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La defensa de Alberto González Amador reconoció haber compartido su confesión con la Abogacía del Estado, pero lo ocultó a los tribunales
LA ESTRATEGIA DE OCULTACIÓN DE GONZÁLEZ AMADOR
La defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido durante un año una estrategia de ocultación deliberada ante los tribunales. El empresario, acusado de fraude fiscal por defraudar 350.000 euros mediante un entramado de facturas falsas, ha estado denunciando que la Fiscalía de Madrid filtró datos confidenciales de su caso. Sin embargo, lo que no había confesado hasta ahora es que él mismo y su abogado compartieron esa información con más actores de los que reconocieron desde el principio.
El 2 de febrero de 2024, antes incluso de que se judicializara el caso, Carlos Neira, abogado de González Amador, envió un correo al fiscal Julián Salto reconociendo que “ciertamente” había existido el fraude fiscal y ofreciendo un pacto: González Amador estaba dispuesto a pagar las deudas, los intereses y aceptar ocho meses de prisión a cambio de no entrar en la cárcel. Ese mismo correo fue reenviado por Neira a la Abogacía del Estado, algo que la defensa del empresario ocultó a los tribunales cuando denunció que la Fiscalía había vulnerado la confidencialidad de las diligencias.
La defensa de González Amador mintió activamente en la querella que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el 21 de marzo de 2024, donde acusaba a la Fiscalía de revelar secretos para perjudicarle por ser pareja de Ayuso. En ningún momento mencionaron que el correo con la confesión ya estaba en manos de la Abogacía del Estado. Este dato es crucial porque desmonta el eje central de la acusación contra la Fiscalía: si la información no solo estaba en manos del fiscal, sino también de la Abogacía, las posibilidades de una filtración desde otros frentes aumentan.
La Abogacía del Estado ha confirmado que el correo llegó el 2 de febrero de 2024. La respuesta fue clara: “Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue”. Es decir, el correo estaba registrado en la Abogacía del Estado más de un mes antes de que el asunto fuera revelado por la prensa el 13 de marzo de 2024.
El pacto que González Amador pretendía cerrar con la Fiscalía requería la aprobación de la Abogacía del Estado, que representa los intereses de Hacienda en este tipo de procesos. La confesión y la oferta de pacto estaban por tanto circulando entre distintas instituciones, lo que desarma por completo la versión de la defensa, que insistía en culpar exclusivamente a la Fiscalía de la filtración.
LA FILTRACIÓN A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ: UN JUEGO POLÍTICO DESDE DENTRO
Otro aspecto que la defensa de González Amador ha ocultado hasta ahora es que el propio empresario autorizó la filtración de su confesión a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. La mañana del 12 de marzo de 2024, González Amador envió el correo del fiscal Salto a Rodríguez y le dio permiso explícito para difundirlo.
Rodríguez, con su conocida habilidad para manipular los tiempos y los discursos mediáticos, filtró la información asegurando que el pacto había sido ofrecido por la Fiscalía y frenado desde la cúpula del organismo. Los medios recogieron esta versión sin contrastarla, alimentando el discurso de que la Fiscalía estaba instrumentalizando el caso por motivos políticos.
Este detalle, confirmado en los interrogatorios en el Tribunal Supremo, desmonta por completo el relato de victimismo de González Amador y Ayuso. La confesión y el pacto no fueron filtrados desde la Fiscalía, sino desde el entorno del propio empresario, con la colaboración activa de Miguel Ángel Rodríguez.
El juez que instruye el caso ha señalado que el correo que el fiscal Salto envió el 12 de marzo de 2024 fue difundido después de que González Amador autorizara expresamente a Rodríguez para hacerlo. Esto significa que el origen de la filtración no está en la Fiscalía, sino en la propia defensa del empresario y en el círculo político de Ayuso.
El papel de Rodríguez en la estrategia de manipulación mediática ha quedado al descubierto. La versión inicial de que la Fiscalía había roto su deber de confidencialidad ha quedado desmentida por los propios movimientos de González Amador y su entorno. Pero hasta ahora, el juez no ha considerado relevante investigar si la filtración procedió directamente desde el entorno de Ayuso.
La defensa de González Amador ha intentado blindar a Ayuso desde el principio. Pero el hecho de que la confesión estuviera en poder de la Abogacía del Estado y que el propio empresario autorizara la filtración desmonta el relato de persecución política y abre la puerta a nuevas preguntas: ¿Qué papel jugó realmente el entorno de Ayuso en la estrategia de manipulación de la información?
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