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Tras el revés del Supremo, la Casa Blanca responde castigando a quienes pagan la factura
El 21 de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó un golpe jurídico a la deriva autoritaria de la Casa Blanca. En una sentencia de 6 votos frente a 3, redactada por el presidente del alto tribunal, John Roberts, el Supremo dejó claro que “nada” en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) permite al presidente imponer aranceles de forma unilateral. Era un recordatorio básico: el comercio no es un juguete presidencial.
La respuesta no tardó ni 24 horas.
Primero, el presidente anunció un arancel global del 10% amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Después, en la mañana del 22 de febrero de 2026, elevó la apuesta en su red social: 15% para todas las importaciones. Un incremento inmediato, presentado como una gesta patriótica y no como lo que es: un impuesto indirecto que pagarán trabajadoras y trabajadores en la caja del supermercado.
UN IMPUESTO DISFRAZADO DE PATRIOTISMO
Los aranceles no los paga “China”, ni “Europa”, ni “los países que nos han estado robando durante décadas”, como repite el presidente. Los pagan quienes compran bienes importados y quienes producen con insumos importados. Es decir, casi todo el mundo en una economía globalizada.
Un 15% adicional sobre productos de consumo, piezas industriales, tecnología o alimentos no es un gesto simbólico. Es un traslado directo de renta desde las familias hacia el Estado, y desde el pequeño comercio hacia las grandes corporaciones que pueden absorber o repercutir el coste con mayor facilidad. Lo explicó el senador Ed Markey, que denunció que estas políticas han generado “dolor en la economía real” durante el último año. Su informe sobre pequeñas empresas advertía de que los aranceles están haciendo la vida “inasequible” para millones de negocios y sus clientas y clientes.
No es una metáfora. Cuando se encarece un componente importado, sube el precio final. Cuando sube el precio final, se reduce el consumo o se recortan salarios. Cuando se recortan salarios, el supuesto patriotismo se convierte en precariedad.
El propio estratega demócrata Jon Cooper recordó que la Sección 122 de la ley de 1974 exige condiciones de emergencia económica que no se han acreditado. Es decir, la Casa Blanca intenta forzar una herramienta legal pensada para crisis excepcionales y convertirla en un mecanismo estructural de financiación política.
No es proteccionismo inteligente. Es improvisación punitiva.
EL DESPRECIO A LA LEY COMO MÉTODO DE GOBIERNO
La gravedad no reside solo en el porcentaje. Reside en la secuencia. El 21 de febrero de 2026 el Supremo dice que el presidente no puede usar la IEEPA de 1977 para imponer aranceles. El 22 de febrero de 2026, el presidente responde buscando otro atajo legal. No hay autocrítica. No hay respeto institucional. Hay una pulsión: ganar, aunque sea contra su propio pueblo.
El ex candidato presidencial Tom Steyer fue directo: calificó la medida como “un impuesto del 15% salido de sus bolsillos para alimentar su ego desquiciado”. Más allá del tono, la cuestión de fondo es seria. Cuando el Ejecutivo reacciona a un límite judicial redoblando la apuesta, lo que está en juego no es solo el comercio exterior. Es la arquitectura constitucional.
La Constitución estadounidense atribuye al Congreso la potestad de regular el comercio. Sin embargo, durante años, el legislativo —controlado por el Partido Republicano— ha evitado confrontar abiertamente estas decisiones. Solo seis congresistas republicanos votaron recientemente junto a la oposición para condenar los aranceles sobre Canadá. Seis en una cámara de 435 miembros. El dato es elocuente.
La bolsa abrió el viernes con volatilidad. Las empresas que dependen de cadenas globales ajustaron previsiones. Las pequeñas y medianas empresas celebraron la sentencia judicial, conscientes de que habían sido ellas quienes impulsaron el litigio. “Las pequeñas empresas son nuestro país”, dijo Markey. No es una consigna. Es una descripción sociológica.
En el fondo, el conflicto revela algo más profundo que una disputa arancelaria. Revela una concepción patrimonial del poder. El comercio internacional se convierte en herramienta para castigar a adversarios políticos, para cohesionar una base electoral y para alimentar una narrativa de agravio permanente.
El problema es que los números no entienden de narrativa. Un 15% adicional sobre miles de millones en importaciones se traduce en inflación, en tensiones diplomáticas y en litigios judiciales. Se traduce en facturas más altas y en incertidumbre para quienes viven al día.
Gobernar no es vengarse de un tribunal. Gobernar no es subir impuestos por despecho. Gobernar debería ser proteger a quienes trabajan, producen y consumen.
Cuando el poder convierte el comercio en arma arrojadiza y la ley en obstáculo a sortear, el patriotismo se vuelve un eslogan vacío y la economía un campo de batalla donde siempre pierden las mismas personas.
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