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M. Angeles, una mujer de 75 años que vive sola, era desahuciada y se quedaba en la calle el pasado viernes en Valencia.
Según explican desde la propia plataforma antidesahucios que intercedió en el caso de M. Angeles, una mujer de 75 años que vive sola en Valencia, la comisión judicial aparecía a media mañana del pasado viernes, «sin previo aviso a reventar su puerta y desahuciarla».
«Se ha quedado con lo puesto y cuatro bolsas de tela que ha podido llenar con algo de ropa. El resto se ha quedado dentro: muebles, frigorífico, televisión, todo lo que no ha podido coger en los 20 minutos de mazazos contra su puerta hasta que ha cedido. Pasará la noche en un albergue de Servicios Sociales porque no tiene a dónde ir», explica la nota de prensa publicada a través del diario Levante y El Periódico.
«Servicios sociales le ha propuesto un albergue para este fin de semana. Luego buscarán una vivienda pública, pero está complicado encontrarla, ya que hay muy pocas. Es duro que una mujer vulnerable de 75 años pase por esto», aclaran desde la PAH de Valencia.
«Su desahucio – continúa la aclaración – había sido este miércoles pasado, y gracias a la presión de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras plataformas vecinales lograron paralizarlo».
La paralización del desahucio el pasado miércoles, aclaran desde la PAH de Valencia, a través de sus redes sociales, se pudo llevar a cabo también debido a la «existencia tiene un certificado de vulnerabilidad emitido por la seguridad social, la propietaria tiene varias viviendas y M. Angeles tenía un decreto que prohibía el desahucio».
Sin embargo, su abogada explica que «la comisión judicial decidió no dar por cerrada el acta y mantenerla abierta, motivo por el cual ha desahuciado hoy a esta afectada, sin previo aviso ni si quiera para ella».
Jose Luís González, portavoz de PAH València, explica que el juez del caso se ha negado en dos ocasiones (una este miércoles y otra hoy) a incluir el informe de vulnerabilidad de la afectada en la causa, explican los medios anteriormente citados.
Sobre el caso, del cual la dirección general estaba al tanto, afirma que «se presentó el informe vulnerabilidad de servicios sociales, y por ese motivo pensábamos que se había pospuesto. Nadie ha avisado de lo que ha ocurrido».
Por este motivo, y a consecuencia de la flagrante falta de sensibilidad en el caso de M. Angeles, la plataforma antidesahucios ha querido reivindicar la «iniciativa para una ley que garantice el derecho a una vivienda», así como, también piden al Govern que «se obligue a los grandes propietarios a llevar a cabo alquiler social y a recuperar las viviendas de CaixaBank por las cantidades no retornadas de 25.000 millones de euros».
Por su parte, desde el Gobierno central, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, dedicaba esta pasada semana su primer acto institucional fuera de Madrid en la visita a un edificio de viviendas protegidas en el centro de València para conocer las políticas del Consell, que ve como «un referente a nivel estatal y enormemente avanzadas, ambiciosas y valientes”.
El edificio, argumenta El País, «fue acabado hace 10 años y así ha permanecido hasta ahora. Por el camino fue vandalizado, okupado y tapiado» y «ahora se iniciará el proceso de asignación de las viviendas, que se destinarán a alquiler asequible, en la que se priorizará a aquellos colectivos con mayores dificultades, como víctimas de violencia de género, personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria y personas con discapacidad, entre otros».
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