M. Angeles, una mujer de 75 años que vive sola, era desahuciada y se quedaba en la calle el pasado viernes en Valencia.
Según explican desde la propia plataforma antidesahucios que intercedió en el caso de M. Angeles, una mujer de 75 años que vive sola en Valencia, la comisión judicial aparecía a media mañana del pasado viernes, «sin previo aviso a reventar su puerta y desahuciarla».
«Se ha quedado con lo puesto y cuatro bolsas de tela que ha podido llenar con algo de ropa. El resto se ha quedado dentro: muebles, frigorífico, televisión, todo lo que no ha podido coger en los 20 minutos de mazazos contra su puerta hasta que ha cedido. Pasará la noche en un albergue de Servicios Sociales porque no tiene a dónde ir», explica la nota de prensa publicada a través del diario Levante y El Periódico.
«Servicios sociales le ha propuesto un albergue para este fin de semana. Luego buscarán una vivienda pública, pero está complicado encontrarla, ya que hay muy pocas. Es duro que una mujer vulnerable de 75 años pase por esto», aclaran desde la PAH de Valencia.
«Su desahucio – continúa la aclaración – había sido este miércoles pasado, y gracias a la presión de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras plataformas vecinales lograron paralizarlo».
La paralización del desahucio el pasado miércoles, aclaran desde la PAH de Valencia, a través de sus redes sociales, se pudo llevar a cabo también debido a la «existencia tiene un certificado de vulnerabilidad emitido por la seguridad social, la propietaria tiene varias viviendas y M. Angeles tenía un decreto que prohibía el desahucio».
Sin embargo, su abogada explica que «la comisión judicial decidió no dar por cerrada el acta y mantenerla abierta, motivo por el cual ha desahuciado hoy a esta afectada, sin previo aviso ni si quiera para ella».
Jose Luís González, portavoz de PAH València, explica que el juez del caso se ha negado en dos ocasiones (una este miércoles y otra hoy) a incluir el informe de vulnerabilidad de la afectada en la causa, explican los medios anteriormente citados.
Sobre el caso, del cual la dirección general estaba al tanto, afirma que «se presentó el informe vulnerabilidad de servicios sociales, y por ese motivo pensábamos que se había pospuesto. Nadie ha avisado de lo que ha ocurrido».
Por este motivo, y a consecuencia de la flagrante falta de sensibilidad en el caso de M. Angeles, la plataforma antidesahucios ha querido reivindicar la «iniciativa para una ley que garantice el derecho a una vivienda», así como, también piden al Govern que «se obligue a los grandes propietarios a llevar a cabo alquiler social y a recuperar las viviendas de CaixaBank por las cantidades no retornadas de 25.000 millones de euros».
Por su parte, desde el Gobierno central, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, dedicaba esta pasada semana su primer acto institucional fuera de Madrid en la visita a un edificio de viviendas protegidas en el centro de València para conocer las políticas del Consell, que ve como «un referente a nivel estatal y enormemente avanzadas, ambiciosas y valientes”.
El edificio, argumenta El País, «fue acabado hace 10 años y así ha permanecido hasta ahora. Por el camino fue vandalizado, okupado y tapiado» y «ahora se iniciará el proceso de asignación de las viviendas, que se destinarán a alquiler asequible, en la que se priorizará a aquellos colectivos con mayores dificultades, como víctimas de violencia de género, personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria y personas con discapacidad, entre otros».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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