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La ultraderecha promete “orden” mientras prepara más violencia, más impunidad y más obediencia al poder de Washington.
EL CANDIDATO DEL GARROTE
Colombia llega al 21 de junio con una segunda vuelta que no se parece a una elección normal, sino a una prueba de estrés para la democracia. Abelardo de la Espriella, abogado penalista de ultraderecha, sin experiencia en cargos públicos, ha convertido la campaña presidencial en un escaparate de testosterona política: mano dura, megaprisiones privadas, recortes, saludos militares sin haber servido en el Ejército y una estética cuidadosamente fabricada para parecer autoridad. O sea, marketing del miedo con barba recortada.
El personaje no cae del cielo. De la Espriella es la última criatura de una ola reaccionaria latinoamericana que copia lo peor de Bukele, Trump, el Milei liberticida, Noboa y la familia Bolsonaro. Según Reuters, lideró la primera vuelta con el 43,7% frente al 40,9% de Iván Cepeda, en una participación cercana al 58%. La derecha olió sangre y se ordenó deprisa detrás de él. La política reducida a reflejo condicionado: miedo, bandera, cárcel y enemigo interno.
Su promesa central es de una brutalidad casi obscena: acabar con décadas de conflicto armado en 90 días. No mediante justicia social, reparación, negociación o presencia del Estado donde nunca estuvo. No. Con megaprisiones privadas y lenguaje de exterminio. Ha hablado de “borrar” criminales como si fueran plagas. Cuando un candidato describe seres humanos como cucarachas y ratas, no está hablando de seguridad: está ensayando la deshumanización que justifica el abuso.
La comparación con Bukele es evidente. El presidente salvadoreño ha encarcelado al menos al 2% de la población adulta en su ofensiva contra las pandillas, una política vendida como milagro securitario mientras organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, opacidad y concentración de poder. De la Espriella quiere importar el espectáculo: cárcel masiva, épica de uniforme, líderes que se presentan como salvadores y una sociedad invitada a aplaudir porque, de momento, la porra golpea a otras y otros.
Pero Colombia no es El Salvador. Y ahí está una de las tensiones centrales. Bukele pudo desmontar contrapesos porque controló el Congreso. De la Espriella, según el análisis recogido por The Guardian, tendría una base legislativa mínima: 4 de 108 escaños en el Senado y 1 de 188 en la Cámara baja. Eso no lo vuelve inofensivo. Lo vuelve más peligroso en otro sentido: un presidente sin mayoría puede intentar gobernar a base de estado de excepción, choque institucional, presión mediática y calle encendida.
LA DERECHA GLOBAL YA TIENE SU FRANQUICIA
Trump no se ha limitado a mirar desde lejos. Le dio a De la Espriella su “apoyo completo y total”, una fórmula de bendición imperial que en América Latina nunca es inocente. Anadolu informó de que Colombia denunció interferencia estadounidense tras ese respaldo, con De la Espriella ya instalado como candidato de la segunda vuelta frente a Cepeda el 21 de junio. Washington no reparte simpatías: reparte señales de alineamiento.
La receta es conocida. Trumpismo para la cámara, bukelismo para las cárceles, mileísmo liberticida para los recortes, noboaísmo para los estados de excepción y bolsonarismo para envolverlo todo en camiseta nacional. De la Espriella incluso promete hundir embarcaciones sospechosas de narcotráfico, copiando el marco de la ofensiva militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental, donde los ataques recientes han dejado más de 200 muertos según el artículo original de The Guardian. La “guerra contra las drogas” vuelve, pero con peor maquillaje y más drones.
ACLED ya advertía de la deriva regional: las ofensivas estatales en México y Colombia impulsaron en 2025 un aumento del 18% en los choques entre fuerzas de seguridad y grupos armados en América Latina y el Caribe. Más militarización no significa automáticamente más seguridad. Muchas veces significa más cuerpos, más retaliaciones, más población civil atrapada y más negocio para quienes viven de administrar el miedo.
Iván Cepeda llega a esa segunda vuelta con una propuesta opuesta: continuar la “paz total”, negociar el desmantelamiento de grupos armados y sostener una salida política a la violencia. Esa estrategia no ha conseguido frenar el aumento de la violencia, y negarlo sería absurdo. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer un fracaso parcial y entregar el país a una fantasía punitiva de 90 días. Una cosa es exigir resultados a la izquierda gobernante. Otra muy distinta es comprarle a la ultraderecha la promesa infantil de que un país atravesado por décadas de guerra se arregla construyendo cárceles privadas.
Cepeda también ha cometido errores. Amplificar denuncias de fraude sin pruebas sólidas fue un regalo para su adversario. Reuters recoge que terminó reconociendo los resultados tras no encontrar evidencia suficiente. Petro, actuando como jefe de campaña en la sombra, puede estar dañando más que ayudando. Hay sectores de centro que ven cada intervención suya como un gesto autoritario. Y sí, eso importa. La democracia no se defiende con atajos cuando enfrente hay gente deseando dinamitarla.
La cuestión de fondo no es si De la Espriella viste camiseta, traje o gorra. Es qué país propone. Y propone uno donde las y los periodistas reciben demandas, donde los controles democráticos son estorbo, donde las y los pobres ponen los muertos, donde las cárceles se vuelven negocio privado y donde Washington premia a quien se arrodilla mejor. Lo llaman orden porque decir autoritarismo suena demasiado sincero.
Colombia no está eligiendo entre seguridad y caos. Está eligiendo entre una paz difícil y una violencia convertida en programa electoral. Y cuando la ultraderecha promete limpiar el país, conviene mirar siempre quién sostiene la escoba, quién vende la cárcel y quién acaba debajo.
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