La Comunidad de Madrid denunció por primera vez cuatro meses después de que la Policía Nacional iniciara la investigación.
Recientemente se daba a conocer que la Policía Nacional ha detenido a los 37 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a 10 menores.
La banda detenida en la Comunidad de Madrid obligaba a consumir y distribuir sustancias estupefacientes, según han informado fuentes policiales.
Entre los arrestados está un hombre, ecuatoriano de 65 años, que se encuentra en prisión acusado de matar a otro de un puñetazo el 12 de agosto de 2021 en la avenida de Monte Igueldo, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Otro de los detenidos es un cantante de rap de YouTube, conocido como Saymol Fyly, con más de 150.000 suscriptores en esta red social.
La investigación comenzó el pasado mes de abril, cuando los agentes descubrieron que una menor se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia.
Durante sus ausencias, mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes han dilucidado las investigaciones.
A raíz de este hecho se amplío, ya que otras compañeras de esta menor también realizaban las mismas fugas con el mismo objetivo.
La policía ha matizado que los integrantes de la banda contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
En algunos casos las obligaban a distribuir ellas mismas la droga, a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores.
En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban al polígono Marconi donde ofrecían a los compradores de la droga mantener relaciones sexuales con ellas.
La Policía se ha incautado también de sustancias estupefacientes, útiles para su venta y consumo, un arma de fuego, un machete, dinero en efectivo y diverso material informático.
A los arrestados se les acusa de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública.
La relación de la Comunidad de Madrid
Tras ser desmentida su vinculación por la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso insiste en que la denuncia del caso de las niñas tuteladas prostituidas y drogadas partió de la misma Comunidad, pero según se desprende de las diligencias, a las que ha accedido laSexta, la Policía llevaba cuatro meses siguiendo la pista de esta red.
La investigación comenzó el 15 de abril gracias a la información aportada por una ciudadana. Así lo demuestra el informe policial, que expone que «se iniciaron a raíz de informaciones de la ciudadana (…), quien informó sobre la situación de una menor de trece años de edad, la cual pudiera encontrarse ejerciendo la prostitución con la anuencia de su padre».
Solo entonces, después de investigar, la Policía descubrió que la niña estaba en un centro de menores, tal y como apuntan las diligencias: «Se tuvo constancia que la testigo protegido (…) se encontraba tutelada por la Comunidad de Madrid».
Dos meses después de iniciar la investigación, la Policía tomó declaración de uno los educadores del centro de menores. «Se procedió a tomar declaración al educador de la residencia infantil donde se encontraba la menor (…) informando cómo (…) se fugaba habitualmente del centro, y cuando regresaba, lo hacía en unas condiciones de desamparo total, sucia, con aspecto de ‘yonki'», señala el auto.
La residencia confirmó a la Policía que sabían que consumía droga, que tenía sarna y que practicaba sexo de riesgo. En agosto, la Policía descubrió que había otra menor «de 14 años» en circunstancias similares que «solicitó ayuda en vía pública refiriendo haber sido retenida en un local durante tres días y haber sido violada».
Es entonces, el 1 de septiembre, cuando un centro de la Comunidad de Madrid puso la primera denuncia sobre el caso. Y lo hizo porque así lo recomendaron los agentes: «Se decidió al objeto de iniciar los trámites de protocolo de delitos sexuales, la necesidad de que al menos desde el propio centro de menores se interpusiera denuncia, motivo por el que finalmente se interpuso».
Es decir, la Comunidad de Madrid denunció por primera vez cuatro meses después de que la Policía Nacional iniciara la investigación.
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