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El exsecretario general Javier Ortega Smith denuncia irregularidades económicas internas y apunta a una red de contratos opacos y poder concentrado que amenaza con hacer estallar la ultraderecha española desde dentro.
Las guerras internas rara vez empiezan con discursos ideológicos. Empiezan con dinero. Con cuentas. Con facturas. Con silencios incómodos. Y en Vox ese silencio parece haber terminado. Javier Ortega Smith, quien fue secretario general del partido hasta octubre de 2022, ha abierto una grieta que amenaza con convertirse en un terremoto político al acusar directamente a la dirección de Santiago Abascal de haberlo apartado por denunciar “irregularidades económicas” dentro de la formación.
No se trata de un militante cualquiera. Ortega Smith fue durante años uno de los rostros más visibles de Vox y miembro del Comité de Gestión, el órgano que controlaba todos los pagos del partido. Es decir, estaba en el lugar exacto donde se aprueban presupuestos, contratos y transferencias. Donde se firma el dinero.
Y ahora afirma que lo apartaron precisamente por hacer preguntas.
“Pregúntense por qué me cesan como secretario general”, declaró el 9 de marzo en el programa televisivo de Ana Rosa Quintana. Según su versión, durante meses fue señalando irregularidades en reuniones internas y en conversaciones semanales con Abascal. Hasta que dejó de ser secretario general.
No es la primera crisis interna en Vox. Pero sí es la primera que apunta directamente a la caja.
EL DINERO DE VOX: FUNDACIONES, CONTRATOS Y FACTURAS OPACAS
Las acusaciones de Ortega Smith no aparecen en el vacío. Desde hace años, varios episodios financieros del partido han levantado dudas incluso en organismos oficiales.
Uno de los más llamativos es la relación económica entre Vox y la Fundación Disenso, el think tank ideológico del propio partido. En apenas cinco años, la formación transfirió 10,9 millones de euros a esta fundación. El dato es especialmente relevante porque el propio Santiago Abascal no solo preside Disenso, sino que figura como patrono perpetuo.
Es decir, el dinero del partido fluye hacia una fundación dirigida por el mismo líder político que controla el partido.
Pero el caso más opaco aparece en los contratos con Tizona, una empresa vinculada al estratega ideológico de Vox, Kiko Méndez-Monasterio, y a Gabriel Ariza, hijo del empresario mediático ultraconservador Julio Ariza.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en su informe sobre las cuentas de 2019 que Vox había pagado a Tizona facturas superiores a medio millón de euros por servicios genéricos adjudicados sin competencia. Lo llamativo es que la empresa carecía de plantilla y los contratos no se sometían a procesos abiertos.
Las explicaciones fueron tan insuficientes que el órgano fiscalizador llegó a convocar a responsables económicos del partido para pedir aclaraciones.
A pesar de ese aviso institucional, los pagos continuaron.
En junio de 2024, el tesorero del partido firmó un nuevo contrato con esa misma asesoría por 22.145 euros mensuales, sin contar el IVA, según reveló El Confidencial.
Si se suman campañas electorales, asesorías y transferencias a fundaciones, la estructura financiera del partido aparece cada vez más concentrada en un círculo muy reducido.
Y ese es exactamente el círculo al que Ortega Smith apunta ahora.
UN PARTIDO PIRAMIDAL Y SIN CONTROL INTERNO
Más allá del dinero, las acusaciones del exsecretario general describen un modelo de poder extremadamente cerrado.
Según Ortega Smith, Vox funciona hoy como “un partido piramidal” en el que las decisiones reales las toman “cuatro personas a las que no ha votado nadie”.
Aunque no mencionó nombres directamente, dentro del propio partido se da por hecho que se refería a Méndez-Monasterio, Gabriel Ariza, Julio Ariza y el empresario Enrique Cabanas, considerado uno de los hombres de máxima confianza de Abascal.
La imagen que emerge es la de un partido que ha concentrado poder político, ideológico y económico en un núcleo muy pequeño.
Y eso no es un problema menor para una organización que construyó su discurso público sobre la denuncia de las “élites corruptas”.
Las fracturas internas tampoco se limitan a Ortega Smith. El dirigente comparó su caso con el del líder regional de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, que también ha abandonado recientemente el grupo parlamentario.
Según su relato, el patrón es claro.
“Toda persona que sobresalga un poco en este partido se convierte en objetivo a batir”, afirmó.
En otras palabras, en Vox levantar la mano para algo que no sea aplaudir puede significar la puerta de salida.
La respuesta de la dirección ha sido el silencio. Santiago Abascal ha evitado responder directamente a las acusaciones. En una comparecencia celebrada en el Parador de Gredos, en Ávila, acusó al PP y al PSOE de lanzar una campaña de “guerra sucia” contra su partido con insinuaciones de corrupción.
Pero el problema para Vox es que las acusaciones no vienen de la oposición. Vienen de dentro.
Y llegan en el peor momento posible.
El conflicto estalla a pocos días de las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, donde las encuestas sitúan al partido en torno al 20% de los votos, su mejor resultado histórico en esa comunidad.
En la dirección de Vox confían en que los resultados electorales amortigüen el daño.
Pero la historia política está llena de partidos que parecían invencibles en las urnas justo antes de que su propia estructura interna empezara a derrumbarse.
Porque cuando las disputas pasan del discurso al dinero, la ideología deja de ser el campo de batalla.
Y el partido empieza a devorarse a sí mismo.
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