Algunos de los encausados como el asesor Luis Salom o el exconcejal de Deportes, Cristóbal Grau, forman parte del actual grupo municipal popular que dirige la portavoz María José Catalá.
Rita Barberá había declarado ante el Tribunal Supremo por el presunto ‘pitufeo’ en el grupo municipal que ella dirigía. Esta situación provocó que las Corts Valencianes aprobaran por unanimidad, incluidos los diputados del Partido Popular, una resolución por medio de la cual exigían a Rita Barberá que renunciara al acta de senadora autonómica «para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos».
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