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El regreso de la caza al norte del Duero refleja una claudicación ante la presión ganadera y el lobby cazador
El Congreso de los Diputados ha decidido que el lobo ibérico vuelva a ser cazado al norte del Duero. La votación de este jueves, impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox, Junts y el PNV, ha supuesto la salida del lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). El lobo apenas ha disfrutado de esa protección durante tres años y medio desde que fue incluida en el listado en septiembre de 2021.
La maniobra ha sido burda pero efectiva: el PP ha introducido una enmienda para desproteger al lobo dentro de la ley de desperdicio alimentario, sin debate público ni informe científico actualizado que respalde la medida. El objetivo estaba claro desde el principio: cazar al lobo para contentar a los ganaderos y al lobby cazador.
La organización WWF ha denunciado que esta decisión es directamente «un ataque a la ciencia». El Comité Científico de Flora y Fauna, que asesora al Ministerio de Transición Ecológica, había avalado en 2020 la protección del lobo, certificando que la especie estaba en mal estado de conservación y que necesitaba protección legal. Pero la derecha ha decidido que las presiones políticas y los intereses económicos están por encima de los datos científicos.
El argumento de que la población de lobos ha explotado en los últimos años es una mentira fabricada por el lobby cazador. No existe ningún censo oficial que respalde esta afirmación. De hecho, las cifras que han remitido las comunidades autónomas al Ministerio apuntan a una estabilización o un leve incremento de las poblaciones, pero nada que justifique una «invasión de lobos».
Las cifras sobre ataques a ganado también son inconsistentes y manipuladas. El PP sostiene que el lobo ha matado 14.000 reses al año, lo que equivaldría a cuatro millones de kilos de carne «desperdiciada». Pero nadie ha explicado cómo se ha llegado a ese cálculo ni cuántas de esas muertes pueden atribuirse realmente a ataques de lobos. Es más, los estudios científicos sobre la dieta de los lobos en la sierra de Guadarrama muestran que el 80% de su alimentación proviene de ungulados salvajes (corzos y venados), no de ganado doméstico.
No hay explosión demográfica. No hay una amenaza para el ganado fuera de lo normal. Y, sobre todo, no hay peligro para las personas. El CSIC confirma que en todo el siglo XXI no se ha registrado ni un solo ataque de lobos a seres humanos en Europa. Pero nada de eso importa cuando lo que está en juego es satisfacer al lobby cinegético y ganadero.
LOS BULOS SOBRE EL LOBO, CLAVE PARA JUSTIFICAR SU CAZA
La propaganda sobre el lobo ha alcanzado niveles de histeria. La diputada del PP Milagros Marcos Ortega llegó a afirmar en el Congreso que la situación era una «pesadilla» para la población rural, porque la presencia de lobos les impide «ir al centro de salud o a la iglesia» y «manda a los niños al colegio con miedo». No hay un solo dato que respalde esa afirmación, pero el relato del lobo como amenaza directa para las comunidades rurales ha calado entre una parte de la población gracias a la insistencia del PP y Vox.
El discurso de terror sobre el lobo encaja perfectamente con la narrativa de la extrema derecha, que explota el miedo rural para avanzar en su estrategia política. Vox ha convertido la defensa de los cazadores y la ganadería en una bandera ideológica, y el PP ha asumido ese marco para captar voto rural. El lobo no es solo una víctima de la caza, es una víctima de la guerra cultural de la derecha.
La Fundación Artemisán, uno de los principales lobbies cazadores de España, ha sido una de las primeras en celebrar la decisión del Congreso. Esta organización lleva años presionando para desproteger al lobo y ha encontrado en el PP y Vox los aliados perfectos para su causa. El mismo grupo que defiende la caza indiscriminada ha sido el que ha facilitado las cifras manipuladas sobre ataques de lobos que ahora el PP ha esgrimido en el Congreso.
La decisión también ha sido celebrada por las patronales ganaderas. La secretaria general de COAG-Asturias, Mercedez Cruzado, ha calificado la votación de «muy buena, muy esperada y muy peleada». Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, ha agradecido abiertamente al PP su implicación en esta cuestión. El mensaje es claro: la protección del lobo ha sido sacrificada en el altar de los intereses económicos de la ganadería y la caza.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha calificado la decisión de «movimiento profundamente irresponsable». El equipo de la ministra Sara Aagesen ha denunciado que las comunidades autónomas estaban a punto de remitir los últimos datos sobre el estado de la población de lobos y que habría sido posible tomar una decisión informada en pocos meses. Pero la urgencia política ha prevalecido sobre la responsabilidad científica.
La aprobación de esta medida no solo supone un retroceso en la conservación del lobo ibérico, sino que sienta un peligroso precedente. Si se puede anular la protección de una especie amparándose en argumentos políticos y cifras manipuladas, ¿qué será lo siguiente? ¿El oso pardo? ¿El lince ibérico? La caza del lobo ha sido presentada como una «gestión» de los daños al ganado, pero en realidad es una victoria para los intereses económicos de la industria ganadera y el lobby cazador.
La última vez que se permitió cazar lobos, se abatían unos 100 ejemplares al año al norte del Duero. Ahora, con la vía abierta para relajar aún más la protección en el marco de la Directiva Hábitat de la UE, podría iniciarse una auténtica matanza indiscriminada. Cantabria ya ha anunciado planes para abatir al menos 40 ejemplares, un 20% de la población de lobos censada en la región.
El Congreso no solo ha traicionado la ciencia, ha traicionado también la conservación y la protección de la biodiversidad. El lobo ibérico, símbolo de los ecosistemas españoles y pieza clave en el equilibrio natural, ha sido sacrificado para satisfacer los intereses de una minoría con poder político y económico. La caza del lobo es el triunfo de la manipulación y el fracaso de la responsabilidad política.
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