Crueldad infinita: cuando el Estado castiga incluso el duelo 

ICE niega a un padre detenido despedir a su hijo muerto y convierte la política migratoria en una maquinaria de deshumanización

La noticia no es un error administrativo ni una anécdota cruel. Es una decisión consciente. El 27 de enero de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Immigration and Customs Enforcement, negó la solicitud humanitaria de Maher Tarabishi para asistir al funeral de su hijo. Wael Tarabishi, de 30 años, había fallecido el 23 de enero de 2026 tras una larga enfermedad degenerativa que le impedía respirar, comer o moverse por sí mismo. Su padre era su cuidador principal. El Estado decidió que ni siquiera la muerte justificaba una excepción.

Maher, de 62 años, fue detenido el 28 de octubre de 2025 durante una revisión rutinaria en una oficina de ICE en Dallas, Texas. Había acudido como llevaba haciéndolo cada año, sin faltar nunca. Entró en Estados Unidos en 1994, de forma legal. Durante más de dos décadas cumplió con cada requisito impuesto por la administración migratoria. No tenía antecedentes penales. No había huido. No había mentido. Había cuidado a su hijo hasta el límite de lo humano.

La negativa a permitirle asistir al entierro no responde a una amenaza real ni a una urgencia de seguridad. Es un acto de castigo ejemplar. Una señal. Un mensaje dirigido a millones de personas migrantes: ni la paternidad, ni la enfermedad, ni la muerte interrumpen la lógica del encierro.

LA POLÍTICA MIGRATORIA COMO CASTIGO COLECTIVO

Durante años, Maher permaneció en Estados Unidos bajo una orden de supervisión porque su hijo, ciudadano estadounidense, dependía totalmente de él. Esa dependencia no era simbólica. Wael requería atención permanente, 24 horas al día, algo que la familia logró sostener gracias a una red de cuidados que giraba alrededor del padre. Cuando Maher fue detenido, el sistema no ofreció alternativa. Se limitó a retirar al cuidador y mirar hacia otro lado.

Semanas después de la detención, el 20 de noviembre de 2025, Wael fue hospitalizado con fiebre alta, sepsis y neumonía bilateral. Pasó una semana ingresado. En diciembre, volvió a ser hospitalizado tras desprenderse su sonda de alimentación. Un mes después murió. La familia sostiene que el deterioro acelerado estuvo ligado al estrés extremo provocado por la detención de su padre. No es una hipótesis emocional. Es una constatación médica básica: en personas con enfermedades neuromusculares raras, el estrés y la ruptura de rutinas de cuidado tienen consecuencias directas.

La administración estadounidense respondió acusando a Maher, sin pruebas, de pertenecer a la Organización para la Liberación de Palestina. Una imputación grave lanzada después de la muerte del hijo y sin respaldo judicial, utilizada como cortina de humo para justificar una decisión que ya estaba tomada. La criminalización retroactiva como coartada moral.

No es una excepción. Es un patrón. ICE utiliza la ambigüedad administrativa para convertir la vida cotidiana de las personas migrantes en un campo minado. Cumplir no garantiza nada. Arraigarse no protege. Cuidar tampoco. El mensaje es claro: no hay méritos que frenen la maquinaria.

CUANDO LA BUROCRACIA SUPLANTA A LA HUMANIDAD

La solicitud que Maher presentó era mínima. No pedía libertad. No pedía asilo. Pedía asistir al funeral de su hijo. Pedía unas horas para despedirse. ICE lo rechazó el martes 27 de enero de 2026. El entierro estaba previsto para el jueves siguiente. La institución sabía las fechas. Conocía la historia clínica. Tenía informes médicos. Optó por negar.

En el centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas, Maher sigue encerrado mientras su familia organiza un funeral al que el padre no puede acudir. Su nuera, de 25 años, lo resumió con una frase que debería avergonzar a cualquier democracia: “No lo mataron con una bala, lo mataron por dentro quitándole a la única persona que pedía”.

La política migratoria estadounidense ya no se limita a gestionar fronteras. Administra el sufrimiento. Decide quién merece duelo y quién no. Quién puede llorar acompañado y quién debe hacerlo en una celda. No es seguridad nacional. Es pedagogía del miedo.

Este caso no habla solo de una familia. Habla de un sistema que ha decidido normalizar la crueldad. Que ha convertido el derecho al cuidado y al duelo en privilegios revocables. Que utiliza la ley como instrumento de humillación. Un Estado que niega a un padre despedir a su hijo ha cruzado una frontera mucho más grave que cualquier línea en un mapa.