Desde esta semana los trabajadores del metal en Cádiz llevan a cabo una huelga indefinida.
Esta semana el sector del metal de Cádiz, con unos 20.000 trabajadores, ha comenzado una huelga indefinida tras no haber alcanzado ningún acuerdo con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (Femca) sobre la actualización de los salarios, que según las empresas no pueden asumir.
En la primera jornada se produjeron barricadas, hogueras y cortes de carreteras para impedir el paso a industrias como Navantia, Dragados o Airbus y los piquetes provocaron los primeros enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.
La falta de acuerdo para renovar el convenio colectivo ha sido el detonante de esta huelga indefinida. Entre la subida salarial del 2% al 3% que reclaman los sindicatos y la oferta de los empresarios, del 0,5%, la brecha es amplia.
“No queremos perder poder adquisitivo. Con los tres días que llevan (con un preludio de dos jornadas de la semana pasada con seguimiento del 100%, según los sindicatos) las empresas ya habrían tenido dinero para pagar el IPC. Además, le damos todo 2022 para pagarlo. El pulso acabará cuando la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (Femca) entre en razones”, señaló Antonio Montoro, secretario general de la Federación de Industria (Fica) de UGT.
Para la Femca, las subida salarial que piden los empleados sumada a la rebaja de cuatro horas de trabajo al año, «conllevaría la desaparición de la industria gaditana, que tendría que competir con la de otras provincias que parten de una situación más ventajosa”.
La Femca alega que “la posición sindical es inasumible” y sostiene que un peón en Sevilla cobra 10,55 euros por hora, frente a los 10 euros en Málaga, mientras que «en Cádiz se partiría ya desde 12,16 euros».
Otro de los obstáculos surgido en este convenio es el que ha supuesto la negociación del Plus Penoso, Tóxico y Peligroso, que cobran los trabajadores en función del trabajo que desempeñan.
A raíz de estos primeros enfrentamientos no faltó la recurrente criminalización por parte de la prensa:
Por ello los huelguistas también han grabado un vídeo contra la estigmatización que nos viene interpuesta: «Que se vea que dejamos pasar a las ambulancias, que dicen que nos la dejamos pasar. No somos violentos, somos padres de familia todos, aquí no hay ningún terrorista, somos todos trabajadores», se escucha a uno de los manifestantes.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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