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El ministro arrastra una trayectoria marcada por la represión migratoria, el desprecio a los derechos humanos y decisiones indignas de un gobierno progresista
El 24 de junio de 2022, al menos 23 personas murieron intentando cruzar la valla de Melilla. No fue una tragedia: fue una masacre bajo responsabilidad directa del Ministerio del Interior. Aquellas vidas no se perdieron en el mar, ni en el desierto, ni a manos de traficantes. Murieron en la frontera, entre barrotes, gases lacrimógenos, porrazos y abandono, bajo custodia de fuerzas de seguridad marroquíes y españolas que actuaban coordinadamente. El defensor del pueblo confirmó que hubo devoluciones ilegales. Las imágenes difundidas por BBC Africa Eye mostraron cuerpos apilados y sangre en el suelo mientras la policía golpeaba a personas ya inconscientes. Frente a eso, Fernando Grande-Marlaska negó toda responsabilidad, defendió el operativo y mintió al Congreso, lo que le valió una reprobación parlamentaria en noviembre de 2022 según recogió El País.
La justicia internacional tomó nota: la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional exigieron una investigación independiente. Pero Interior cerró filas, ignoró los tratados internacionales de derechos humanos y apostó por el silencio cómplice. Aquella jornada fue el “Tarajal 2.0”, una reedición del crimen impune de 2014, cuando 15 personas murieron en Ceuta por disparos de pelotas de goma. Ni entonces ni ahora hubo dimisiones. Pero una democracia que presume de civilizada no puede normalizar que sus ministros sobrevivan a matanzas en frontera.
MIGRACIÓN: UNA GESTIÓN RESTRICTIVA E INDOLENTE
Grande-Marlaska llegó al ministerio en 2018 prometiendo un giro en política migratoria. Lo que hizo fue mantener lo esencial de la doctrina Rajoy: devoluciones en caliente, cierre de fronteras, blindaje de Ceuta y Melilla, colaboración con países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos como Marruecos, Mauritania o Senegal. No derogó ni una sola de las normativas que permiten las expulsiones ilegales, y perpetuó el uso de CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros) donde las denuncias por abusos son constantes.
Las organizaciones que trabajan en frontera, como Caminando Fronteras o CEAR, llevan años documentando lo que Interior niega: personas abandonadas en el mar, menores no acompañados deportados, solicitantes de asilo rechazados sin audiencia. Ni siquiera tras la masacre de Melilla hubo un mínimo gesto de reparación. Marlaska mantuvo su retórica defensiva, convirtiendo el Ministerio del Interior en un búnker opaco, donde el principio de legalidad se aplica solo si no incomoda al relato de la “presión migratoria”.
En lugar de actuar contra las mafias que trafican con vidas humanas o impulsar vías legales de entrada, Marlaska apostó por más policía, más vallas, más concertinas invisibles, más control y menos humanidad. No solo incumplió sus compromisos, sino que arrastró al gobierno entero a una deriva inaceptable.
BALAS A ISRAEL: NEGOCIOS EN PLENO GENOCIDIO
En abril de 2025, el escándalo reventó: el Ministerio del Interior había formalizado la compra de munición al gigante israelí IMI Systems, empresa estatal que abastece al ejército sionista mientras bombardea Gaza. En un contexto de genocidio documentado por Human Rights Watch, el gobierno de España no solo no rompió relaciones comerciales con Israel, sino que Interior reforzó su colaboración militar. La revelación del contrato desató una tormenta política.
La propia Moncloa desautorizó a Marlaska, filtrando su malestar a varios medios y desmarcándose del acuerdo. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué sentido tiene que un gobierno que presume de “feminista y defensor de los derechos humanos” compre balas a quienes asesinan a niñas, bombardean hospitales y siembran de escombros una franja cercada? La compra no fue un error técnico ni un trámite irrelevante: fue una decisión ideológica, coherente con la lógica securitaria que Marlaska ha defendido desde el principio.
El ministro ha dejado de ser un problema interno. Es una mancha moral para el Ejecutivo y un símbolo de su hipocresía.
La continuidad de Marlaska en Interior no solo es una anomalía democrática, es una declaración de principios: la seguridad por encima de la vida, el control por encima de los derechos, la obediencia por encima de la justicia.
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