El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León 

Negaron una ley clave contra incendios y hoy el fuego devora patrimonio, bosques y vidas rurales

NEGACIONISMO CLIMÁTICO CON SELLO POLÍTICO

En Castilla y León, el fuego no solo se propaga con chispas, rayos o negligencias humanas. También con votos. En octubre de 2024, PP y Vox bloquearon en las Cortes autonómicas la Proposición de Ley de Bomberos y Bomberas Forestales. Era la única norma que planteaba un operativo público, estable y coordinado durante todo el año para prevenir catástrofes como la que hoy arrasa Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) y obliga a desalojar pueblos en León, Ávila, Zamora y Palencia.

La votación fue clara: 43 votos en contra frente a 37 a favor. El PP la despreció como un “brindis al sol” y Vox la tachó de “ideológica” por incluir lenguaje inclusivo. Mientras tanto, más de 4.000 profesionales forestales siguen precarizados, con contratos temporales, medios insuficientes y operativos que desaparecen en invierno. El modelo es un manual de cómo convertir el monte en pólvora.

No es un accidente político. En 2018, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ya había sentenciado que mantener un dispositivo antiincendios todo el año era “absurdo y un despilfarro”. Hoy, con el cambio climático multiplicando olas de calor y sequías, esas palabras suenan como una condena escrita antes del incendio.

EL COSTE DE LA PRECARIEDAD Y LA NEGACIÓN

Las brigadas denuncian que se han reducido torres de vigilancia (de unas 200 a la mitad en Palencia) y sustituido por cámaras ineficaces. Que la planificación de prevención se limita a la temporada alta, dejando el monte abandonado el resto del año. Que la Junta presume de inversiones millonarias (74 millones, según Mañueco) pero mantiene un modelo reactivo que llega tarde y mal, como en la Sierra de la Culebra en 2022, cuando se quemaron más de 60.000 hectáreas.

El negacionismo climático, convertido en política presupuestaria, es gasolina para las llamas. Y cuando esa política se combina con la desprotección laboral y la privatización encubierta del operativo, el resultado es un cóctel perfecto para que un rayo, una chispa o una imprudencia arrasen patrimonio natural y económico.

La emergencia no distingue entre ideologías. Las olas de calor más largas, la sequía estructural y la alteración de lluvias crean condiciones para incendios más intensos y rápidos. Negar esa relación es un riesgo para la seguridad de miles de personas y una sentencia contra la economía rural que depende del monte vivo.

PP y Vox han preferido mantener su cruzada ideológica contra una ley que reconocía derechos laborales y garantizaba la profesionalización del operativo. El precio lo pagan las y los trabajadores que se juegan la vida sin garantías, los pueblos que pierden su entorno y un patrimonio forestal que se extingue entre llamas.

No es una cuestión de gasto. Es una cuestión de supervivencia.