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La identificación de los agentes rompe el muro de impunidad que protege a la violencia federal.
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Durante días, la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, fue tratada como un expediente más. Un cuerpo en el suelo, cámaras corporales encendidas y un relato oficial que pedía paciencia. Pero la clave no estaba en el relato, sino en los nombres. Y esos nombres no los dio el Gobierno. Los publicó ProPublica. Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez. Identificados. Dos agentes federales concretos. Dos trayectorias. Dos responsabilidades individuales. Cuando el gatillo tiene nombre y apellido, la impunidad empieza a resquebrajarse.
El 24 de enero de 2026, en Mineápolis (Minnesota), Pretti murió tras recibir disparos durante un operativo migratorio. El Department of Homeland Security reconoció en un informe enviado al Congreso el 27 de enero que dos agentes, de un grupo de ocho, dispararon mientras Pretti estaba en el suelo. Lo que no hizo fue identificarlos ni publicar las imágenes de las cámaras corporales. El Estado pidió confianza mientras ocultaba datos básicos. La identificación llega ahora y cambia el marco. Ya no hablamos de “los agentes”. Hablamos de Ochoa, 43 años, Patrulla Fronteriza desde 2018, y de Gutiérrez, 35 años, CBP desde 2014, integrado en un equipo de respuesta especial tipo SWAT. La frontera convertida en policía militar urbana.
No es un caso aislado. Es la segunda muerte a manos de agentes federales en Mineápolis en menos de tres semanas. El 7 de enero de 2026 murió Renee Good. Dos fechas, un patrón. Y una constante: la opacidad. La revisión de las imágenes es interna. El acceso público, inexistente. La suspensión administrativa de los agentes no es rendición de cuentas. Es gestión del daño.
La reacción política agravó el problema. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó a calificar el caso de “terrorismo doméstico”. Nombrar así a una persona muerta es una forma de justificar el disparo a posteriori. Tras protestas masivas, el Department of Justice anunció el 30 de enero una investigación por posible violación de derechos civiles. Tarde. Forzada. Y todavía sin imágenes públicas.
La identificación importa porque rompe el anonimato que protege a la violencia institucional. Importa porque permite exigir responsabilidades penales y políticas. Importa porque devuelve la discusión al terreno correcto: no fue un “incidente”, fue una decisión humana. Y porque demuestra, una vez más, que sin periodismo de investigación no hay verdad oficial, solo versiones interesadas.
Desde Human Rights Watch reclaman una investigación independiente y la suspensión de estos operativos. No es radicalismo. Es democracia básica. Mientras el Gobierno oculta vídeos y reparte etiquetas, la sociedad hace lo contrario: pone nombres. Y cuando los nombres aparecen, el silencio deja de ser una opción.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
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