El asesinato selectivo de líderes iraníes tensiona el tablero global mientras Pekín rompe el silencio
La guerra contra Irán ha entrado en una fase donde ya no se disimula el objetivo político. Los asesinatos selectivos de dirigentes no son daños colaterales ni errores de cálculo, sino una estrategia explícita. En este contexto, China ha decidido intervenir en el plano diplomático y ha calificado como inaceptable la eliminación sistemática de líderes iraníes, tal y como recoge la cobertura internacional de la denuncia de Pekín sobre los asesinatos y la escalada bélica.
El pronunciamiento no es menor. Llega tras semanas de intensificación del conflicto, iniciado el 28 de febrero, y tras una cadena de ataques que han dejado una huella clara: el intento de desestabilizar el poder político iraní mediante la eliminación de su cúpula. El asesinato de Ali Larijani, confirmado por Irán el 18 de marzo, y el de otros altos cargos forman parte de una dinámica que ya no busca solo debilitar, sino rediseñar el equilibrio interno del país.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, el portavoz Lin Jian fue tajante durante la comparecencia del 19 de marzo, donde denunció que el asesinato de líderes políticos y los ataques contra objetivos civiles son inaceptables. La declaración completa, publicada en la rueda de prensa oficial del Gobierno chino, no solo condena los hechos, sino que advierte del riesgo de que la región entre en una espiral de caos irreversible.
El problema es que esa espiral ya está en marcha. A la muerte de Larijani se suma la de Esmail Khatib y la del portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naeini, cuya muerte fue confirmada en el comunicado de duelo del IRGC. La lista no es casual ni improvisada. Responde a una lógica de descabezamiento político que busca generar vacío de poder.
Sin embargo, Irán insiste en que esta estrategia no tendrá el efecto deseado. Las autoridades iraníes han subrayado que el país mantiene una base social sólida y que la eliminación de líderes no implica la caída del sistema. En otras palabras, el cálculo occidental puede estar subestimando la capacidad de resistencia interna.
Mientras tanto, la narrativa oficial estadounidense sigue oscilando entre la victoria declarada y la escalada permanente. La contradicción es evidente: se proclama el control del conflicto mientras se multiplican los ataques. Este doble discurso ha sido señalado en distintos análisis, como el que recoge la escalada impulsada por Trump pese al coste económico y el rechazo europeo, donde se detalla cómo la estrategia militar continúa ampliándose a pesar de sus consecuencias.
En paralelo, China ha desplegado una ofensiva diplomática silenciosa. El enviado especial Zhai Jun ha recorrido varios países árabes y del Golfo en un intento de contener la expansión del conflicto. No se trata solo de una mediación clásica, sino de una intervención estratégica en un escenario donde el equilibrio global está en juego.
El mensaje de Pekín es claro: el asesinato de líderes políticos como herramienta de guerra abre una puerta peligrosa. No solo por su impacto inmediato, sino porque normaliza una práctica que puede replicarse en otros conflictos.
La cuestión de fondo es más profunda. Lo que está en juego no es solo el control de un territorio o el resultado de una guerra concreta, sino la legitimidad de un modelo de intervención basado en la eliminación física de adversarios políticos. Cuando esa práctica se normaliza, el derecho internacional se convierte en papel mojado.
China lo ha entendido y ha decidido posicionarse. No como árbitro neutral, sino como actor que defiende un principio básico: que la guerra no puede convertirse en una cadena de ejecuciones selectivas sin consecuencias. La incógnita es si ese mensaje llegará a tiempo o si, como tantas veces, será ignorado hasta que el conflicto ya sea irreversible.
Porque cuando matar dirigentes deja de ser una excepción y se convierte en norma, lo que se está redefiniendo no es una guerra, sino las reglas mismas del mundo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…