El Gobierno de Meloni persigue judicialmente a Brian Molko por definirla en un concierto
El Ministerio de Justicia italiano ha dado luz verde al proceso judicial contra Brian Molko, líder de la banda británica Placebo, por llamar «fascista, racista y nazi» a la primera ministra Giorgia Meloni durante un concierto en Turín en 2023. La persecución penal se fundamenta en el delito de injurias a las instituciones del Estado, una figura legal que en la práctica se está convirtiendo en un instrumento de censura.
PERSECUCIÓN JUDICIAL COMO MECANISMO DE CONTROL
El caso de Molko no es una excepción. La querella de Meloni se suma a una larga lista de denuncias contra figuras de la cultura y el pensamiento crítico. Uno de los precedentes más sonados fue el del escritor Roberto Saviano, a quien la mandataria denunció por llamarla «bastarda» en televisión en 2020, antes de llegar al poder. El resultado: una condena en 2023 que lo obligó a pagar una multa de mil euros. También el historiador Luciano Canfora fue objeto de su censura judicial tras acusarla de neonazi, aunque en su caso la demanda fue finalmente retirada.
El patrón es claro: Meloni utiliza el aparato judicial para silenciar a quienes la critican, criminalizando el derecho básico a la libertad de expresión. Lo que debería ser parte del debate político se convierte en una persecución legal con el objetivo de amedrentar a cualquier voz disidente.
LA MÚSICA Y EL ARTE, OBJETIVO DE LA DERECHA RADICAL
El rock siempre ha sido un espacio de rebeldía y denuncia. Desde los tiempos de Bob Dylan hasta el punk de los Sex Pistols, el arte ha sido un refugio de la crítica social. Brian Molko simplemente continuó esta tradición cuando, además de criticar a Meloni, reclamó derechos para las personas no binarias y trans durante su actuación en Turín. Pero la ultraderecha no soporta que la cultura se alinee con la disidencia. Prefiere una música domesticada, un arte descafeinado y una opinión pública sometida.
Mientras Meloni persigue a músicos y escritores, su gobierno promueve la censura en escuelas y bibliotecas, prohibiendo libros y discursos que no se ajusten a su ideología reaccionaria. Se blinda ante la crítica como si se tratara de un régimen autocrático, olvidando que está al frente de un país que se dice democrático. Pero la represión contra artistas y periodistas no puede tapar una verdad evidente: cuando un gobierno persigue judicialmente a la cultura, es porque teme al pensamiento libre.
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