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La trama que empezó destapando audios de Villarejo ha acabado señalada por intentar proteger al poder político mientras se perseguía a quienes investigaban corrupción.
El empresario Javier Pérez Dolset llevaba años recopilando información sobre las cloacas policiales del Estado. Audios, grabaciones, conversaciones internas. Material sensible. Mucho. Parte de ese archivo apuntaba directamente a la llamada policía patriótica que operó durante los gobiernos del PP, aquella maquinaria dedicada a fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos, proteger intereses partidistas y utilizar recursos públicos para operaciones ilegales.
Dolset, conocido por haber creado el videojuego Commandos y por haber levantado un imperio empresarial que llegó a facturar más de 450 millones de euros, acabó imputado en una de las piezas del caso Tándem tras la caída de Zed. Desde entonces sostiene que fue víctima de una operación de espionaje y persecución vinculada al comisario José Manuel Villarejo, al Grupo Planeta y a sectores de la Fiscalía.
Durante años reunió documentación sobre aquellas prácticas. Y buscó aliados. Ahí aparece Leire Díez, militante socialista y exdirectiva de Correos, con conexiones directas con la cúpula del PSOE. Según la información publicada, ambos llegaron a reunirse en Ferraz con Santos Cerdán el 24 de abril de 2024, justo durante los días en los que Pedro Sánchez meditaba públicamente si abandonaba la política tras la imputación de Begoña Gómez.
En aquel encuentro entregaron un pendrive con material explosivo: grabaciones de Villarejo hablando de operaciones contra independentistas catalanes, maniobras políticas contra Sánchez y conversaciones internas del Ministerio del Interior. El PSOE remitió posteriormente parte de esa documentación a la Fiscalía General del Estado.
Hasta ahí, el relato podía leerse como otra pieza más del desmontaje de las cloacas del PP. Otra derivada del villarejismo. Otro capítulo de la guerra sucia. Pero algo cambió.
Porque, según la investigación de la Audiencia Nacional, el foco dejó de estar únicamente en las prácticas corruptas del pasado para desplazarse hacia otra dirección: buscar información comprometida contra fiscales, jueces y mandos policiales que investigaban casos relacionados con el entorno del PSOE y del Gobierno.
Ahí es donde la historia se vuelve mucho más incómoda.
CUANDO EL PODER DEJA DE DENUNCIAR LAS CLOACAS Y EMPIEZA A UTILIZARLAS
La Audiencia Nacional investiga ahora posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y actuaciones contra las instituciones del Estado. El juez sospecha incluso que el PSOE pudo financiar parte de esas maniobras.
No hablamos ya de denunciar una estructura corrupta heredada del PP. Hablamos de utilizar información sensible para presionar, desacreditar o intentar neutralizar a quienes investigaban asuntos incómodos para el partido en el Gobierno.
Las grabaciones que aparecen en la documentación son demoledoras. Algunas llevan años circulando. Otras vuelven ahora con más fuerza.
Entre ellas, conversaciones sobre el fiscal anticorrupción José Grinda. En uno de los audios, María Dolores de Cospedal llega a decir literalmente: “A Grinda hay que matarlo”. Villarejo responde hablando de maniobras parlamentarias y favores judiciales ligados a la Operación Catalunya.
La frase no era metafórica en términos políticos. Era el lenguaje habitual de las cloacas. El problema es que ese ecosistema nunca desapareció del todo. Cambiaron actores. Cambiaron intereses. El mecanismo siguió ahí.
También aparece la famosa conversación sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez y las saunas vinculadas a prostitución. Villarejo las describe como “un negocio de puta madre” mientras el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, responde con otra frase que resume perfectamente la lógica del chantaje político: “Eso es mortal”.
Material reservado. Información privada. Munición para destruir adversarios cuando fuera necesario. Esa era la cultura política que supuestamente se pretendía combatir.
Pero la investigación sostiene que Leire Díez y Pérez Dolset habrían dado un paso más: intentar recopilar información contra quienes investigaban las causas relacionadas con José Luis Ábalos, Santos Cerdán o el entorno de Sánchez.
Uno de los episodios más graves afecta al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO. Durante una reunión con empresarios investigados en el caso hidrocarburos, se habló de conseguir datos comprometedores sobre él. Según la grabación recogida por elDiario.es, Leire Díez llegó a decir: “Si Balas está muerto, mejor”.
No es una frase menor. No lo parece.
También se describen reuniones con el exfiscal Ignacio Stampa en las que Díez se presentaba como “la persona que ha puesto el PSOE a ver qué hay detrás de todo esto”, mientras intentaba obtener información sobre Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción. Según la denuncia de Stampa, se ofrecían soluciones a problemas judiciales a cambio de colaboración.
El fiscal Grinda denunció igualmente un supuesto intento de soborno de 300.000 euros y un puesto de trabajo en el extranjero para favorecer cierres de causas e informar sobre sus superiores.
Y ahí aparece la sensación más inquietante de todas. La de un país atrapado en un bucle donde las cloacas nunca se desmantelan del todo. Solo cambian de manos. Solo cambian de objetivo. El problema ya no es únicamente quién fabricó la guerra sucia. El problema es cuántos acabaron aprendiendo a utilizarla.
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