Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Una demanda millonaria intenta silenciar a quien abrió la puerta a miles de voces anónimas
Cristina Fallarás, periodista feminista y escritora, se enfrenta estos días a una denuncia que desnuda hasta qué punto el sistema judicial puede convertirse en un arma de intimidación. El rapero Ayax Pedrosa le reclama 750.000 euros por un presunto delito de calumnias. El motivo: Fallarás compartió en sus redes un testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual. Ni nombre ni señalamiento directo. Solo un relato más en una larga cadena de voces que encontraron en la periodista un espacio de memoria colectiva.
El jueves se celebra el acto de conciliación, primer paso de una ofensiva judicial que apunta no tanto al supuesto honor de un artista, sino a la posibilidad misma de que las mujeres y los hombres que sufren violencia puedan hablar. Convertir a la periodista en el objetivo es la jugada perfecta para sembrar miedo: si denuncias, te arruinas.
UNA MEMORIA COLECTIVA EN EL PUNTO DE MIRA
Desde hace años, Fallarás ha usado sus redes como archivo vivo de la violencia estructural. Miles de testimonios anónimos de mujeres —violadas, golpeadas, despreciadas en juzgados, humilladas en comisarías— han encontrado eco en su muro. Ese archivo no es solo periodismo: es resistencia, tejido social y reparación simbólica frente al silencio.
Pero cada relato de violencia sexual parece ser más incómodo para el sistema que para los agresores. El mecanismo de defensa de quienes se sienten aludidos no es pedir perdón ni rendir cuentas, sino acudir a los tribunales para aplastar con cifras millonarias a quienes amplifican esas voces. Y en ese terreno, el poder judicial funciona como muro de contención del patriarcado.
No es casual que el caso llegue en un momento en que se criminaliza cada espacio autónomo de denuncia: desde los colectivos de mujeres en barrios hasta las periodistas que publican testimonios incómodos. La idea es clara: quien se atreva a abrir un canal alternativo a la justicia oficial debe pagar caro.
EL MIEDO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL
La demanda contra Fallarás no es solo un proceso judicial: es un mensaje. Cada cifra, cada titular, cada amenaza económica busca imponer un efecto ejemplarizante. Que otras periodistas lo piensen dos veces antes de dar voz a una víctima. Que otras mujeres se callen antes de contar lo que les ocurrió.
El problema no es únicamente la violencia sexual, sino la violencia institucional que se activa después. Se convierte en un círculo perverso: el agresor ejerce poder, la víctima se atreve a hablar, y el sistema la devuelve al silencio castigando a quien la escucha.
En la entrevista realizada por Marina Lobo en el programa HECD, Fallarás lo deja claro: no se trata solo de ella, se trata de todas. Porque cada demanda abre la puerta a un precedente judicial en el que el derecho a informar se enfrenta al derecho a callar verdades incómodas.
Lo que está en juego no es el honor de un hombre, sino el derecho colectivo a narrar las violencias sufridas. Cuando la justicia se utiliza para intimidar, la denuncia se convierte en resistencia y la memoria en un acto revolucionario.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.