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Una demanda millonaria intenta silenciar a quien abrió la puerta a miles de voces anónimas
Cristina Fallarás, periodista feminista y escritora, se enfrenta estos días a una denuncia que desnuda hasta qué punto el sistema judicial puede convertirse en un arma de intimidación. El rapero Ayax Pedrosa le reclama 750.000 euros por un presunto delito de calumnias. El motivo: Fallarás compartió en sus redes un testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual. Ni nombre ni señalamiento directo. Solo un relato más en una larga cadena de voces que encontraron en la periodista un espacio de memoria colectiva.
El jueves se celebra el acto de conciliación, primer paso de una ofensiva judicial que apunta no tanto al supuesto honor de un artista, sino a la posibilidad misma de que las mujeres y los hombres que sufren violencia puedan hablar. Convertir a la periodista en el objetivo es la jugada perfecta para sembrar miedo: si denuncias, te arruinas.
UNA MEMORIA COLECTIVA EN EL PUNTO DE MIRA
Desde hace años, Fallarás ha usado sus redes como archivo vivo de la violencia estructural. Miles de testimonios anónimos de mujeres —violadas, golpeadas, despreciadas en juzgados, humilladas en comisarías— han encontrado eco en su muro. Ese archivo no es solo periodismo: es resistencia, tejido social y reparación simbólica frente al silencio.
Pero cada relato de violencia sexual parece ser más incómodo para el sistema que para los agresores. El mecanismo de defensa de quienes se sienten aludidos no es pedir perdón ni rendir cuentas, sino acudir a los tribunales para aplastar con cifras millonarias a quienes amplifican esas voces. Y en ese terreno, el poder judicial funciona como muro de contención del patriarcado.
No es casual que el caso llegue en un momento en que se criminaliza cada espacio autónomo de denuncia: desde los colectivos de mujeres en barrios hasta las periodistas que publican testimonios incómodos. La idea es clara: quien se atreva a abrir un canal alternativo a la justicia oficial debe pagar caro.
EL MIEDO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL
La demanda contra Fallarás no es solo un proceso judicial: es un mensaje. Cada cifra, cada titular, cada amenaza económica busca imponer un efecto ejemplarizante. Que otras periodistas lo piensen dos veces antes de dar voz a una víctima. Que otras mujeres se callen antes de contar lo que les ocurrió.
El problema no es únicamente la violencia sexual, sino la violencia institucional que se activa después. Se convierte en un círculo perverso: el agresor ejerce poder, la víctima se atreve a hablar, y el sistema la devuelve al silencio castigando a quien la escucha.
En la entrevista realizada por Marina Lobo en el programa HECD, Fallarás lo deja claro: no se trata solo de ella, se trata de todas. Porque cada demanda abre la puerta a un precedente judicial en el que el derecho a informar se enfrenta al derecho a callar verdades incómodas.
Lo que está en juego no es el honor de un hombre, sino el derecho colectivo a narrar las violencias sufridas. Cuando la justicia se utiliza para intimidar, la denuncia se convierte en resistencia y la memoria en un acto revolucionario.
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