El llanto llega tarde: el novio de Ayuso intenta reescribir su propio escándalo fiscal 

Después de meses de maniobras, filtraciones y favores políticos, Alberto González Amador vuelve al foco intentando presentarse como víctima.

UN CASO QUE NUNCA DEJÓ DE GIRAR

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, declaró ante el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo había “matado públicamente”. Según él, desde que se filtró su negociación con la Fiscalía para confesar delitos fiscales y evitar la cárcel, pasó a ser “el delincuente confeso de España”.

Pero llorar es tarde. González Amador no cayó del cielo en este proceso: lo hizo de la mano de un largo historial de operaciones opacas, contratos a dedo y movimientos financieros sospechosos que llevan años rondando su nombre y el de su entorno político. El relato de víctima que ahora ensaya en el juicio choca con meses de maniobras mediáticas y judiciales destinadas a desviar la atención de lo esencial: el fraude fiscal cometido durante los años de mayor facturación de su entramado empresarial mientras su pareja gobernaba Madrid.

En su declaración, el empresario repitió que “estaba muerto” y que el fiscal lo “destrozó”. Pero lo que en realidad lo sepultó fueron sus propios correos electrónicos, donde su abogado ofrecía un pacto para reconocer los delitos. Correos que, como confirmó después la Fiscalía, existían y eran verídicos. El 2 de febrero de 2024 su defensa propuso un acuerdo para reconocer los hechos. El 13 de marzo, la SER publicó la historia. Al día siguiente, la Fiscalía lo documentó todo con una nota oficial.

La reacción de la presidenta madrileña fue inmediata: acusó al fiscal general de filtrar información y lanzó una campaña institucional contra la Fiscalía del Estado, amplificada por la maquinaria mediática de la derecha madrileña. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), llegó a justificar el bulo de la “confesión falsa” como “una deducción lógica”. Lo que se deduce, más bien, es el intento desesperado de convertir un caso de fraude fiscal en una conspiración política.

UN ROMPECABEZAS DE FAVORES, BULOS Y CONTRATOS

El novio de Ayuso no es un ciudadano cualquiera. Es un empresario vinculado al sector sanitario, que durante los años de pandemia multiplicó contratos con el Gobierno madrileño mientras se beneficiaba de sociedades pantalla y maniobras de ingeniería fiscal. La Agencia Tributaria lo investiga desde hace años por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

Desde entonces, el caso ha dado más vueltas que una cometa en tormenta:
— Primero, trató de llegar a un pacto de confesión.
— Luego, denunció ser víctima de filtraciones.
— Después, su entorno político atacó a la Fiscalía y acusó al Estado de “lawfare”.
— Finalmente, hoy se sienta a declarar, no como arrepentido, sino como mártir mediático.

El intento de reescribir la historia es evidente: quienes antes defendían que todo era un montaje ahora se presentan como víctimas de un poder judicial que, curiosamente, hasta hace poco consideraban dócil. Pero los hechos no cambian. Hubo correos. Hubo un intento de acuerdo. Hubo fraude. Y hubo una maquinaria de poder que intentó taparlo todo.

Mientras tanto, Ayuso continúa gobernando con un discurso de “libertad” que oculta una red de intereses empresariales y mediáticos diseñada para blindarla a cualquier coste. Su entorno más cercano —desde asesores hasta comunicadores afines— ha dedicado meses a sembrar dudas sobre la Fiscalía, aunque los tribunales han confirmado que la información publicada era veraz y de interés público.

El círculo de poder de la Puerta del Sol lleva años funcionando como un escudo mediático y judicial, y González Amador es solo el rostro más torpe de esa estructura. Su llanto ante el Supremo, con frases como “me destrozaron” o “me mataron públicamente”, es el último capítulo de una estrategia que busca victimizar al poder mientras criminaliza a quien investiga.

El problema no es que el novio de la presidenta llore, sino que durante años ha operado amparado por el silencio institucional y el ruido propagandístico.

Porque mientras él se lamenta ante las cámaras, las enfermeras y enfermeros siguen sin contratos estables, las y los sanitarios públicos atienden bajo mínimos y la universidad madrileña denuncia “asfixia económica”. El verdadero daño público no lo hizo un correo filtrado, sino una política basada en la impunidad de quienes mandan.

Y aunque ahora Alberto González Amador intente vender que lo han “matado públicamente”, la autopsia política ya estaba escrita: la firmó su propio correo electrónico.