Sáhara Occidental en alerta: denuncian la venta de un buque de guerra de España a Marruecos 

Las organizaciones denunciantes alegan que la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario y la escalada de represión en el Sáhara Occidental ocupado prohíben la operación.

Doce organizaciones jurídicas y sociales han denunciado la venta de un buque de guerra a la marina marroquí al considerar que contraviene la legislación española para el comercio de armas y el Derecho Internacional.

En la denuncia, presentada el 18 de marzo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en Madrid, se pide al Gobierno que paralice la “venta ilegal” de un patrullero de altura, que tiene previsto fabricar la empresa pública Navantia, tal y como anunció el 8 de enero pasado la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las organizaciones denunciantes consideran que la venta del buque de guerra se enmarca dentro de la reanudación del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, y el aumento de la represión marroquí contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, verificada por las organizaciones internacionales de derechos humanos y de la que se hizo eco los pasados días el Gobierno alemán.

Esta situación obliga a la Administración española a denegar las autorizaciones de exportación de equipos militares a Marruecos según la Ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007, el Real Decreto 679/2014 (que incorpora también limitaciones previstas en las normas internaciones) y la Aplicación de la Posición común 2008/944/PESC aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008.

La venta del buque también viola la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea, y el compromiso expresado en comunicado oficial el 13 de noviembre de 2020 por el Ministerio de Exteriores de “apoyo a la ONU para garantizar alto el fuego en el Sáhara Occidental”.

Según las organizaciones denunciantes la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, consecuencia de la ruptura del alto el fuego de 1991 por parte del ejército marroquí en el paso fronterizo de Guerguerat, amenaza la estabilidad de la región por su posible extensión a la limítrofe Mauritania, que ha recibido incluso ataques de las fuerzas marroquíes al confundir a sus tropas con las del Polisario.

Marruecos desvía las ayudas españolas a la compra de armamento

Afirman que el retorno a las hostilidades es una preocupación expresada por la Unión Africana en su Asamblea Extraordinaria del pasado 6 de diciembre, y que la empresa pública española Enaire, encargada de gestionar la navegación aérea, ha desaconsejado sobrevolar el Sáhara Occidental.

Se señala que la compra de armamento por parte de Marruecos es un tema sensible teniendo en cuenta sus intereses expansionistas, que alcanzan las aguas canarias, y su precaria situación económica; ambos factores vinculantes en la normativa nacional e internacional para autorizar estas exportaciones.

Además el régimen marroquí, receptor de grandes ayudas españolas y europeas, desvía sus recursos a la compra de armamento, cuando su propia población emigra de manera masiva ante la pobreza de un país cuyos indicadores económicos y sociales acreditan una situación de miseria grave y tasas de analfabetismo, mortalidad o déficit alimentario a la altura de los países africanos peor situados.

Esta denuncia llega tras la protesta realizada el 27 de febrero ante la sede de Navantia en Cádiz por la población saharaui en la diáspora y el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui, para que no se utilice, como hizo la Ministra Montero, la depauperada situación económica de la provincia de Cádiz, donde se construirá el patrullero, como excusa para esta venta ilegal que obliga a trabajadores y trabajadoras a elegir entre la fabricación de armas o el pan de sus familias.

El buque se construirá en los astilleros de San Fernando (Cádiz) y, según anunció la ministra de Hacienda, supondrá un millón de horas de trabajo y cerca de 250 empleos durante los próximos tres años y medio. El coste estimado del buque es de unos 120 millones de euros. Navantia ya suministró patrulleros y una corbeta a la Marina Real de Marruecos en los años ochenta.

Fuente: Contramutis